El caso Vicentin ha puesto al descubierto una trama de sobreendeudamientos, maniobras espurias y dolosas, evasión impositiva y desfalcos. La tendencia en los medios periodísticos ha sido caracterizar el affaire como una desacertada gestión empresarial y poner la lupa en los vínculos con el gobierno macrista y en el desempeño del Banco Nación, quien habría otorgado y renovado créditos a una empresa en crisis, pasando por encima de las normas de concentración de riesgo que maneja la institución.

Lo que se ha pasado por alto o relegado a un segundo plano es que esta práctica no es una excepción sino moneda corriente en la operatoria del comercio de granos. Un reciente artículo titulado “Desregulación y financiarización del agro” (publicado en El Cohete a la Luna, 21/6) cuya autora es Julia Strada – periodista que hoy ha devenido en alta funcionaria del gobierno de la provincia de Buenos Aires- hace un retrato muy pormenorizado de esta realidad, aunque omite que esta estructura de negocios no nace con el macrismo sino que se fue abriendo paso en las últimas décadas y se consolidó en los doce años de gestión kirchnerista.

La comercialización de granos, como es conocido, es un mercado altamente concentrado. Si bien la oferta está atomizada en cientos de miles de productores, la demanda se encuentra concentrada en menos de 10 compradores, con oligopolización y extranjerización creciente en las últimas décadas. Los datos a 2018 del ranking exportador del complejo cerealero-oleaginoso muestran que Vicentin está en el sexto lugar, con el 9% de las ventas al exterior. En el primer puesto está Cargill (13%), seguido por Cofco (ex Nidera) con 13%, Dreyfus (10%), Bunge (10%) y AGD (9%). Si se observa sólo el subsegmento de aceites y subproductos, al año 2019, en el procesamiento de soja y girasol Vicentin fue el primero con 7.425.533 toneladas exportadas, superando a AGD, Bunge, Cargill, Dreyfus y Cofco, y concentrando el 20,3% de este mercado de exportación de aceite, en el cual el 98% se circunscribe a las primeras 10.

La integración vertical de los exportadores, desde la década de los ’90 hasta acá, como lo destaca el texto de marras, fue generando una creciente pérdida relativa del poder de negociación de los productores en todas las etapas de la comercialización, quedando sólo al amparo –aunque parcial— del aglutinamiento que ofrecen las cooperativas, frecuentemente desplazadas, de la mano de una gran desaparición de acopiadores pequeños y medianos. Particularmente el diferencial de poder de mercado en el agro se manifiesta en el acaparamiento de las cosechas que hacen grandes exportadores de manera directa, salteando la fase del acopio. Cargill es exponente de este modelo: penetra con acopios propios en los pueblos. En muchos casos, los fabricantes y distribuidores de los insumos son las mismas empresas exportadoras, que le facilitan al productor el “paquete tecnológico” de semillas y de agroquímicos, lo que deja al productor comprometido a vender la cosecha a estas empresas. Esta es una manera de captación de renta central, donde las grandes empresas exportadoras aparecen en el circuito comercial mediante la provisión de insumos y esto les permite tener asegurado su mercado.

Especulación financiera

Pero, además, la liquidación de la cosecha, advierte la autora, se caracteriza por otra variable muy poco mencionada: la creciente dependencia de los productores de la administración financiera que se realiza sobre el retorno de la(s) cosecha(s) mientras “esperan” la liquidación”. Se ha expandido cada vez más el hecho de que el productor pacte un precio con el corredor de granos de manera anticipada a la exportación, con precio a fijar hasta un cierto lapso, porque es la forma de ahorrar en acopios o silobolsas, que cuestan más caros para la espera. Una vez que se fija precio al productor, ya hay una liquidación emitida que la empresa exportadora se compromete a pagar al corredor –que se queda con una comisión— y al productor, a cambio del activo (la soja). Naturalmente este anticipo implica un pingüe negocio para las cerealeras que disponen del grano sin desembolsar un peso en el momento y por lo tanto la posibilidad de hacerse de recursos e invertirlos en el mercado financiero y, al mismo tiempo, una seria amenaza para los productores que están expuestos a los avatares de un pago diferido.

La nota pone de relieve, además, que en los últimos años se puso de moda particularmente en la zona de Rosario, aunque con expansión en la zona núcleo, lo que llaman el “correacopio”. Es una modalidad que prendió en muchos productores porque combina la fijación del precio de la soja con instrumentos financieros que en tiempos macristas ofrecían tasas jugosas. La diferencia con el corredor normal es que el correacopio toma posiciones en el mercado, compra y vende mercadería, y el corredor tradicional sólo acerca a las partes (al productor con la exportación). Ambos conviven y los segundos se despegan de los primeros.

