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Conferencia de prensa por Arakaki y Ponce: “Quieren someter al Código Penal la movilización política de miles de personas”

11 de enero, marcha de Congreso a Plaza de Mayo.

Con la presencia de las organizaciones nucleadas en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVyJ) y de otros agrupamientos, tuvo lugar esta tarde la conferencia de prensa del Partido Obrero contra el encarcelamiento del militante César Arakaki y el pedido de captura contra Dimas Ponce, también del PO, por su participación en la enorme movilización del pasado 18.

La asistencia de una gran cantidad de organizaciones políticas y sindicales mostró el gran apoyo con que cuenta esta causa. Además de los dirigentes del PO Marcelo Ramal, Néstor Pitrola, Jorge Altamira y Vanina Biasi y de la abogada Arakaki y Ponce, Claudia Ferrero (de APEL), estuvieron presentes Diana Kordon, de Liberpueblo; Carlos “Sueco” Lorkipanidse de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos; Mirta Israel, de la lista Naranja en la Multicolor de la Asociación Argentina de Actores; el legislador porteño Javier Andrade, de Unidad Ciudadana; Nicolás del Caño, diputado nacional del PTS-FIT; Nicolás Núñez y Graciela Calderón de IS; Vilma Ripoll y Alejandro Bodart del MST; Federico Orchani, del Frente Popular Darío Santillán; Ileana Celotto, secretaria general de AGD-UBA, Rubén Schofrin, secretario adjunto de Sipreba; Víctor Grosi, secretario general del Sitraic; Daniel Luna, delegado de ATE-INTI; Leo Vázquez, de ATE Nacional; Eduardo Viceiro, delegado de ATE Hacienda; Víctor Pignatiello, Federico Amarilla y Alan Rust de ATE Defensa; dirigentes de la Lista Multicolor de los Sutebas combativos; Lorena Cáceres del PSTU; Gustavo Giménez de CADHU; Juan Carlos Beica de Convergencia Socialista, Martín Ravazzano de Partido Guevarista; Gastón Covino de Opinión Socialista; Oscar Kuperman de PRML; Norberto Senior de MULCS, Luciano “Tano” Nardulli de CCC-PCR; así como referentes de Barrios de Pie, Comunismo Revolucionario, Movimiento de Resistencia Popular, CEPRODH, FOB y FOL. Por su parte, Nora Cortiñas reclamó en la ronda de Plaza de Mayo por la libertad de Arakaki; mientras que adhirieron a la conferencia Elia Espen, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de ATE Nacional, así como diputados y diputadas del Movimiento Evita.

Claudia Ferrero, abogada de César Arakaki y Dimas Ponce, marcó que “la causa que se ha montado tiene como motivo evidente aleccionar la gran movilización del 14 y del 18 de diciembre contra la reforma jubilatoria”, y destacó que “para negarle la excarcelación a Arakaki y negar la eximición de prisión de Dimas Ponce se ha recurrido a un ardid que llega a extremos ridículos. Se acusa a dos personas en una movilización de miles por una lesión grave, solamente para negar la excarcelación argumentando la escala penal de ese delito. Un oficial recibió un proyectil que no es compatible con lo que tienen los detenidos en sus manos, que llegan después, y ninguna de las afirmaciones del expediente acredita vinculación con ese hecho“. Ferrero denunció que a Arakaki se le negó la excarcelación cuando dos veces se presentó ante el tribunal, incluso antes de haber tenido orden de detención, violando así el principio de inocencia y su derecho a ejercer su defensa –algo que se replica con Ponce, a quien le negaron la eximición de prisión. “A su vez”, afirmó la abogada, “se está violando la igualdad ante la ley. A otros imputados, como el agente de la policía bonaerense, exonerado por tirar piedras, se los ha citado a indagatoria y se los ha dejado en libertad. Hay un objetivo de presentar a determinadas personas como violentas y de generar un estado de amedrentamiento contra una población que está en su mayoría en contra de la reforma previsional.”

Por su parte, Marcelo Ramal anunció que el jueves 11 de enero se realizará una movilización de Congreso a Plaza de Mayo y dijo que “el gobierno ha tercerizado la sanción política a una manifestación de 300.000 personas en el juez, que sólo puede hacerlo de un modo amañado, perverso, falaz: individualizando a algunos manifestantes y cargarlos de responsabilidades de la situación que se vivió en la plaza.” Luego agregó: “por ello, Arakaki es absolutamente un preso político. El gobierno encomendó a un juez que aborde la cuestión desde el punto de vista penal, apuntando a dejar afuera el carácter político de esta causa y todo lo que se relaciona con la marcha del 18 de diciembre. Arakaki es un militante político, lo mismo Ponce, que ejercieron su derecho a movilizarse  y no llevaron a cabo los hechos que se les imputan. Respaldamos a los militantes que están siendo juzgados y perseguidos”.

Néstor Pitrola denunció que “hay en marcha un reforzamiento del carácter represivo del Estado, están instaurando una democracia de Infantería. Tenemos una saga de represiones para aplicar el plan de ajuste al servicio de la banca internacional que el gobierno nacional pactó con los gobernadores provinciales. La persecución a César, Dimas, los detenidos del 14 de diciembre; se quiere correr el eje de lo que pasa en el país que son los despidos. Vamos a redoblar la apuesta: por un paro activo nacional en febrero para que millones de trabajadores paremos la reforma laboral”.

A su turno, Jorge Altamira marcó que “esta causa ha convertido la protesta social en una actividad penada por el Código Penal. Arakaki es un militante político y sindical que participó de una movilización que rechazaba que el Congreso sancionara la reforma jubilatoria. Es entonces una actividad política que el gobierno somete al Código Penal”. Altamira llamó particularmente la atención sobre las condiciones penosas en las que está apresado Arakaki y el sinfín de obstáculos puestos para poder visitarlo.

Luego hicieron uso de la palabra numerosos referentes. Entre ellos, Diana Kordon contrastó la persecución a los luchadores populares con el beneficio de la prisión domiciliaria dado a Miguel Etchecolatz y otros veinte genocidas; y señaló que a partir de los asesinatos de Rafael Santiago Maldonado y Rafael Nahuel “se ha abierto un ciclo de otra calidad en la represión”. Carlos Lorkipanidse, de AEDD, recordó que el juez Torres, quien tuvo la causa ESMA, se negó sistemáticamente a hacer lugar a las denuncias de las violaciones sufridas por las compañeras en el centro de tortura, y fue quien permitió la demolición de cuatro edificios en ese predio, para que se realicen allí construcciones encargadas al empresario macrista Nicolás Caputo.

Nicolas Del Caño afirmó que esta campaña “debe ser tomada por todas las organizaciones”, denunció el tendal de despidos en curso y afirmó que a partir de las masivas movilizaciones del 14 y el 18 “hay un antes y un después” para la lucha popular. Lorena Cáceres, del PSTU, señaló que la Liga Internacional de Trabajadores se ponía a disposición de la campaña internacional por la liberación, y agradeció la solidaridad recibida frente a la campaña de estigmatización contra Sebastián Romero.

Como marcó Marcelo Ramal al final de su intervención, “vamos a una gran movilización, y a continuar con esta acción a nivel nacional e internacional. El mundo entero se va a enterar que estamos luchando por la libertad de Arakaki y por todos los detenidos”.

 

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