Polo Obrero

18/3/2004|842

Los desalojados porteños viven en “campos de concentración”

Por enésima vez, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad “reveló” que los hoteles que el gobierno renta para albergar a los desalojados son verdaderos depósitos humanos. “Falta de higiene y agua caliente… baños tapados, cableado al aire, nidos de cucarachas y hasta de ratas” (Clarín, 24/2). En esas condiciones viven desde hace años unas 2.000 familias, por las que el Estado le paga a los hoteleros entre 500 y 600 pesos mensuales por habitación. Un negociado a costa de los que no tienen techo.


Pero en la “escala social” que el gobierno de Ibarra ha diseñado para los sin techo, el “hotelado”… es un privilegiado. Ocurre que el gobierno reemplazó el alojamiento en hoteles por algo aún más precario e incierto: el nefasto “subsidio por única vez”, que se entrega –y no siempre– a aquel que queda en “situación de calle”. Naturalmente, cuando el subsidio se agota, el compañero va a parar, ahora sí, a la calle, sin atenuantes.


Las 2.000 familias que continúan en hoteles lo están por haber presentado un recurso de amparo ante la Justicia, para no ser expulsados de sus piezas.


“Alquiler social”


Al admitir las denuncias de la Defensoría, el secretario de Desarrollo Social, Romá, señaló que “vamos a alentar el alquiler social en lugar de pagarle una habitación a cada familia”, y la posibilidad de ubicar “edificios y galpones vacíos y los reciclamos” (Clarín, 14/2). ¿Adónde apunta? Los “alquileres sociales” han despertado fuertes –y justificados– recelos de los “hotelados”. Los compañeros, en su gran mayoría desocupados, deberían pagar los servicios y el mantenimiento de las casas alquiladas. De no poder costearlos, el “alquiler social” se convertiría en una nueva variante de hacinamiento, tan grave como la de los hoteles actuales. Pero además, ¿qué ocurrirá cuando termine el “alquiler”? El “alquiler social” también es limitado en el tiempo. Pero para acceder a él, el gobierno exigirá que el “hotelado” renuncie al amparo presentado a la Justicia… lo que lo coloca ante la perspectiva de volver a la calle.


De todas maneras, la tentativa del “alquiler social” y del “reciclado de galpones” ya ha sido recorrida por el ibarrismo y sus antecesores, y terminó en fracaso. Disponer de centenares de viviendas para entregar a los sin techo plantea una intervención estatal de cierta envergadura en el mercado inmobiliario. Si lo hace a los precios de “mercado”, implica una erogación de recursos intolerable para el Estado patronal. Recientemente, el Instituto de Vivienda de la Ciudad licitó la compra de cuatrocientos inmuebles con ese “fin social”, con presupuestos de 30.000 pesos para viviendas de tres ambientes. Apenas se presentaron treinta interesados… Para superar esos límites, el Estado debería incautar inmuebles ociosos, o cobrar fuertes impuestos a las viviendas que no se alquilan. Pero la clique que gobierna la Ciudad está empeñada en una gran operativo de “revalorización” de tierras y barrios enteros, particularmente en el sur de la ciudad, detrás del cual pretende atraer a capitales inmobiliarios, del turismo y hasta del juego… Todo esto es incompatible con “insertar viviendas para pobres”. Menos aún con reciclar edificios ociosos del Estado, que Ibarra quiere destinar a “centros de diseño” o “talleres artísticos” que encubren, con una pátina culturosa, el desembarco de grandes capitalistas sobre San Telmo, Barracas o La Boca.


 


Un planteo para los sin techo


La crisis de los “hotelados” revela hasta qué punto la cuestión del techo es uno de los ejes de la lucha social y de la crisis política en la ciudad. Los funcionarios seudoprogresistas son agentes del acaparamiento capitalista del suelo: en sus manos, el destino del explotado de la ciudad es la calle o, en el mejor de los casos, un lote a cincuenta kilómetros de su ciudad. Solamente con una gran lucha podremos arrancar la entrega de tierras y predios ociosos a los sin techo; y su refacción o construcción a cargo del Estado, empleando –con salarios de convenio y obra social– a los propios compañeros sin techo. En esa perspectiva, la variante transitoria del “alquiler social” debe plantearse con carácter indefinido, hasta que los compañeros tengan acceso a una solución definitiva. Allí donde las familias se encuentren desocupadas, los servicios públicos y la manutención de las casas alquiladas deben estar a cargo del Estado, bajo control de delegados de los grupos familiares.