YPF acaba de anunciar la baja de 33 equipos, que se encontraban subutilizados, del campo de la cuenca neuquina y del sur de mendocino. De esta manera, se ponen en riesgo 1.700 puestos de trabajo que ocupan las distintas empresas contratistas de YPF. La mayoría de estos operarios que se encuentran al borde de perder sus trabajos, ya se encontraban suspendidos cobrando un 30% de su salario en actividad. 

 

La operadora, que cuenta con mayoría accionaria estatal, pone en jaque 1.700 puestos de trabajo semanas después de que el Sindicato de Guillermo Pereyra y el gobierno firmaran una adenda al convenio colectivo de trabajo, que apunta a flexibilizar al palo del trabajador  petrolero. Las cesantías en puerta funcionan como un factor de presión para la implementación plena y efectiva del nuevo convenio colectivo de trabajo antiobrero. Proceder a una profunda flexibilización laboral de los obreros petroleros es el reclamo unánime de las patronales del sector, que de esta manera pretenden sostener su tasa de beneficio.  

 

Sea como fuese, que se consumen los despidos y que se implemente a fondo el nuevo convenio colectivo dependerá de la respuesta que los trabajadores den a semejante ataque. De lo que se trata es de poner en práctica los métodos históricos de la clase obrera: las asambleas, el paro, el piquete y la movilización. Esa es la respuesta que los trabajadores deben dar a la brutal ofensiva antiobrera en curso. 

 

El PO-Frente de Izquierda volverá a presentar el viernes un proyecto por la prohibición de despidos en la industria petrolera por un año.

 

Adónde va Vaca Muerta

 

La medida recientemente divulgada por YPF fue precedida por el anuncio, hace tres semanas atrás, del director financiero de la empresa, Daniel Gonzales, de suspensión de inversiones por 1.220 millones de dólares por un año en tres áreas petroleras importantes: La amarga chica, Bajada de Añelo y Bandurria Sur. De esta manera, se anticipa un nuevo recorte de inversiones para 2017. Según Daniel Gonzales, en 2016 YPF invirtió 1800 millones de dólares menos que en 2015 (Río Negro, 10/11). Cabe destacar que YPF es la principal operadora de la cuenca neuquina. Como se ve, la empresa con mayoría accionaria estatal no colabora a la aparición de los “brotes verdes” y en Vaca Muerta se impone la mata seca del desierto patagónico.  

 

Junto con el plan flexibilización laboral, la gran apuesta de las operadoras se concentra en la explotación de gas no convencional (tight y shale). Así se volvió a evidenciar en el foro de la Asociación de Empresarios Argentinos que se realizó el miércoles pasado, donde Paolo Rocca, dueño de Tecpetrol, reclamó un precio de gas de 7,5 dólares por millón de BTU. Más atrás, en las audiencias públicas por el precio del gas, YPF había planteado un precio de 7,6 dólares el MBTU. PAE -que se encuentra mermando sensiblemente la producción petrolera en el Golfo San Jorge y se ha volcado con todo a un par de áreas gasíferas de la cuenca neuquina- reclama que el precio del gas llegue a los 8,25 dólares. 

 

En cierto sentido, las operadoras reclaman que el gobierno nacional le dé continuidad al Plan Gas II, el plan de incentivos a la producción gasífera que el kirchnerismo puso en marcha para favorecer a las empresas y que caducará en 2017. Pero detrás de este lobby gasífero no sólo se encuentran las operadoras. También se anota el gobernador neuquino Omar Gutiérrez, que pretende compensar la caída de los ingresos por regalías petroleras –por el fin del “barril criollo”- con el aumento de las regalías gasíferas. Esto, a pesar de que un precio subsidiado del gas constituye la base de los tarifazos, no ha servido para revertir el déficit energético y tampoco para sostener los puestos de trabajo.   

 

Como se ve, la explotación capitalista de los recursos hidrocarburíferos es incompatible con los intereses de los trabajadores del propio sector y con los intereses nacionales. Es algo sobre lo que los trabajadores en general, y los petroleros en particular, deberían reflexionar a fondo. Otra vez, ha vuelto a quedar de manifiesto la pertinencia del programa levantado por el Frente de Izquierda, que plantea la nacionalización integral de la industria energética bajo el control y la gestión de sus propios trabajadores.