Políticas

16/6/2005|904

¿”Viviendas sociales”?: La verdad sobre el conflicto de Lugano y la Villa 20

Según el presidente del Instituto de Vivienda de la Ciudad, la movilización de vecinos de Lugano contra la construcción de un barrio de viviendas sociales en el Parque de las Victorias forma parte de una escalada “discriminatoria y xenófoba” (Clarín, 11/6). El gobierno de Ibarra, que colabora con el desalojo de doscientas familias por semana, se presenta como “abanderado de la vivienda social” frente a vecinos “pretenciosos” que quieren “tener frente a sus casas espacios verdes” (Clarín, ídem).


La crisis de Lugano se ha desatado, en realidad, como consecuencia de la entrega de 85.000 m2 de la zona en favor del llamado “Polo Farmacéutico”, una adjudicación de tierras a laboratorios monopólicos. El posible traslado de éstos a Escalada y Cruz, desde otros lugares de la Ciudad donde se encuentran radicados, no generará “nuevos empleos”, como dicen los funcionarios. Pero sí permitirá a estos laboratorios gozar de exenciones de impuestos y tasas, en nombre de una supuesta “promoción del sur”. El destino empresarial de la ex fábrica Suchard provocó el desalojo de las familias sin techo que la ocupaban.


Precisamente, el “polo” empresario se quedará “con cuatro hectáreas inicialmente previstas para la urbanización de la Villa 20” (Clarín, ídem). Las familias de esa villa perjudicadas por este acaparamiento serían trasladadas al Parque de las Victorias. En definitiva, el gobierno no está jodiendo a la gente de Lugano para “favorecer a los villeros”, sino para beneficiar a los monopolios farmacéuticos. Este plan de erradicación parcial de la Villa 20 tiene el apoyo de su burocracia villera, del puntero ibarrista Guillermo Villar.


La Ciudad tiene tierras y recursos tanto para viviendas como para espacios verdes. El Partido Obrero plantea que la Corporación del Sur quede bajo el control de una Comisión electa de trabajadores. Que sus tres mil predios y terrenos se coloquen a disposición de un plan de urbanización y de establecimientos industriales, educativos y de salud, bajo control de las organizaciones obreras y vecinales. La plena disposición de esas tierras en favor de los trabajadores permitirá armonizar las necesidades de vivienda con las de espacios verdes públicos y con el conjunto de las necesidades sociales de la zona.