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21 de diciembre de 2017

¿El movimiento obrero debe reivindicar el programa de La Falda?

A 60 años del Congreso de Delegaciones Regionales convocado por la CGT Córdoba.

En 1957, hace sesenta años, la CGT Córdoba convocó un congreso de regionales de la CGT en la ciudad de La Falda. Allí se aprobó un programa que, desde entonces, pasó a convertirse en una referencia del llamado peronismo revolucionario, del sindicalismo de liberación y también de la izquierda. Junto a los programas de Huerta Grande (1962) y de la CGT de los argentinos (1968) y, hasta cierto punto, los 26 puntos de la CGT (1986), fue parte de una liturgia del peronismo que confrontó objetivamente con el clasismo. Este despuntó en el Cordobazo y, desde entonces, pasó a ser parte constitutiva del movimiento obrero en lucha.

La evocación de lo ocurrido en La Falda tiene una rigurosa actualidad. Un conjunto de sectores orientados por el bloque político kirchnerista –la Corriente Federal y la CTA, pero también dirigentes de la CGT, en particular del interior– han vuelto a poner en debate la necesidad de un programa político reivindicativo que se inspire en aquellos antecedentes. No es casual. El peronismo ha sido protagonista del fracaso del “gobierno nacional y popular” y hoy es responsable del sostenimiento del gobierno de los CEO. En oposición, para una franja creciente de la vanguardia obrera la superación política del peronismo es lo único que puede darle a la clase obrera una posición dirigente en el movimiento de liberación nacional y social. Entonces, el reflotamiento de los programas “históricos” del nacionalismo burgués en el movimiento obrero tiene una finalidad que va más allá de la circunstancia. A medida que la crisis de este gobierno lo exija, y esto ya está ocurriendo, la burocracia sindical y la propia burguesía apelarán al arsenal de estos programas para tratar de plantar una alternativa política que procure desviar al movimiento obrero de sus objetivos propios, llevarlo al carril de la burguesía falsamente nacional y alejarlo de la posibilidad de convertirse en dirección nacional de la mayoría nacional oprimida.

La clase obrera y la Libertadora

Sobre el período 1956-1958, las estadísticas arrojan dos datos contundentes: que los paros y huelgas fueron in crescendo desde 1956 –poco menos de un año después de la caída de Perón a manos de la Libertadora– hasta un clímax en 1959; y que a fines de 1957 el salario real promedio de los trabajadores era un 8,5 % superior al del período 1950-1955. Este ascenso obrero inició la recuperación de las organizaciones obreras, no solo a nivel de fábrica sino de los sindicatos –CGT, sindicatos y regionales adheridos a la central obrera habían sido intervenidos desde fines de 1955 por la dictadura. Fue, a la vez, determinante en el fracaso de los planes de la burguesía, que había validado el golpe con la pretensión de producir un retroceso histórico de las posiciones adquiridas por la clase obrera.

“En realidad, el problema obrero en 1958 era todavía más grave que tres años atrás: ya nadie podía, como lo hacía Perón, reclamar moderación en las demandas salariales desde el Estado en prueba de la adhesión del sindicalismo a los principios ideológicos del movimiento nacional en que estaba integrado”, afirma un investigador de la época (1).

1957 fue escenario de dos grandes huelgas –ferroviarios y trabajadores municipales de Buenos Aires– y del primer paro general por 24 horas convocado por la Comisión Intersindical (integrada por dirigentes comunistas y peronistas) para el 12 de julio. Saboteado por el PC –que redujo el paro a una hora para preservar su legalidad electoral– el paro fue muy fuerte en el movimiento obrero industrial y varias ciudades del interior.

En agosto de 1957, la Libertadora convocó a un Congreso Normalizador de la CGT para imponer una dirección gorila, sustentada en el sindicalismo llamado “democrático” –pro yanqui y antiperonista. Tuvo que disolverlo cuando constató que, pese a la proscripción de los dirigentes peronistas, los delegados presentes derrotaron por 298 a 291 votos la propuesta de realizar el Congreso sin reconocer los mandatos de los representantes proscriptos por la dictadura. Del fracaso de este Congreso surgieron las 62 Organizaciones, que agruparon a los sindicatos peronistas y estalinistas en una primera etapa, disociados un año después. Es en este período que aparecen por primera vez los Vandor, Loholaberry, Cardoso, Carulias, la generación de dirigentes pos ‘Fusiladora’ que, tempranamente, evolucionaron hacia una posición colaboracionista con el gobierno golpista –que Vandor resumiría en el “golpear y negociar”– y a distanciarse del propio peronismo en tanto se aseguraran las migajas que le dejaba su integración al Estado.

