Se ha conocido una declaración firmada por algunas decenas de figuras ligadas al espectro político de izquierda en apoyo al proceso de intervención de Vicentin. A la cabeza figura Claudio Lozano, actual directivo del Banco Nación y funcionario del gobierno; Cristina Camaño, interventora en la AFI (la agencia federal de inteligencia), y luego siguen firmas como las de María del Carmen Verdú, Claudio Katz, Eduardo Lucita, Alejandro Bercovich, Atilio Borón, Gustavo Teres (Amsafe), entre otros.

La declaración, que llama con urgencia a “poner en movimiento una gran campaña popular de esclarecimiento contra los engaños que se intentan instalar en la opinión pública”, señala que la intervención es la gran herramienta para “evitar el vaciamiento de la empresa y habilita un proceso de amplia discusión con trabajadoras y trabajadores directos e indirectos, los productores proveedores de la empresa y las organizaciones sociales vinculados a la actividad de la empresa”. Y alerta que la oposición a la intervención es “para seguir manejando el concurso de acreedores y de esa forma abrir el camino al desguace o extranjerización, incluso la ‘argentinización’ a favor de grupos concentrados”.

Los firmantes se valen de la propuesta de Lozano de Empresa Pública no estatal para acompañar el viraje del gobierno de pasar de la expropiación a la intervención que, como sabemos, fue motorizada por el gobierno de Santa Fe, el cual mantiene vínculos muy fuertes con los directivos de la empresa en concurso de acreedores. Los tres principales ministros de Perotti se reunieron este miércoles con uno de los principales miembros del directorio.

La expropiación de Fernández se limitaba solo a la empresa y no a todo el grupo y estaba planteada para rescatarla junto a sus acreedores, lo que implicaba que el Estado debía hacerse cargo de los pasivos y pagar una indemnización por los activos. A esto se suma que la empresa estaría  asociada a YPF que, como sabemos, cotiza en la Bolsa de Nueva York y su 49% privado de acciones está en manos de tipos como Jaime Soros -o sea, que está más que sujeta a la “extranjerización”. La expropiación anunciada abría un negocio que dividía a la clase capitalista. Mientras muchos acreedores “de afuera” plantearon su disposición a trabajar con los interventores del gobierno para cobrar su deuda, puertas adentro fue cuestionada sobre todo por la mayoría del capital agrario, por temor a que pueda ser afectada la apropiación de la renta agraria. La Sociedad Rural fue más allá y rechazó la entrega de un bono atado a las exportaciones agrarias que el gobierno está negociando con los BlackRock y compañía. Un ejemplo de lucha intercapitalista, que se mezcla con el pago de la deuda pública.

El operativo intervención, que capitanea Perotti con el acompañamiento de un sector importante de la coalición gobernante, está colocado en lo que los capitalistas, la Mesa de Enlace e incluso la oposición nucleada en Cambiemos reclaman como mínimo. Es la Justicia de Santa Fe la que determinará el proceso de Vicentin. A eso se ha allanado el gobierno, que mandó la expropiación al cajón (junto al impuesto a las grandes fortunas y la participación accionaria del Estado en las empresas asistidas), según reconoció Santiago Cafiero.

Es decir, los firmantes se han allanado a la maniobra que desde el ala derecha del gobierno armaron para intentar un rescate de Vicentin (y sus acreedores) a costa de los fondos puestos por el Estado.

La campaña de “debate y movilización” que se plantea como necesaria para impedir la “extranjerización”, el “monopolio de los grupos concentrados” y el “desguace” está destinada a presionar para que sí o sí la Justicia decrete la intervención en los términos que la ha presentado el gobierno a través de Perotti, que incluso aspira a integrar al grupo Padoán-Vicentin a la misma.

Teniendo entre los firmantes a un director del Banco Nación, uno de los principales acreedores de Vicentin, podrían haber propuesto una campaña por la apertura de las cuentas de la empresa y las del propio banco que le facilitó (a Vicentin y a ¿cuántos más?) multimillonarios créditos sin respaldo, sacando a luz “el accionar delictivo de la empresa” y de las autoridades del Banco y del gobierno de Macri. Si se quiere impedir que se consume la “extranjerización” o la “argentinización a favor de los grupos concentrados” hay que ir por la expropiación sin pago, por el monopolio del comercio exterior y de los puertos. Pero nada de eso es invocado ni siquiera como variante para el debate. El objetivo es que se efectúe la intervención.

Una cuestión no menor: en las casi 500 palabras de este lanzamiento de campaña, no existe el reclamo de la defensa de los puestos de trabajo, y mucho menos el apoyo a los trabajadores de la Algodonera Avellaneda que son superexplotados por los mismos que han llevado a la quiebra a Vicentin.

La campaña no abre un camino de independencia de los vaciadores de Vicentin, de los gobiernos que permitieron el vaciamiento y el robo, sino que se suma a la preservación del negocio de la agroexportación en sus actuales términos, colocando las maniobras dolosas de Vicentin como un caso policial y no como un sistema que es. Exactamente el camino contrario que plantea el Frente de Izquierda y que se ha plasmado en el proyecto de ley de expropiación presentado por nuestros diputados.

El “saber” popular dice que a veces hay que dar un paso atrás para poder arrancar con más fuerza, pero no es el caso de esta “izquierda” porque el objetivo final, para ellos, “lo que necesita el país”, es “Vicentin pública, no estatal con control social”, al mejor estilo YPF dominada por Wall Street y sometida a Techint y las petroleras extranjeras, sobre todo.