Durante la última semana, la gobernadora María Eugenia Vidal y el ganador de las Paso, Axel Kicillof, protagonizaron una serie de cruces que echan luz sobre los intereses sociales que ambos defienden. Es que mientras la mandataria se jactó de haber garantizado al gran capital agrario ganancias siderales, el candidato a gobernador del Frente de Todos volvió a insistir con que van a “gobernar la provincia con austeridad” (Infobae, 8/10).

El asunto es que los beneficiarios de la austeridad que pregona Kicillof son los mismos que gozaron de los favores de Vidal.

Más beneficios a los más beneficiados

En sus recorridas por la provincia, el ex ministro de Economía se pasea por los parques industriales y entidades rurales para prometer beneficios impositivos y créditos subsidiados mediante el Banco Provincia. Es decir que la austeridad no pareciera venir de la mano de menores concesiones al gran capital.

Por caso, ante la poderosa Carbap, propuso a las patronales del campo la creación de una “mesa tributaria” para revisar los impuestos, empezando por reducir el ya mínimo inmobiliario rural. Esto cuando los terratenientes quedaron exentos del revalúo fiscal inmobiliario de Vidal, por lo que sus propiedades tienen sus tasaciones congeladas desde hace 14 años, gracias a lo cual solo tributan el 2,7% de la recaudación provincial por las tierras más fértiles del país. Por lo demás, tras el Pacto Fiscal de la gobernadora y los intendentes, la actividad agropecuaria deja paulatinamente de pagar Ingresos Brutos y fue eliminado el impuesto de alquiler que tributaban los pooles de siembra. Es decir que Kicillof promete más pasto para un sector empresario que el año pasado incrementó sus ganancias un 125%, cuando la devaluación de este año le significará nuevos saldos extraordinarios.

Por el lado de la industria, los beneficios sin condicionamientos que Kicillof promete a las patronales no auguran un freno a la ofensiva en curso contra los trabajadores. Sucede que las exenciones impositivas han crecido cuantiosamente en los últimos años, sin detener los despidos masivos, los cierres de fábricas e incluso las reestructuraciones empresariales fraudulentas. La crisis capitalista es el terreno de incesante maniobras patronales para reducir costos y flexibilizar la fuerza de trabajo.

Rescatando a los acreedores

La austeridad que pregona el candidato del Frente de Todos tampoco pareciera ir en detrimento del capital financiero. Por lo pronto, hizo propio el eufemismo macrista del “reperfilamiento” para resaltar que buscará evitar quitas sobre la deuda, cuando el peso de la misma lleva directo al default. La hipoteca, de u$s12.000 millones, ya equivale a la totalidad de los recursos anuales del estado provincial, vence en un 75% en el próximo período y está mayormente nominada en moneda extranjera –por lo que el dólar “razonablemente” devaluado que promueve Alberto Fernández agravará esta carga.

Cuando Kicillof cuestionó al gobierno de Vidal por dejar esta deuda impagable, la respuesta que obtuvo del otro lado estaba cantada: por un lado, le objetaron que quien empezó el rumbo del endeudamiento en dólares o indexado por inflación fue el gobierno de Daniel Scioli, que dejó más de u$s9.000 millones (u$s11.000 según otros cálculos), el 66% en manos de acreedores internacionales; por el otro, que toda la deuda que se tomó estos cuatro años contó con el consenso de los bloques parlamentarios de los partidos que hoy componen el Frente de Todos”.

En efecto, durante el primer año de gobierno de Vidal el presidente de la Cámara de Diputados que garantizó el endeudamiento y las leyes de emergencia del ajuste fue un delfín de Sergio Massa, a quien hoy Fernández posiciona para encabezar la cámara baja del Congreso Nacional. Al día de hoy, los bloques del Frente de Todos tienen quórum propio en Diputados bonaerenses, pero casi desde el inicio del año legislativo pactaron con Vidal el cierre definitivo de la Legislatura hasta después de las elecciones.

El “modelo” de la maldita Policía

Hubo otro cruce en estos días, a partir de la afirmación del candidato kirchnerista de que en las villas hay mucha gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin trabajo. El comentario  encubre que el garante del narcotráfico es el propio Estado, y lo hace con los métodos que salieron a la luz con la Masacre de Monte perpetrada por la Policía Bonaerense. Es decir, los efectivos policiales envueltos en la trama de negocios, los gobiernos municipal (en este caso la massista Mayol) y provincial encubriendo, y la Justicia garantizando la impunidad. Los jóvenes de las barriadas sufren esta realidad, encarnada en el gatillo fácil y la criminalización de la pobreza.

Ahora que Kicillof se prueba el traje de gobernador, hay varios que especulan con el control de esta fuerza y de sus cajas negras. En este rubro, Massa propone repetir el “modelo Granados”, en alusión al “pistolero” que comandó a la maldita policía durante el gobierno de Scioli. Pero ese es justamente el “modelo” que adoptó Cristian Ritondo, poniendo al frente de la Bonaerense a un alfil de Alejandro Granados, Pablo Bressi, que debió renunciar luego de que salieran a la luz sus vínculos con el narcotráfico y el delito organizado.

Elenco de ajustadores

El “modelo Granados” no es otra cosa que la preservación de la podrida Bonaerense. La intención es alinear a las fuerzas represivas, baluarte del Estado, para hacer pasar el ajuste. Es que es justamente eso a lo que apunta la insistencia de Kicillof en aseverar que vuelven “más austeros”. Quien aparece perfilado para ocupar el Ministerio de Economía es Augusto Costa, al que Cristina Kirchner designó al comenzar su segundo mandato en la Subsecretaría de Competitividad, para diseñar la llamada ‘sintonía fina’ que inició el rumbo de tarifazos que llega hasta hoy. Desde aquella “sintonía fina” a la actual “austeridad”, pasando por el “gradualismo” macrista, tenemos la colección de eufemismos que se utilizan para lubricar el ajuste contra las masas.

El sostenimiento de los beneficios al gran capital agrario, industrial y financiero implica que el peso de la crisis va a ser descargada sobre los trabajadores. Contra la ajustadora Vidal y los “austeros” que cogobernaron con ella, el Frente de Izquierda – Unidad plantea el repudio a la deuda usuraria, impuestos progresivos al gran capital y la apertura de los libros, como forma de poner por delante los intereses de la clase obrera, es decir un salario mínimo igual a la canasta familiar y reapertura de paritarias, prohibición de despidos y reparto de las horas de trabajo, en el marco de una reorganización social para que la crisis la paguen los capitalistas.