Eugenio Zaffaroni salió a pedir proceso penal para los menores a partir de los 14 años. Su argumento es que de esa manera se podría brindar garantías procesales a los adolescentes, que actualmente se encuentran sujetos al arbitrio discrecional de los jueces de menores. Es que, al contrario de lo que afirman los adalides de la “lucha contra la inseguridad”, los menores no sólo no “entran por una puerta y salen por la otra” sino que carecen del más elemental derecho a defensa.

Zaffaroni advierte que el tema de la “inseguridad” y de la participación de menores en los delitos es en muchos casos una manipulación mediática; no existen en el país registros sistemáticos de criminalidad. Sin embargo, sus declaraciones son funcionales a la campaña de la derecha política.

La postura del juez de la Corte está basada en el siguiente análisis: en el presente, hay niños de 14 años privados de su libertad, acusados de infracciones y delitos, sin un juicio en el que puedan designar abogados ni proveer pruebas, ya que en el sistema de menores quedan al arbitrio de un juez, sin derecho a intervenir en su defensa. A la vez, Zaffaroni cuestiona el sistema tutelar actual y la internación indeterminada de niños en abandono junto a los menores “infractores”. Por otra parte, los mayores de 16 años ya están dentro del sistema penal (afrontan la imputabilidad como adultos en los delitos, con penas mayores a seis años, como los robos a mano armada y el homicidio).

Zaffaroni propone adoptar un sistema similar al del Estatuto da Crianza de Brasil, en su capítulo de la práctica del acto del infractor. Esta legislación establece un régimen especial para los menores, que incluye el derecho a defensa y limita la “internación” de los chicos a los casos de flagrancia y por un plazo máximo de 45 días sin juicio previo. Las “penas” del sistema brasileño contemplan la reparación del daño, la prestación de servicios a la comunidad y la escolarización obligatoria. La “internación” es definida como “sujeta a principios de brevedad, excepcionalidad y respeto a la condición peculiar de persona en desarrollo”. El Estatuto da Crianza ratifica la inimputabilidad de los menores de 18 años, lo contrario a lo que propone Zaffaroni.

La derecha ejerce una presión sistemática para enviar a los menores a las cárceles. Cuando Zaffaroni afirma que el sistema tutelar está agotado y plantea que se debe separar a los menores en riesgo de los infractores, está habilitando el ingreso de éstos, desde los 14 años, al sistema penal: no sólo a las garantías sino también a sus penas y a sus lugares de detención.

Zaffaroni le brinda en bandeja a la derecha el argumento “progre” para enviar a menores a las cárceles comunes y hacinadas del país, lo cual implica un genocidio para los jóvenes de las barriadas populares. Nadie ignora que para la juventud más empobrecida, contar con un “abogado de oficio” no implica ninguna garantía de defensa. La mayor parte de la población carcelaria son pobres o indigentes, quienes no pueden pagar un abogado defensor particular.

Claudia Ferrero