La Legislatura de Córdoba aprobó con el voto del oficialismo (PJ) dos leyes para cambiar aspectos clave del convenio colectivo de los trabajadores de Luz y Fuerza. Por una de ellas, se les comenzará a cobrar el consumo eléctrico, lo que constituye una rebaja salarial, ya que forma parte del salario conformado, mientras que la otra elimina el aporte de la empresa (Epec) al fondo compensador para garantizar el 82% a los jubilados.

Las dos leyes votadas son ilegales, ya que una ley provincial no puede modificar una ley nacional, que es el status del convenio colectivo. Una parte de Cambiemos (mayoritaria) se abstuvo y otra votó en contra, en base a este argumento.

El gobierno de Schiaretti tiene conciencia del problema jurídico implicado en la votación, pero como destacó Eduardo Salas en su intervención, su propósito es colocar a los trabajadores y su convenio como los responsables del costo elevado de las tarifas para dar paso a una reestructuración del sistema energético y un nuevo marco regulatorio en beneficio de los grupos capitalistas.

La bancada del Frente de Izquierda denunció que atrás de este ataque está la intención de ocultar que hay un vaciamiento en curso de la empresa para proceder a su desguace (separando la generación, distribución y transporte) y posterior privatización directa o indirecta (vía tercerizaciones). De la Sota, en el 2001, –cuando Schiaretti era su ministro de Producción– intentó llevar adelante este objetivo, pero la gran lucha de los trabajadores de Luz y Fuerza, con un gran acompañamiento popular, lo impidieron. Ahora retoman la ofensiva sobre los lucifuercistas.

Solo nuestro partido ha desnudado esta intención. Así quedó reflejado en el debate parlamentario de la sesión del miércoles 23. Adjuntamos la intervención de nuestro legislador, Eduardo Salas, denunciando al gobierno y a Cambiemos por esta política de liquidación de la Epec.