Para salir del atolladero del ‘Fondo Bicentenario’, la presidenta se presentó ante el Congreso con el manoteo de las reservas ya consumado. Pero esta avivada no asegura el pago de la deuda externa por la simple razón de que agrava la crisis política y no resuelve la fiscal. Detrás de la suba de los bonos y las acciones luego del decretazo presidencial, esta la mano de los bancos nacionales y extranjeros interesados en cobrar las comisiones millonarias que promete dejar el canje de la deuda impaga, en 2005, por deuda nueva. Estos bancos ven al ‘fondo del desendeudamiento’ como un anticipo de los 15 mil millones de dólares que debería dejar el saldo comercial de 2010. Que “Hillary (Clinton) no ve mal pagar la deuda con reservas”, no debe sorprender, porque desde el gobierno de su marido los Clinton han sido los mandatarios de banqueros como el Citi, Morgan y Goldman Sachs.

Presente griego

La sustracción de las reservas no salva al kirchnerismo de una bancarrota; es la prueba de esa bancarrota. Hay una quiebra fiscal. El presupuesto es un dibujo contable. De acuerdo a ciertos estudios, se han omitido computar ni más ni menos que 50.000 millones en concepto de gastos. Los vencimientos de la deuda de 2010, tres veces mayores que el manotazo, no tienen previsto financiamiento en el presupuesto. Ni hablar del déficit de las provincias, cuya deuda a asciende a 70.000 millones de pesos. El alejamiento de Boudou esta a la vuelta de la esquina. “En Wall Street advierten… que si el proyecto no se aprueba, la Argentina podría entrar otra vez en zona default” (Clarín, 26/2). El fondo de los ‘nacionales’ K responde a una exigencia de la banca de inversión internacional. Con respecto a la perspectiva de un gran superávit comercial – unos 15.000 millones dólares–  se lo come una fuga de capitales o implica mayor inflación, porque provoca emisión de moneda. “Uno de los grandes interrogantes es si los 15.000 millones de dólares que ingresarían al país por la ventanilla comercial se fugaran por la ventanilla financiera” (Crítica, 28/2).

Crisis política

La oposición ha replicado con un contragolpe judicial y legislativo. Comparte la necesidad de asegurar el pago de la deuda, pero reclama que sirva para atender los déficits de las provincias y, por sobre todo, que se financie con un ajuste fiscal. Es el punto de vista que vienen alentando los bancos centrales de las metrópolis imperialistas.

El decretazo y la réplica opositora plantean un nuevo salto de la crisis política. A fuerza de decretazos y vetos, los K confían que “sé ira diluyendo el empuje opositor a medida que se acerca la carrera electoral de 2011: para ese entonces será una disputa de todos contra todos” (Crítica, 28/2). “El caso de Menem podría repetirse con otros senadores: el francotirador necesita abatir sólo a un senador opositor” (La Nación, 28/2).

Está claro que estamos lejos de una parlamentarizacion del proceso político: asistimos a una desintegracion del regimen politico vigente. “La construccion de poder”, por parte de los K, se viene abajo. Por esto, no se puede excluir la posibilidad de llamado a elecciones adelantadas, o sea la interrupción del mandato de los K.

Una perspectiva política propia

Los trabajadores tenemos que desarrollar una perspectiva propia. Las burocracias sindicales, por el contrario, están trabajando para asegurar el rescate del capital a través de pactos sociales y de paritarias regimentadas, que no cuentan con la participación de los trabajadores. La dirección docente acaba de hacer un acuerdo ruinoso en que el aumento salarial no compensa la inflación pasada y menos aún con la que está en curso. El único control de precios vigente es el que rige para el salario. El 70 por ciento de los que trabajan ganan menos de 2.000 pesos mensuales. La mitad de los asalariados “en negro” menos de 1.000 pesos. La bancarrota del capital y de su régimen político pone en evidencia el agotamiento del régimen social capitalista y de sus representantes políticos. Si la crisis capitalista no desemboca en una transformación social, las consecuencias de ella la pagaremos los trabajadores con desempleo y reducciones de salarios y de protección social. Se trata, en primer lugar de impedir con la lucha los despidos y de imponer su prohibición. En segundo lugar de ajustar en forma mensual los salarios y las jubilaciones a la inflación. En tercer lugar, se plantea la nacionalización, sin compensación, de los bancos y del comercio exterior, y el cese del pago de la deuda usuraria, para armar un plan de pleno empleo y de industrialización que beneficie a los trabajadores.