El día en que en la Legislatura bonaerense se sancionaba una nueva ley de Ministerios, el gobierno de María Eugenia Vidal “hacía punta” (El Cronista, 1°/12) en un ofrecimiento salarial para todo 2017 con un techo de 18% en cuotas.

 

La conexión entre ambos hechos radica en que para imponer esta política de ajuste el gobierno provincial busca apoyarse en la Iglesia y la cooptación al PJ. Así, el ex duhaldista Joaquín De la Torre fue promovido al Ministerio de Gobierno, para intentar seducir a los intendentes pejotistas que negocian por estas horas el apoyo a un Presupuesto que llevará al defol, a cambio de fondos y sillones en distintas dependencias. 

 

El diputado del Frente de Izquierda, Guillermo Kane, denunció que “se trata de una promoción política al sector clerical más retrógrado porque, además de este nuevo nombramiento a De la Torre, el cuadro se completa con la intención de Vidal de ascender a Conte Grand a procurador general de la Suprema Corte, quien como secretario Legal y Técnico de la Gobernación retrasó la publicación oficial de la resolución del Ministerio de Salud que reglamentaba la adhesión al protocolo para la implementación de los casos de abortos no punibles hasta que no estuvo listo el veto de la gobernadora. Después de tanto hacer demagogia sobre la paridad de géneros y los derechos de las mujeres, Vidal refuerza el ala del gabinete que más se opone a esos derechos”.

 

La Ley de Ministerios votada incluye superpoderes para el Ejecutivo, que podrá reasignar partidas, reubicar al personal y proceder a la fusión de secretarías y direcciones. Además, disuelve Geodesia (encargada de realizar la cartografía de la provincia) del Ministerio de Infraestructura y traslada sus funciones a la Agencia de Recaudación (Arba), medida resistida por sus trabajadores porque, según denuncian, por esa vía se avanza en la privatización de la obra pública, ya que redundará en contrataciones para llevar adelante la planificación y la fiscalización de las obras. “Es un proceso de vaciamiento y tercerizaciones con altos sobreprecios, de tareas que pueden llevarse a cabo con las herramientas que hoy tiene el Estado”, señaló Kane en su intervención. Ante tamaña denuncia, los bloques del Frente Renovador, el FpV, el PJ y el GEN -todos los cuales votaron a favor del proyecto oficial- se limitaron a “mandatar” a los diputados de Cambiemos a aconsejar al Ejecutivo que “revise” el artículo en cuestión. Una demagogia hiperdevaluada.

 

En la misma sesión fue sancionada una prórroga por otro año a la Emergencia en Seguridad, que permite evadir controles en contrataciones y licitaciones. Esto, justamente cuando sale a la luz todo un entramado de corruptelas con el manejo de fondos y horas extras de las comisarías, que sirven para aceitar los lazos que vinculan con la Bonaerense con el delito organizado. Durante el año en curso en lugar de purgas lo que hubo fue un pacto de Vidal con la estructura podrida de la “maldita policía”, promoviendo como jefe de la fuerza a Pablo Bressi, hombre del ex ministro Alejandro Granados y del ex jefe Hugo Matzkin. La emergencia tiene el objetivo de dar facultades al ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, para que pilotee este pacto. El delito no disminuyó, aunque aumentaron las detenciones arbitrarias y la represión. 

 

La reforma de la estructura ministerial (la tercera del año) es parte de una política que ya ensaya lo que reclama el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó: pilotear la crisis política con una armado de “unidad nacional”.

 

Sólo el Frente de Izquierda votó contra este paquete de leyes, denunciando el contenido ajustador del empoderamiento del ala pejotista y clerical del gobierno de Vidal. Se plantea con fuerza la necesidad de una furiosa campaña política del FIT en toda la provincia que contraponga las reivindicaciones populares a la colaboración de todos los bloques políticos de la “oposición” con el ajuste del gobierno.