Viviendas o negocio inmobiliario

El déficit habitacional es general en todo el país

En Catamarca, el fracaso del gobierno del Frente Cívico y Social (Brizuela del Moral) queda claro con los siguientes números: sobre un total de 367.828 habitantes el déficit habitacional, alcanza a 33.803 catamarqueños (9,19 por ciento).


Poco interesa esta realidad al gobierno actual, el cual puso en la cartera de obras públicas a Dusso, ex presidente de la Cámara de la Construcción. La influencia de este funcionario ya se hizo ver en la adjudicación de obra para realizar 1.300 viviendas que integrarán cuatro barrios, las que llamativamente fueron adjudicadas a cuatro empresas, donde la compulsa de precios de toda licitación quedó pintada. Pero la cartelización se hace evidente, también, en las licitaciones para la compra de los terrenos donde deberían erigirse las casas: una sociedad de cuatro empresas fue la adjudicataria a cambio de 300 hectáreas donde se pretenden construir 4.500 viviendas. Pero no se observó que esos terrenos están protegidos por la ley de bosques. Además, dentro de esa extensión se encuentra el yacimiento arqueológico conocido como "Pueblo Perdido".


Mientras los asentamientos en procura de viviendas se extienden por el norte y sur de la ciudad de Catamarca, el gobierno prioriza el negocio inmobiliario de los capitalistas.


El Partido Obrero, exige:


  • Disponer de tierras públicas ociosas, para emprender una urbanización con construcción de viviendas sociales a un costo del 10% del salario promedio.

  • Para financiar la construcción, impuesto a los grandes propiedades agrarias y mineras. Impuesto a las empresas constructoras a partir de un nivel determinado de beneficio.

  • Control vecinal de la calidad y costos de la construcción. Consejo electo por asambleas de vecinos.

  • La construcción de la vivienda debe ser revisada por los interesados. Los inscriptos deben intervenir desde el momento en que se comienza a construir: primero, para observar el terreno; luego, para supervisar la construcción.

  • El cese inmediato de la criminalización de las necesidades populares de los sin techos.