El gobierno porteño ha anunciado con gran estruendo la supuesta “urbanización” de la Villa 31. Más allá de las maquetas y planos difundidos en estas horas, un dato contundente retrata los límites del proyecto oficial: para las 10.000 familias existentes hoy en la villa, está prevista la construcción de unas 1.200 viviendas nuevas -o sea, poco más del 10% del total. El resto permanecerá en las precarias viviendas actuales. Para éstas, las maquetas presentadas sólo muestran un cambio de fachada, y -según se prometió- peritajes para verificar su solidez constructiva. En una reunión de la comisión de vivienda donde se presentó el proyecto, los diputados fuimos informados de que esas viviendas nuevas serán asignadas a quienes habitan hoy en el “bajo autopista”. O sea que ni siquiera hay previstos traslados de familias por aperturas de calles.

 

La razón es sencilla: esas aperturas no se producirán. Por lo tanto, el barrio mantendrá su configuración de pasillos estrechos. Los funcionarios aludieron a la “preservación de la identidad del barrio”, un argumento que parece sacado del relato kirchnerista. El hacinamiento y la falta de calles no son una elección o un patrimonio de la supuesta “cultura villera”, sino una imposición de la miseria social. El número de viviendas nuevas del proyecto viene impuesto, y no surge -como debería ser- de un relevamiento integral que dé cuenta de las condiciones edilicias y sociales del barrio precario.

 

La ausencia de un trazado de calles y de una verdadera urbanización condiciona la otra promesa del gobierno, a saber, la provisión de servicios públicos. Si se mantiene la actual precariedad habitacional y urbanística, es difícil concebir el tendido de redes cloacales, de agua potable y de electricidad. En cambio, los funcionarios y el propio Larreta fueron más precisos para definir la escenografía del barrio: un corredor arbolado que serviría también para limitar los contornos de la villa.

 

Los funcionarios fueron claros cuando, en la presentación del proyecto, omitieron referirse a “urbanización” y usaron, en cambio, el concepto de “intervención urbana”. El proyecto oficial, en verdad, consolida la precarización y el hacinamiento habitacional. La “intervención” se concentra en facilitar la circulación peatonal y comercial entre la villa y su entorno, pero no transforma las condiciones de vida y de vivienda de sus pobladores. La iniciativa estaría inspirada en la “pacificación” e “integración” de las favelas de Río de Janeiro. Justamente, las ‘nuevas’ favelas cariocas son una extensión degradada del ejido urbano, que hoy provee de vivienda barata incluso a una parte de la clase media baja que no puede pagar los alquileres en los otros barrios de Río. Aportando pocos recursos, y “reciclando” los esfuerzos que los habitantes de los barrios precarios invirtieron en sus viviendas, el Estado encuentra una salida barata (y endeble) a las necesidades habitacionales de los más explotados. Hay que agregar, por otra parte, que el “reordenamiento” de las favelas condujo a una carestía y a una especulación inmobiliaria al interior de ellas. La diferenciación social que redundó de ese proceso derivó en una expulsión de sus habitantes más pobres a la periferia más lejana de la ciudad.

 

Tierras codiciadas

 

Hay fuertes y obvios motivos para que ello ocurra también en las codiciadas tierras de la Villa 31. El proyecto oficial prevé la titularización de los futuros lotes o viviendas. El mercadeo de esos títulos, en un barrio rodeado por actuales y futuros proyectos inmobiliarios de lujo, puede culminar con una expulsión consentida -la de quienes terminen vendiendo sus viviendas o terrenos. Sería una erradicación, no por los métodos represivos, sino por las reglas del mercado inmobiliario. Los anuncios oficiales no aluden tampoco a otra diferenciación social que hoy recorre la villa: la que afecta a los inquilinos, que en muchos casos aseguran el lucro de los acaparadores de viviendas y tierras.

 

La Villa 31 tiene una larga tradición de lucha. Sus delegados y vecinos no pueden resignar su independencia política respecto de los partidos y del Estado que intentaron durante décadas expulsarlos de su barrio. Es necesario responder al proyecto oficial con un programa: 1) el número de viviendas nuevas debe surgir de un relevamiento edilicio del barrio, con intervención y control de los vecinos; a partir de allí, debemos reclamar la reconstrucción o edificación de nuevas viviendas en reemplazo de todas aquellas que no reúnan las condiciones de habitabilidad; 2) el proyecto urbanístico debe ser debatido en el cuerpo de delegados, y contemplar todos los cambios necesarios para la transformación de la villa en barrio -entre ellos, la apertura de calles y de espacios verdes públicos-; 3) en el valor de las casas a escriturar, debe descontarse el aporte y el desembolso realizado por cada familia para su edificación; 4) se debe asegurar el acceso del inquilino a la vivienda propia.

 

Estos puntos, y otros que con seguridad emergerán de la deliberación de los vecinos de la villa, deben oponerse a la seudourbanización de Macri y Rodríguez Larreta.