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17 de enero de 2018 | #1489

Patria contratista y discriminación contra los inmigrantes: dos aspectos del decretazo macrista

En el decreto ómnibus del gobierno macrista han pasado en gran medida inadvertidos dos artículos.

Por un lado, aquel que reduce a cinco la cantidad de días para publicar en el Boletín Oficial el anuncio antes de lanzar una licitación. Es una vía, en la práctica, para achicar los oferentes “donde la discrecionalidad favorece a los amigos del poder” y “la información previa vale muchísimo”. Después de hacer tanta alharaca sobre la transparencia, se reiteran los manejos turbios que el macrismo criticaba al kirchnerismo. Por más diferencias que se puedan señalar entre uno y otro, tanto el gobierno actual como su antecesor son tributarios de la misma clase social, que se vale de sus vínculos con el Estado para armar y desarrollar sus negocios. Los Lázaro Báez y los Calcaterra son la norma, no la excepción.

Por otro lado, el mega-DNU endurece sensiblemente las condiciones migratorias. Dicha normativa fue rechazada por organismos de derechos humanos que lo consideran “una política regresiva”.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) afirmó que la modificación por decreto de la ley de Migraciones instaura como paradigma el “estado de sospecha”. “Con el DNU todos los migrantes son sospechosos”, afirmó el organismo, que advirtió que la medida tendrá como efecto “el hostigamiento al migrante pobre, profundizando su exclusión social y económica”.
 

 

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