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22 de octubre de 2009 | #1105

EXCLUSIVO DE INTERNET

El asesinato de Javier Chocobar es un crimen político

El 12 de octubre, un terrateniente acompañado de un grupo de tareas de ex policía de la provincia baleó a mansalva a un conjunto de comuneros en Chuschagasta. Fue asesinado Javier Chocobar y heridos otros tres, entre ellos un niño de 12 años. Unos de los heridos es Andrés Mamaní, cacique de los pobladores de Chuschagasta, y hasta el momento se encontraba en grave estado. La balacera se produjo cuando los pobladores protestaban frente a las acciones de usurpación de territorios que les pertenecen desde épocas ancestrales.

La acción de los terratenientes con la ayuda de patotas armadas es de vieja data. Sin embargo, lo comuneros no recordaban un crimen como el cometido en Chuschagasta. Este accionar se ampara en la complicidad de la Justicia y del gobierno, que tiene entre sus funcionarios a varios terratenientes como Jaldo, comprometido en acciones de usurpación y expulsión violenta de pobladores originarios en la zona de Trancas. Precisamente el departamento donde se encuentra la comunidad de Chuschagasta.

La banda de asesinos que comandaba el terrateniente Darío Amín estaba conformada, entre otros, por el ex oficial de policía Luis Gómez, cuñado del actual jefe de la policía de la provincia, y por José Valdivieso, quienes integraban el comando Atila, una banda parapolicial que dirigía el Malevo Ferreira. Ese grupo de tareas, bajo el gobierno de Palito y Bussi, asesinó a varios presos comunes e intervino en varios casos de gatillo fácil.

Últimamente en la provincia se vivía un reanimamiento reivindicativo de las poblaciones originarias, estimulados por los acontecimientos bolivianos y por el recrudecimiento de los atropellos de los terratenientes y el gobierno. Unos de los reclamos era que se cumpla con la ley nacional 26.160. Precisamente el Inadi denunció que en el último período se han acentuado las acciones de desalojos y expulsión de los pobladores originarios de varias regiones, a pesar que está en vigencia la ley 26.160 de Emergencia de la Propiedad Comunitaria, que precisamente garantizaba a los pobladores originarios el permanecer en sus tierras.

En el ENM, delegaciones de mujeres de los pueblos originarios jugaron un papel muy activo en los talleres.

El crimen ha causado una gran conmoción. La Unión del Pueblo de la Nación Diaguita convocó a una movilización el martes 20 que reunió a unas mil personas. Había delegaciones de numerosas comunidades y también de organizaciones de derechos humanos, de los autoconvocados de la aalud, de los partidos de izquierda. El Partido Obrero habló en el acto que se realizó en la Plaza Independencia. Luego se marchó a los Tribunales a reclamar juicio y castigo.

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