Es común que los productores pongan 2 ó 3 cosechas adentro de este sistema de administración de precio vía corredores, lo que compromete –en muchos casos—, la totalidad de su capital de trabajo. “Un productor puede vender 100 toneladas de soja al correacopio con un contrato forward (es decir a fijar precio a futuro). Esta empresa se la vende al exportador a U$S 250 la tonelada y cobra por eso. Pero al no tener la urgencia de pagarle al chacarero, invierte ese monto en el mercado financiero, en varios instrumentos”, resume el diario rosarino La Capital. El problema surge- agreguemos- cuando ocurre un giro en el mercado financiero, como por ejemplo un derrumbe bursátil o una brusca devaluación.

Esta práctica es típica en la operatoria de Vicentin ofreciendo un plus a la tonelada de soja para atraer productores, basado en el negocio financiero de la administración de la plata de los productores. Precisamente, en el caso de Vicentin, el 90% de la captación de cosecha es a través de corredores (a la inversa que Cargill), que terminaron quedando doblemente colgados: con la deuda de sus comisiones y con la plata de los activos de sus productores. El productor que opera con Vicentin vía corredores había elegido la entrega de la cosecha anticipada para “despejar” su campo para otra siembra y para ahorrarse los costos de silobolsa.

Otra maniobra para obtener más rendimientos con la plata de los productores es la postergación de la carga en los puertos, sobrecargando los cupos, lo que permite a las grandes exportadoras quedarse por más tiempo con el dinero de los productores en un contexto de altas tasas. En 2018 hubo quejas de estas maniobras denunciadas por el Centro de Corredores de Cereales de Rosario, la Sociedad Gremial de Acopiadores y la mismísima Sociedad Rural de Rosario.

Modelo sojero

Las cerealeras que operan en Argentina son grandes conglomerados que tienen subsidiarias distribuidas en los países latinomericanos. Estas circunstancias son utilizadas para todo tipo de maniobras. El comercio entre las filiales del mismo grupo es utilizado para la sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones, que permite a las cerealeras hacerse de divisas que luego pueden vender en el mercado paralelo o liberarse de las retenciones o impuestos que gravan las operaciones de comercio exterior. Ni que hablar de la triangulación, aprovechando la salida del producto donde la carga impositiva sea menor. O de abultar los precios de transferencia de la mercadería, lo que reduce el impacto de los impuestos. En el caso especifico, salió a luz el intercambio hacia y desde el Paraguay, que se convirtió en una de las bases de esta operatoria fraudulenta.

La articulista enumera una serie de medidas tomadas bajo el macrismo que avanzaron en esa dirección. El macrismo eliminó las trabas para la importación temporaria de soja. Una de las investigaciones en marcha reside en indagar qué ocurre con los precios de transferencia de la soja que proviene de Paraguay, vía importación temporal. La hipótesis es que la soja proveniente de Vicentin Paraguay está documentada a valores más altos de manera intencionada, porque su valor se descuenta en la reexportación del subproducto. Es que al ser importada temporalmente para su reexportación, no está gravada con derechos de exportación (que solamente se aplican en la destinación definitiva para consumo). También permite reducir la base imposible sobre la que se aplica el Impuesto a las Ganancias por el descuento de los insumos de aceites y harinas. A través de la triangulación, Vicentin neutralizaría la base imponible.

Se canceló el uso de los ROE (Registro de Operaciones de Exportación) de modo de desregular las exportaciones de productos agrícolas. Y dio la posibilidad a muchos exportadores, de prorrogar la tributación por 45 días. Se procedió a la reducción progresiva de las retenciones y a la eliminación de la obligación de liquidar en el mercado de cambios las divisas provenientes de exportaciones de bienes, servicios y materias primas. Y se flexibilizó la venta de tierras rurales con el objetivo de “favorecer la inversión extranjera”. Cambió la legislación al considerar como titular extranjero a quien posea más del 51% del capital social de una persona jurídica (antes era a partir del 25%).

Están claros los avances del macrismo en la materia pero eso no nos puede hacer perder de vista que el gobierno de Cambiemos operó sobre una matriz productiva precedente. El “modelo sojero” arrancó en los 80 y bajo la década kirchnerista se consolidó. Recordemos que Grobocopatel, exponente más encumbrado de los pools de siembra, fue exhibido por Néstor Kirchner como el ejemplo a imitar. Y bajo su mandato se profundizó el copamiento del capital financiero de la cadena de valor agropecuaria, desde los proveedores de semillas, agroquímicos y otros insumos hasta la comercialización. No olvidemos que Cristina en 2014 bendijo la inauguración de la planta de biodiesel de Vicentin en Timbúes en asociación con la multinacional Glencore, que afianzó su presencia en Argentina del mismo modo que las grandes cerealeras que fueron afirmando su posición oligopólica, concentrando en sus manos la comercialización de los granos. El nacionalismo burgués terminó acomodándose y convirtiéndose en vehículo de las tendencias dominantes del gran capital, tanto nacional como internacional. Una transformación integral del pais sobre nuevas bases sociales -lo que incluye una auténtica revolución agraria– es una tarea reservada para las trabajadores.