30/11/2020
RECLAMOS HISTÓRICOS

Marcha histórica de las comunidades originarias sobre la capital salteña

Vamos por el triunfo de sus reclamos y la unidad con los trabajadores de la ciudad.

Cerca de 200 referentes e integrantes de distintas comunidades originarias de los departamentos de Santa Victoria Este, Orán y San Martín, mayoritariamente wichi, comenzaron el 16 de noviembre una marcha a la que llamaron de Unidad de las Comunidades originarias. El objetivo era llegar caminando a Salta capital, solicitando ser recibidos por el gobernador Sáenz, para exigir la atención de una enorme cantidad de reclamos históricos. El Estado intentó impedir la llegada de la histórica marcha a pie, primero con la Gendarmería y finalmente con el propio gobernador en persona, intentando parar la marcha. Las comunidades rechazaron la maniobra y obligaron a Sáenz a proveer de transporte a la capital para todos, residencia y alimentación en la ciudad. Esta decisión férrea de llegar a Salta y la exigencia de ser recibidos por el gobernador en persona ha colocado a Sáenz contra la pared, al mismo tiempo que crece la solidaridad popular.

El pliego que le presentaron, de 20 puntos, plantea los reclamos históricos de las comunidades, como agua, incremento del gasto en salud, defensa de su territorio contra los desmontes, titularidad de los mismos, viviendas, etc., a los que se suma el tratamiento de la salud en tiempos de pandemia. Plantean la adecuación a sus concepciones de salud, ya que el maltrato a la hora de internarse, lejos de la familia y por la falta de comunicación de los procedimientos, ha sumado una gran desconfianza de los pobladores originarios en el sistema sanitario estatal.

Otro reclamo es el nombramiento de enfermeros originarios de las comunidades, o auxiliares bilingües, en los hospitales, de médicos en los centros de salud e insumos básicos como respiradores, medicamentos, camas y ambulancias; lo que desnuda el vaciamiento del sistema de salud, con el agravante de que en esa geografía hostil se debe transitar a pie zonas enormes, por la inexistencia de transporte público para llegar a un hospital. En estas horas nuevas comunidades intentan marchar a pie a Salta. El gabinete de Sáenz se instaló en el norte tratando de frenar esta multiplicación de la protesta y evitar de ese modo dar respuesta a los reclamos de fondo de las comunidades, pero viene recogiendo fuertes críticas en cada una de las que visita.

El problema de la tierra

Si hay un reclamo que choca con la estrategia capitalista defendida tanto por Fernández como por Sáenz es el de cese de los desalojos y el fin de los desmontes, que la oligarquía local e incluso capitales extranjeros vienen realizando para imponer ganadería de exportación, soja y extracción de leña para producción de carbón, con la autorización de los sucesivos gobiernos.

Este latrocinio no ha tenido un freno con la Ley 26.160 de Relevamiento Territorial, que solo registra las propiedades comunitarias pero casi nunca garantiza el acceso a la propiedad comunitaria de la tierra, ni impide el avance de los negocios de la oligarquía con distintos mecanismos de coacción. No existen controles en ruta de la madera extraída, por la complicidad de una policia coimera ligada al narcotráfico, que deja pasar los camiones de las empresas pero detiene y amedrenta al trabajador originario con la excusa, ahora, de la cuarentena. Tampoco el control de los ríos y de la pesca industrial, reclamos que realizan en su petitorio.

Conforme datos de los informes oficiales dados a la Cámara de Diputados, solo en los 12 años de gobierno de Urtubey se desmontaron 500.000 hectáreas. 250.000 directamente por desmontes ilegales, 125.000 desmontadas con procedimientos de la Ley de Bosques y otras 125.000 Has bajo el procedimiento de las recategorizaciones prediales. Esto quiere decir que 3 de cada 4 Has desmontadas fueron en áreas en donde no estaba permitido hacerlo.

Esta violación a la norma se realiza con autorización del Estado a través de “Proyectos de Cambio de Uso del Suelo” (PCUS), procedimiento que encubre la eliminación de la cobertura boscosa para la introducción de actividades de agricultura y ganadería, con un alto nivel de impacto ambiental y social. En el Chaco salteño implicó la conversión de tierras cubiertas con bosque nativo a tierras sujetas a usos agrícola y/o ganadero, afectando una superficie de 1.252.978 Has desde el romerismo hasta la actualidad.

Las zonas más afectadas por el desmonte para estos negocios, con predominio de la ganadería (55,7%), seguida por una combinación de agricultura y ganadería (25,4%) y agricultura sola (16,8%), (los proyectos de aprovechamiento forestal y deforestación representan sólo el 2% del total), son los departamentos de Anta (36%), San Martín (24%) y Rivadavia (20%). Le siguen Orán, Metán, Rosario de la Frontera y Güemes.

A pesar de semejante avanzada, la Sociedad Rural ha presionado durante años por lo que considera un manejo “restrictivo” de las zonas amarillas del mapa (zonas con prohibición de desmonte). Incluso su representante en el Parlamento, Olmedo, y el propio Urtubey, hicieron intentos legislativos de modificaciones de la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, para recategorizar el uso del suelo y legalizar y ampliar lo que vienen haciendo con la maniobra de las autorizaciones parciales.

Puesto que las explotaciones de exportación agroganadera son promovidas como política de Estado desde el menemismo hasta hoy (se suman las mineras, que afectan a las comunidades y pueblos del departamento Los Andes), el reclamo de estas poblaciones choca con la salida que los gobiernos promueven apenas para hacer caja y reunir los dólares que exige el pago de la deuda.

La gran movilización de las comunidades ha puesto en cuestión la apropiación capitalista de sus territorios y este uso parasitario y contaminante del suelo, además de una inversión estatal miserable para garantizarles el acceso al agua, la vivienda y los servicios básicos. El reclamo de que cesen los desmontes, así como la prohibición de las recategorizaciones con el derecho a veto para las comunidades aborígenes y los campesinos criollos, es un punto de partida para enfrentar esta situación. Un avance de las comunidades en esta lucha debe abrir la posibilidad de una deliberación común de los trabajadores de la ciudad y del campo, cualquier sea su cultura, para pelear por la declaración de interés público de los recursos naturales y elaborar un plan común de uso del suelo, sobre la base de la supresión de dominio oligárquico sobre la propiedad de la tierra, una fuente de la multiplicación de la pobreza que lleva a la muerte por hambre a decenas de niños de las comunidades originarias cada verano. Es el punto de partida de una reorganización social indispensable, con los trabajadores a la cabeza.

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