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30 de junio de 2017

Caso Daniel Solano: la Justicia es una sola y es cómplice

La Corte ordenó que la causa por la desaparición del obrero de la fruta vuelva a Río Negro. Seis años de dilaciones de la justicia y del poder político en beneficio de los empresarios de Expofrut.
La Corte Suprema de Justicia acaba de decidir que la desaparición del trabajador Daniel Solano ocurrida en noviembre de 2011 sea resuelta por la justicia de Río Negro. Daniel fue visto por última vez la madrugada del 5 de noviembre cuando la policía lo sacaba del boliche Makuba. Hasta hoy, nada se sabe de su paradero. Tenía 23 años.
 
Recordemos: Daniel había descubierto una estafa, llevada adelante durante años por el pulpo exportador Expofrut (beneficiado exclusivo de las políticas del gobierno macrista y monopolizador del puerto de San Antonio) y una tercerizadora llamada Agrocosecha contra cientos de trabajadores. Los abogados Heredia y Aparicio han sacado a la luz que lo desaparecieron para que no organizase el reclamo con sus compañeros.
 
Encubrimiento y dilaciones
 
Las idas y vueltas durante estos seis años ponen de manifiesto que tanto la justicia federal como la provincial han actuado con la voluntad de cajonear la causa, en una tentativa de encubrimiento de los responsables intelectuales y materiales del hecho.
 
La justicia de Río Negro, a través del Juez Julio Martínez Vivot y el fiscal Guillermo Bobrato, había solicitado en su momento que el caso sea resuelto por la justicia federal, argumentando que al estar caratulada como “desaparición forzada de personas” sobrepasaba sus facultades. Ahora que vuelve a sus arcas, deberá resolver la Cámara Segunda en lo Criminal de General Roca. Con este nuevo giro, se espera que finalmente se fije fecha para el juicio contra los 7 policías (hoy en funciones) acusados de asesinar a Daniel y otros 15 imputados por ser partícipes o entorpecer la causa.
 
El abogado ha caracterizado este retorno al fuero local como una suerte de mal menor, en una causa plagada de dilaciones: “Leandro Aparicio, representante de la familia Solano (…) entendió que también hay encubrimiento e inacción de la justicia de Río Negro, pero que dado lo avanzado de la investigación y el riesgo de que se pierdan pruebas, es que se prefiere mantenerlo en este fuero” (Río Negro, 28/6) A su turno, “sostuvo que se sigue insistiendo en la necesidad de bajar al jagüel, un pozo de decenas de metros de profundidad que está ubicado en un campo en cercanías de Choele, donde se presume que fueron arrojados los restos de Solano” (ídem)
 
En el banquillo de los acusados no solo deberían estar los policías, sino también los empresarios que se benefician del trabajo precario y la trata de personas y se encuentran detrás de la desaparición, la justicia garante y encubridora de estos. El poder político  (el FPV de los Soria; Juntos Somos Río Negro del gobernador Alberto Weretilneck), que ha gobernado durante todos estos años en beneficio de los pulpos como Expofrut, debe ser acusado por su silencio cómplice.

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