La CGT Córdoba

Córdoba fue, en este período, y desde antes del 57, un epicentro del ascenso obrero. Contaba con un proletariado joven en la ciudad de mayor concentración industrial. Una importante masa de activistas había llevado a la secretaría general de Luz y Fuerza a un joven de ideas de izquierda, Agustín Tosco (1957). La Libertadora había decidido debilitar la presencia peronista en la naciente industria mecánica, desplazando a la UOM y colocando en su lugar a un ignoto gremio llamado Smata, pero en 1957 una lista comunista ganó las elecciones. El paro de la Intersindical del 12 de mayo fue cumplido con una masividad que no tuvo parangón. En este escenario surgió la nueva dirección de la CGT Córdoba, la primera normalizada en el país. Esta no surgió de un congreso de delegados de base sino de la propuesta de la vieja guardia de dirigentes del peronismo ortodoxo que habían dominado la central hasta la caída de Perón y estaban proscriptos. Ellos propusieron a Atilio López, un joven dirigente de la UTA, e incluso a dirigentes independientes y aún de izquierda que permitieran dotar a la central de cierta autoridad (2). Fue esta dirección la que convocó al plenario de Delegaciones Regionales que alumbraría el programa de La Falda. Se produjo en un cuadro de descomposición aguda de la dictadura: caos económico, pérdida de control sobre el movimiento obrero, renuencia del capital extranjero a invertir en el país y ruptura del arco político que sostenía a la Libertadora –con el ala “desarrollista” de la UCR lanzada a un pacto con Perón y la burocracia sindical con vistas a las elecciones del año siguiente.

Los análisis sobre este programa se detienen en la radicalización de sus consignas: control estatal del comercio exterior, nacionalización de las fuentes naturales de energía, control obrero de la producción, expropiación del latifundio, salario mínimo, vital y móvil, entre muchas otras, pero no analizan su lugar y su función histórica.

El Programa no dice una palabra sobre los medios de lucha para imponerlo. No aparece la huelga general, los piquetes, las ocupaciones de fábrica, el plan de lucha, es decir el conjunto de métodos de acción que debe desenvolver la clase obrera para imponer estos objetivos. La introducción al texto define su naturaleza: es una “expresión de anhelos de este plenario (de La Falda) a la Mesa Coordinadora de las 62 Organizaciones”.

Segundo: define como objetivo estratégico la defensa de la industria nacional (se propone, por ejemplo, la “nacionalización de los frigoríficos extranjeros”) a lo que conllevaría una larga ristra de nacionalizaciones (con pago). Parte del supuesto, por lo tanto, de que entre la clase obrera y la burguesía nacional existiría un terreno común. La lucha de clases, sobre la que se sustenta el clasismo, es reemplazada por la “unión nacional” en la que el proletariado no está llamado a dirigir, sino a oficiar de “columna vertebral” de la lucha por la liberación nacional y social. Ni el de La Falda ni los que le siguieron replantearon la línea histórica del peronismo de seguidismo a la burguesía.

Tercero: no plantea la independencia política y organizativa del movimiento obrero frente al Estado y el nacionalismo burgués.

Críticos del propio nacionalismo denunciaron estos límites. Ricardo Carpani denunció “la creencia de que, sobre la base de un programa de nacionalización de los recursos fundamentales, pero manteniendo en lo esencial el régimen de la propiedad privada, existe la posibilidad para esa burguesía (se refiere a la burguesía industrial argentina) de un destino independiente del imperialismo” (4).

Todo esto explica que La Falda, Huerta Grande, CGT de los Argentinos hayan sido firmados sin reparo por los secretarios generales de gremios de la CGT, es decir por la burocracia sindical peronista.

El clasismo llama a defender una posición de principios sobre la burocracia sindical, a luchar por su expulsión de los sindicatos y reemplazarla por una dirección de clase e independencia obrera frente al Estado y los patrones.

Notas

1. Marcelo Cavarozzi, Sindicatos y política en Argentina 1955-1958, Estudios CEDES, Buenos Aires. 1979.

2. Lucio Garzón Maceda, La CGT Córdoba de La Falda al Cordobazo, Graciani, Córdoba, 2009.

3. Ricardo Carpani, Nacionalismo burgués y nacionalismo revolucionario, Peña Lillo, Buenos Aires, 2014. 

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