En una seguidilla fulminante, Chávez se deshizo de sus dos principales opositores políticos.

La justicia militar detuvo al general Raúl Baduel, ex ministro de Defensa. Paralelamente, la Justicia penal ordenó la detención de Manuel Rosales, alcalde de Maracaibo y ex candidato a presidente por la oposición. Para evitar la detención, Rosales “pasó a la clandestinidad”. Alegando que Rosales se fugó del país, el gobierno pretende convocar a elecciones anticipadas o intervenir la alcaldía.

Baduel y Rosales están acusados de “enriquecimiento ilícito”, algo que no debe estar muy alejado de la realidad. En el caso de Baduel, su fortuna creció cuando era el principal ministro del Gabinete y Chávez lo calificaba como “mi hermano”.

Al mismo tiempo, Chávez creó la Superintendencia de Caracas, que depende directamente de la presidencia y a la cual quedan subordinadas las seis alcaldías de la capital. En las pasadas elecciones regionales, la oposición ganó en cinco de esas alcaldías.

Además, el parlamento transfirió al Estado nacional el control de las autopistas, los puertos y los aeropuertos, que hasta el momento estaban bajo la jurisdicción de los estados (provincias). El manejo de la infraestructura de transportes era “una importante fuente de ingresos para los Estados”, que decidían a qué empresas concedían su administración (El País, 15/3). Ahora, esos recursos pasarán al Estado nacional.

Por la vía de la acción administrativa o la judicial, el chavismo busca arrebatar las posiciones que perdió en las pasadas elecciones regionales y acorralar a la oposición derechista.

Los golpes de Chávez dejaron a la oposición sin política y en estado de shock. Al participar en las elecciones presidenciales (2006), buscó instalarse en el terreno institucional. Una parte del propio oficialismo, Lula y el propio Departamento de Estado pretendieron que Chávez aceptara el convite. Pero Chávez no lo aceptó y menos cuando perdió el referendo de finales de 2007. Ahora decidió también postergar las elecciones municipales por un año. O sea que Chávez pretende seguir en un régimen representativo formal, mientras le niega a la oposición cualquier lugar en ese régimen.

Crisis económica

De ninguna manera, las medidas de centralización política son un golpe a la dominación social de la oligarquía financiera. Se trata de medidas burocráticas, tomadas desde arriba. Chávez intenta fortalecer su poder personal cuando arrecia la crisis económica. Como consecuencia de la caída internacional de los precios del petróleo, Venezuela recibirá por sus exportaciones 18.000 millones de dólares menos que el año pasado; el déficit fiscal supera el 23% (Vheadline.com, 28/3). La fuga de divisas es imparable: 26.000 millones de dólares en 2008. Según una fuente opositora, PDVSA “para financiar sus déficits a través de ganancias cambiarias en el paralelo (…) el volumen de estas operaciones se calcula en unos 10.000 millones al año (que) se traduce en una utilidad cambiaria de más del 20%” (dolarparalelo.com, 27/3). Esta “devaluación parcial y oculta” saltó a la luz como consecuencia del congelamiento de las cuentas en Estados Unidos de la Rosemont Corporation (…) un operador cambiario venezolano que servía de ‘paraguas’ a diferentes operadores cambiarios y corredores de bolsa” (…) la mayoría clientes de PDVSA” (ídem).

Frente a la catástrofe en ciernes, algunos economistas promueven la devaluación del bolívar. Con una inflación del 30% y muchos artículos de primera necesidad importados (dos tercios de los alimentos, por ejemplo), una devaluación abriría el camino de la hiperinflación.

El fracaso de las nacionalizaciones

La crisis presupuestaria amenaza a PDVSA. “Los proveedores de servicios a la petrolera estatal han suspendido las operaciones de las plataformas de extracción por falta de pago” (El Cronista, 20/3). La deuda acumulada supera los 7.800 millones de dólares (El País, 22/3). Lo mismo amenazan hacer los propietarios de los buques que alquila PDVSA para exportar crudo. Para hacer frente a éstas y a otras exigencias, “el Banco Central de Venezuela se vio obligado a vender, en marzo, siete toneladas de oro monetario” (ídem).

Los atrasos se acumulan por todos lados. “La empresa brasileña Obredrecht dijo la semana pasada que está demorando los trabajos en el tren subterráneo de Caracas porque su gobierno se ha atrasado en el pago de las facturas” (El Cronista, 20/3).

El principal atraso es con los trabajadores. Los “pasivos laborales”, constituidos por salarios mal liquidados e incumplimiento de los convenios, alcanzan los 20.000 millones de dólares. Una parte sustancial de esa deuda es del propio Estado con sus trabajadores.

La crisis pone en cuestión el conjunto de las nacionalizaciones. A diferencia de las realizadas en el pasado, las últimas (como la de la planta arrocera de Cargill) no fueron pagadas en efectivo sino con bonos. La crisis presupuestaria paraliza las nacionalizaciones anunciadas: por “la falta de capacidad de pago (…) aún no se han concretado las nacionalizaciones de tres cementeras, de un banco y de una siderúrgica decretadas por Chávez el año pasado” (El País, 15/3). El gobierno venezolano anunció haber llegado a un acuerdo con Techint acerca del monto y las condiciones a pagar por Sidor; Techint lo desmintió.

Los trabajadores del aluminio denuncian que, si no hay inversiones, el deterioro será irreversible. Lo mismo sucede con Sidor y aún con la propia PDVSA.

El chavismo utilizó las nacionalizaciones para estatizar al movimiento sindical e impedir el surgimiento de un sindicalismo independiente.

Ataque a los trabajadores

Ante la crisis presupuestaria, Chávez anunció el aumento del IVA del 9 al 12%. Se anula así la rebaja (del 12 a 9%) aplicaba por el propio chavismo en 2007. El IVA es la confiscación de una parte del salario del trabajador. Lo pagan los trabajadores que están en negro y hasta los desocupados. Chávez anunció también un aumento del salario mínimo del 20% en dos cuotas (cuando la inflación oficial es del 30% y la de la canasta alimentaria es del 40%). Además, se han congelado decenas de convenciones colectivas, entre ellas las de la salud, la educación y los empleados públicos.

La paralización industrial y los crecientes ataques a los trabajadores señalan el fracaso del nacionalismo chavista, ahora dislocado por la crisis mundial. La crisis mundial dejó también en ruinas esta política frentepopulista ‘de izquierda’, cuyos principales exponentes son el MST venezolano (Marea Socialista) y los partidarios de Alan Woods.

Luis Oviedo