Desde el Partido Obrero repudiamos y pedimos la inmediata renuncia del concejal Hugo Bustos, por sus declaraciones provocadoras hacia las víctimas y familiares del genocidio.

 

Según se hizo de público conocimiento, Bustos, concejal por el bloque oficialista “Carlos Paz Unido” (un acuerdo que integró un sector de la UCR, el juecismo y el Pro y que hoy está en crisis), en una pausa que hicieron los ediles durante una reunión de comisión, ante la pregunta de qué iba a hacer el Concejo para el 24 de marzo, respondió diciendo que harían “la búsqueda del tesoro” y que dispersarían huesos.

 

Según publicó el portal “lajornadaweb”, el martes pasado el funcionario manifestó, ante la pregunta de qué actos políticos llevaría a cabo el municipio por el día de la “Memoria, Verdad y Justicia”: “¿por qué no repartimos una tibia o un peroné y que salgan a buscarlos? Que salgan a buscar los huesitos que faltan por el resto de la ciudad”. Estas declaraciones fueron relatadas por Laura Orce.

 

Este 24 fuimos miles marchando con el Encuentro Memoria Verdad y Justicia de forma independiente de todos los gobiernos para decir que son 30 mil los desaparecidos y que hubo un genocidio. Entretanto, funcionarios del gobierno de Esteban Avilés, en sintonía con el gobierno nacional, buscan poner en duda el genocidio con el fin de blanquear al aparato represivo del Estado, en un contexto de crisis política y económica. La finalidad de esta maniobra es dejar en una posición “legal” a la policía y al ejército para reprimir las luchas de los trabajadores.

 

Una política oficial para sostener la impunidad de ayer y de hoy en Carlos Paz

 

Lo de Bustos no fue el exabrupto de un provocador. Se inscribe en un clima de represión y negociados en Carlos Paz.

 

Los casos de gatillo fácil (como el de Franco Amaya) sólo son la punta de un entramado de corrupción y descomposición política que entrelaza a las redes de trata y el narcotráfico con la policía y el gobierno de la provincia y del municipio. Las sospechas por los casos impunes del fotógrafo Hernán Sánchez, Andrea Castana, etc. recaen en el Estado, particularmente en la policía de Carlos Paz y en el poder Judicial.

 

Los crímenes del Cerro de la Cruz son a su vez la radiografía de una mafia que maneja la noche y el juego. El “Modo Verano” de Avilés se desarrolla en este sentido. Carlos Paz, la ciudad de la luces, está llena de sombras donde se ocultan los crímenes y los negociados de un poder que se alimenta de sangre.

 

La represión llevada adelante en la movilización pidiendo justicia por Franco Amaya y la proscripción política busca acallar cualquier voz que quiera dejar al poder político y al aparato represivo del Estado en evidencia. Los vecinos de Carlos Paz luchamos para que los responsables políticos sean juzgados y para que la impunidad del gobierno municipal y provincial se termine cuanto antes.

 

#NiUnPibeMenos

 

el Estado es responsable

 

Abajo el aparato represivo del intendente Avilés y Schiaretti

 

Basta de narcotráfico y trata en Carlos Paz