Hugo Chávez reaccionó con rudeza a la ola de protestas, huelgas y reclamos de trabajadores que se extiende por Venezuela. Luego del referéndum del 15 de febrero, que aprobó la reelección indefinida, salieron a la huelga o plantearon pliegos de reivindicaciones los petroleros, los trabajadores del aluminio y de las industrias básicas, los de la energía eléctrica y los del subte de Caracas.
“El que pare aquí una empresa del Estado se está metiendo conmigo. Eso es sabotaje y no lo voy a tolerar”, advirtió Chávez. El presidente ordenó a los servicios de inteligencia investigar a los dirigentes sindicales de las empresas estatales y amenazó con militarizar el subte de Caracas si los trabajadores van a la huelga.
En los primeros días de marzo, a los trabajadores de Aragua y Anzoátegui se les impidió manifestar por las calles de Caracas (debieron desplazarse por las veredas). En los últimos seis meses, cinco trabajadores fueron asesinados en conflictos sindicales: tres por un patota patronal en el Estado Aragua; dos por la policía del Estado Anzoátegui.
Dos millones de trabajadores, entre ellos los petroleros, deberán discutir en los próximos meses la renovación de sus convenios colectivos. Con una inflación (oficial) del 30% anual y un aumento de los alimentos del 40%, la presión por aumentos salariales es muy fuerte. Además, existen “pasivos laborales” masivos, como consecuencia del incumplimiento de convenios, de salarios y beneficios mal liquidados. Un dirigente de la CTV los estimó en 20.000 millones de dólares (Ambito Financiero, 12/3), tanto en empresas privadas como estatales.

Nacionalizaciones paradas
Además de los salarios y los ‘pasivos laborales’, los trabajadores de las industrias básicas reclaman inversiones en las empresas nacionalizadas. Sin inversiones inmediatas, denuncian, el atraso tecnológico y la falta de materias primas (por el atraso en el pago a los proveedores) amenazan su continuidad productiva.
Daniel Varela, secretario de prensa del sindicato del aluminio, reclamó una inversión inmediata de 311 millones de dólares “antes de que ocurran daños irreparables” (Vheadlines, 18/2). También el sindicato de los trabajadores del carbón exige las inversiones “necesarias para una recuperación adecuada” (ídem). Los ceramistas reclaman que se ejecute la prometida nacionalización de Cerámicas Carabobo.
Sidor enfrenta el vaciamiento. La anunciada nacionalización todavía no se concretó y no hay inversiones por parte del Estado. Para recuperar su nivel de producción, Sidor necesita fuertes inversiones porque, según el director laboral Jhony Luna, “fue dejada en ruinas por los argentinos” (ídem).
El proceso de las estatizaciones está paralizado; para completar el panorama, el gobierno desistió (al menos por este año) de nacionalizar el banco Santander.
La caída del precio del petóleo compromete la capacidad del gobierno de invertir en las empresas estatizadas e, incluso, lo está forzando a racionalizar la propia PDVSA, lo que implicará despidos y desvalorización de los salarios.
Con los precios actuales, dicen los especialistas, ninguna petrolera comprometerá su capital para desarrollar, en asociación con PDVSA, la cuenca del Orinoco. Pero PDVSA carece del capital para desarrollarla en forma independiente. La crisis mundial amenaza los ingresos petroleros y la propia capacidad de producción de Venezuela.
Pero la falta de inversiones, el atraso tecnológico y los pasivos salariales vienen de mucho antes de la caída del precio del petróleo. Sin control obrero, las nacionalizaciones no han logrado darle una salida al desarrollo industrial de Venezuela. Como hace dos décadas, Venezuela sigue dependiendo de la exportación de petróleo.
Para lo que sí sirvieron las nacionalizaciones fue para enriquecer a la “boliburguesía” y a la burocracia que maneja el aparato estatal y las empresas estatizadas. Recientemente, se dio a conocer una lista de los venezolanos que perdieron sus “ahorros” en el fondo del financista Madoff: con inversiones por 278 millones de dólares, la encabeza Diosdado Cabello, ministro del gabinete, varias veces señalado como “segundo” de Chávez; lo siguen decenas de funcionarios estatales.

Crisis alimentaria
Venezuela importa más del 66% de los alimentos que consume; es el segundo importador de alimentos norteamericanos del continente; el principal importador es el pulpo Cargill. El presidente del Banco Central ya anticipó que “Venezuela no podrá mantener el nivel de importaciones” (El Universal, 18/1). La alimentación popular se encuentra amenazada.
Después de diez años de gobierno, con ingresos petroleros excepcionales, el chavismo no logró desarrollar una industria alimentaria que garantice las necesidades de la población. Para comer, los venezolanos dependen (como siempre) de las importaciones, que se pagan (como siempre) con las exportaciones petroleras. La crisis mundial ha puesto al descubierto las limitaciones del nacionalismo chavista.
Como la oferta interna de alimentos es insuficiente, el anuncio de una reducción de las importaciones llevó los precios de los alimentos a las nubes. Pese a que desde 2003 la canasta básica tiene precios controlados, los faltantes de productos son sistemáticos.
Ante la crisis, Chávez nacionalizó una planta arrocera de Cargill y desplazó al ejército a las plantas arroceras y de otros artículos de primera necesidad. Son medidas dictadas por la amenaza del desabastecimiento, que incentiva la movilización de los trabajadores, que el gobierno intenta frenar. Pero la industria básica nacionalizada está paralizada por la falta de inversiones estatales y con los ingresos petroleros en caída.
Para movilizar sus recursos internos y desarrollar su base industrial, Venezuela necesita centralizar sus recursos mediante una banca estatal única que ejecute un plan económico nacional dirigido por los trabajadores.
La crisis mundial pone de manifiesto la necesidad de alterar la estructura social capitalista de Venezuela, y los límites históricos del chavismo.

Luis Oviedo