El jueves 8 se votará en la Legislatura porteña el proyecto de urbanización de Villa 20. Antecediendo a esto, el macrismo llevó al recinto el proyecto de la enajenación de tierras ligadas a la construcción de la Villa Olímpica, aprobado con los votos de algunos legisladores del FpV, la Coalición Cívica, el Partido Socialista y Graciela Ocaña.

 

Privatización y “asistencialismo inmobiliario”

 

La justificación para la venta masiva de tierras públicas es que parte del dinero que se recaude “se utilizará para la urbanización de la Villa 20”. Es decir, se venden tierras públicas con el disfraz de un fin “social”. Este ‘asistencialismo inmobiliario’ oculta la política que hay detrás: encarecer el valor del suelo, acentuando un proceso de expulsión y de diferenciación social en la propia comuna. Por lo tanto, lejos de plantear el arraigo de los habitantes, habilita su expulsión mediante la incorporación de la zona sur al proceso de especulación inmobiliaria en la Ciudad.

 

En nuestra intervenciones, desde la bancada del Partido Obrero-Frente de Izquierda reivindicamos las grandes luchas por la urbanización de la villa, empezando por la ley 1.770 -que aprobó las obras, hace más de diez años- y la batalla para que se cumpla; la ocupación del Indoamericano y posteriormente del barrio Papa Francisco, que pusieron ante los ojos de toda la sociedad la realidad de la Villa 20. Sin esas peleas, no se estaría discutiendo ahora el proyecto de ley. Ahora, los que pasaron con las topadoras en el barrio Papa Francisco y el Indoamericano, presentan este proyecto como propio.

 

En los debates, Ramal denunció como una extorsión el “consenso” del gobierno, que llevó a que varios vecinos y luchadores pidieran que el proyecto de urbanización se votara a libro cerrado. “Las partes de ese consenso no tienen el mismo peso: de un lado, está un gobierno que defiende una orientación privatista de la ciudad; del otro, los vecinos que pelean por su derecho a la vivienda. Por eso el gobierno colocó de manera ambigua puntos clave que hacen al proceso de urbanización”, apuntó.

 

Sobre esta base, nuestra banca planteó puntos que consideramos que deben ser incorporados de manera explícita en el proyecto de ley de urbanización de la Villa 20: la simultaneidad de las obras, para garantizar la realización de las obras de infraestructura de obra pública y al interior de las viviendas, mientras se construyen las viviendas nuevas; que el proyecto sea integral y no se construyan solamente viviendas nuevas como escenografía para los turistas; reclamamos que se contemple la situación de las familias que se encuentran hacinadas, y que se coloque de manera explícita el derecho a la vivienda propia mediante las soluciones habitacionales definitivas para todas las familias censadas, contemplando a los  inquilinos.

 

En el debate, nuestro diputado puso particular énfasis en que se reconozca el derecho de los inquilinos a ser beneficiarios del proceso, ya que ninguna ley debe legalizar una desigualdad social al interior de la villa. Menos aún, los negocios inmobiliarios encabezados por las mafias que existen al interior del barrio.

 

Si bien votaremos favorablemente el proyecto de urbanización, presentaremos en el recinto estas modificaciones.

 

A no bajar la guardia

 

Ahora, la tarea es pelear por incorporar estas cuestiones y alertar al barrio sobre lo que está en juego. Sólo la organización de los vecinos y su lucha independiente logrará torcerle el brazo al gobierno y garantizar una urbanización real.