En un plazo muy breve, el viernes y el martes pasados, dos estruendozos cacerolazos y bocinazos animaron el ya convulsionado escenario de la Capital Federal e incluso de algunas capitales de provincia.

Para un periodista de la “agencia de noticias” (11/8), “lo que hoy ocurrió en la ciudad indica que se comienzan las situaciones de diciembre y enero pasado, y tendrá repercusiones políticas”.

El mismo cable añade que “el protestazo no ha sido solamente por la inseguridad física, la del caño que te ponen en el pecho. También ha sido por la otra inseguridad, que hoy golpea igual de duro…”.

Rápidamente, se discierne detrás de una protesta impulsada por cámaras empresariales, una perspectiva más amplia y hasta con alcances revolucionarios.

La convocatoria de la Cámara de Entidades Mercantiles planteaba que el reclamo no era “contra nadie, sólo contra los delincuentes”, en un claro intento de vaciar de contenido político la movilización.

Por esas mismas horas la televisión hacía conocer que Natalia Mellman había sido torturada y violada varias veces por sus captores policiales antes de ser asesinada.

Los “delincuentes” están perfectamente identificados: la policía y su Estado. Va al fracaso el intento de criminalizar a la parte más pobre y desamparada de nuestro pueblo.

Clarín (8/8) se vio obligado a confrontar lo dicho por la Came: “Entre la gente – dice – abundaron las quejas sobre la responsabilidad del Gobierno y de las distintas autoridades de seguridad”. Hay que aclarar, sin embargo, que no se trata de una responsabilidad por omisión sino por complicidad.

Una convocatoria que parte de la Asociación de Dirigentes de Empresas, de Radiodifusoras Privadas o de la Cámara de Propiedad Horizontal, tiene claras limitaciones y hasta un tufillo sospechoso: se quiere separar la indignación de vastos sectores populares de la lucha de piquetes y asambleas, y desviarla hacia los objetivos de los grupos capitalistas.

Pero este propósito tiene que lidiar con el hecho objetivo de que la descomunal inseguridad ciudadana es una manifestación de la descomposición del mismo Estado encargado de proteger la propiedad privada, de modo que cualquier movilización referida a la inseguridad acaba enfrentando al gobierno de turno y a sus instituciones represivas.

Si el “corralito” fue un acicate para voltear a Cavallo y De la Rúa cuando, se decía en ese momento, “sólo” afectaba a los que “tenían plata” en los bancos, los crímenes policiales son una razón de mayor peso todavía para acabar con Duhalde y convocar a una Constituyente con poder.

Los más golpeados por la inseguridad ciudadana son los trabajadores desocupados y los barrios que ellos habitan. El mecanismo delictivo que los ataca es muy claro: las bandas de todo tipo asociadas a la policía y ésta en forma directa, ahora con la colaboración de la Gendarmería. No es a esta parte del pueblo ni a estos sectores represivos que tienen en mente los empresarios que están intentando reproducir en un plano más general la experiencia de Nito Artaza con los ahorristas. Pero en tanto la burguesía no consiga encarrilar el derrumbe capitalista, ni logre poner un freno al avance de las asambleas, las empresas ocupadas y el movimiento piquetero, tampoco logrará desviar hacia los intereses del Estado la inquietud de los sectores políticamente más rezagados. La cuestión de la inseguridad es insoluble sin la expulsión del gobierno de los capitalistas y la convocatoria de una Constituyente con poder.

La reanudación de los grandes cacerolazos es otra oportunidad para acabar con el estado de sitio que la Gendarmería y la policía tratan de imponer en los barrios obreros.

Fuera los verdaderos delincuentes, tomemos la protección de nuestros barrios y organizaciones en nuestras propias manos.

La seguridad ciudadana es por excelencia un problema político que desnuda el carácter del Estado.

Por eso, ¡fuera Duhalde, Asamblea ya!