No es la justificación de la conducta de la Corte lo que se destaca en las declaraciones de Eugenio Zaffaroni respecto a la excarcelación de Chabán. En definitiva, no hizo más que reiterar los argumentos “garantistas”. Lo que sí es singular es que Zaffaroni justificó la necesidad de que el orden judicial desempeñe una función de opresión clasista: “No es que hay impunidad, dijo, sino que es la selectividad característica) del sistema penal. (…) Creer que vamos a eliminar la selectividad del sistema es una fábula. Lamentablemente (sic), es una característica estructural del sistema” (La Nación, 18/5). La protección jurídica de la burguesía emana del sistema capitalista mismo que la Justicia está encargada de proteger, hasta el punto de otorgar la libertad a un sospechoso claro de culpabilidad, a cambio del pago de una fianza de medio millón de pesos. Los que no reúnen ese capital, o sea los 30.000 presos sin condena que pueblan las cárceles de la Argentina, deben pudrirse en prisión. Consecuentemente, Zaffaroni ha anunciado que la Corte defenderá incondicionalmente los “derechos y garantías” de los personeros del capital y que no intervendrá de ninguna manera en asegurar los derechos de la inmensa mayoría de la población. Zaffaroni anticipa, de este modo, que los Ibarra y compañía podrían ser llamados a declarar y hasta procesados, pero que nunca serán detenidos y que seguramente saldrán impunes. En esto consiste el garantismo.

Normas de “excepción”

Zaffaroni y la Corte han rechazado el per saltum, no porque fuera una medida de excepción sino porque los obligaría a convalidar la excarcelación dictada por la Cámara en beneficio de Chabán, forzando al conjunto del Estado a salir en defensa de esta excarcelación contra la mayoría del pueblo. No rechazan ese recurso por razones de derecho sino por razones de excepción, o sea, para que el conjunto del Estado no quede sentado en el banquillo de los acusados. La Nación (18/5) la vio clara, al explicar el rechazo al per saltum debido a que habría tenido lugar en “medio de un caos más propio de una incipiente revuelta civil” (La Nación, 18/5). Incluso Blumberg tuvo que postergar para dentro de quince días, sin mayor precisión, una marcha que pretende hacer ‘contra la impunidad’.

La crisis por Chabán ha puesto de manifiesto las contradicciones insalvables entre la superestructura jurídica y burocrática del Estado, de un lado, y la mayoría de la sociedad del otro. La protección jurídica del capitalismo desencadena la rebelión popular. El estado de derecho sólo puede sobrevivir exhibiendo el derecho del Estado a pronunciar la impunidad de sus mandantes.