Políticas

15/9/2016|1428

Vidal y la Bonaerense: una asociación en crisis


Las amenazas reiteradas a la gobernadora bonaerense empujan a la respuesta más fácil, estimulada por ella misma, por el gobierno nacional y por los medios de comunicación a su servicio: María Eugenia Vidal se habría enfrentado a las mafias policiales y éstas le responden de esa manera. No es cierto. Desde que puso al frente de la Bonaerense a Pablo Bressi, hombre de confianza de su antecesor Hugo Matzkin -el que le aseguraba a Scioli el control del territorio y la organización del delito-, Vidal manifestó su decisión de continuar en ese punto la política del Frente para la Victoria: un acuerdo a fondo con la “maldita policía”.


 


La designación de un comisario de confianza de Matzkin y Alejandro Granados (ex titular de Seguridad de Scioli) señala los intentos de la gobernadora por llegar a un acuerdo con el Partido Justicialista bonaerense y con el Frente Renovador de Sergio Massa. Por eso Elisa Carrió, opositora a ese acuerdo (al igual que el radicalismo), bombardea con denuncias al comisario Bressi. A partir de esos acuerdos, Vidal debe lidiar con la descomposición de la policía provincial, más acelerada cada vez, y todo el esquema entra en crisis.


 


Bressi tiene el respaldo explícito de Matzkin y de Granados. Pero, ya en tiempos del trío Scioli-Granados-Matzkin el control territorial era motivo de una pelea de perros entre comisarios, intendentes y punteros; sobre todo desde el crimen, en 2011, de Candela Sol Rodríguez, que dejó a la vista de todo el mundo el entramado mafioso de la policía con los narcotraficantes y de éstos con el poder político en la provincia. Ese control territorial está referido a los negocios ilícitos más rentables: narcotráfico, juego clandestino, prostitución, redes de trata, zonas liberadas y desarmaderos de autos robados, además de las coimas varias que recaudan las patotas de calle. Ahora, algunos desplazados amenazan a la gobernadora y a sus funcionarios, aunque en parte bien puede tratarse de una puesta en escena del propio gobierno.


 


La “reforma” policial de Vidal ni siquiera fue tal: se trató apenas de un reacomodamiento de crisis ante una situación que, desde hace años, amenaza desbordarse a cada paso. Incluso uno de los sindicatos provinciales, la Asociación Profesional de Policías (Apropol), ha denunciado que en los últimos ascensos se incluyó a personal procesado e incluso condenado por delitos (Página/12, 29/8). De “limpieza de mafias”, como se ve, no hay nada de nada.


La Bonaerense tiende a fracturarse, hundida en una corrupción descontrolada. De ahí el reforzamiento de las policías locales, sobre las que ya pesan denuncias abundantes por casos de gatillo fácil y abusos varios, sobre todo contra los jóvenes de los barrios pobres. Dejar el territorio en manos de esas policías implica poner el control del delito, más aún, en manos de intendentes y punteros. He ahí una de las bases del conflicto policial.


 


Para la población trabajadora no es un problema menor. La movilización popular debe darle una salida propia al problema de la inseguridad, del cual la policía es la principal de las razones.