Con razón todos los diarios han declarado la alarma por el crecimiento de los casos de coronavirus en las villas de la Ciudad. En pocos días el salto fue descomunal: se pasó de un caso aislado en la Villa 31 a 124 casos registrados al momento de escribirse esta nota. De a poco el foco de la enfermedad va mutando. De afectar a los sectores altos o medios altos que viajaron a Europa pasa a concentrarse en la población más empobrecida. Esta población, además, es la que más sufre la epidemia del dengue, con miles y miles de casos en lo que va del año.

Cuando se analizan los motivos de este crecimiento de los contagios surgen claramente dos cuestiones. La primera es el fracaso de los planes de urbanización del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. En la actualidad la población que vive en las villas supera las 300.000 personas. Es un número que registra un gran crecimiento, que contrasta con el estancamiento de la población de la Ciudad de Buenos Aires. En las villas, donde una parte importante de las familias alquilan, los servicios son terriblemente deficitarios, empezando por el agua. Como lo hemos denunciado una y otra vez en la Legislatura, sectores enteros de las villas carecen del servicio de agua, mientras la propaganda oficial recomienda lavarse las manos para evitar los contagios. A esto se suma el hacinamiento de las familias en las viviendas, que por regla general son de pocos metros cuadrados para muchísimas personas. La infraestructura deficitaria de estas barriadas se ha desquiciado con las pocas obras de urbanización, que hechas muy lentamente y sin control de los vecinos, terminan generando escombros y basurales a cielo abierto altamente contaminantes.

La otra razón de fondo es la falta de asistencia del Estado a las familias en momentos en los cuales los trabajadores precarizados, que son mayoría en las villas de la Ciudad, han perdido todos sus ingresos como resultado del dictado de la cuarentena. Como no existe un seguro al desocupado, solo queda recurrir a comedores que tienen listas de espera cada vez más extensas para poder acceder a un plato de comida. En estas condiciones, los trabajadores deben salir de sus viviendas a ganarse la vida de algún modo, con el peligro de contraer la enfermedad y propagarla luego a sus familiares y vecinos, que como dijimos, viven hacinados y sin agua.

La respuesta ofrecida hasta ahora por el gobierno de Larreta agrava la crisis. El proyecto de ley de “emergencia económica” que envió a la Legislatura para ser aprobado la semana que viene reduce el presupuesto del Instituto de la Vivienda, quitándole los fondos que por ley le deben ir del negocio del juego. La “emergencia”, sin embargo, no se invoca para frenar los pagos de la deuda pública de la Ciudad, que en el año en curso insumirán casi 50.000 millones de pesos –más de un 10% del Presupuesto 2020.

El sistema de salud pública que debe asistir a la población de las villas está por completo desfinanciado y con escasos medios para hacer frente a un salto de los contagios. En la Comuna 8 (Lugano y Soldati) no hay un hospital con camas de internación de terapia intensiva. Los Cesacs (centros de salud) aledaños no tienen elementos de protección personal y muchos de ellos han decidido cerrar sus puertas. El martes pasado los trabajadores de los hospitales de la Ciudad hicieron una jornada de protesta para denunciar esta situación, que de un modo u otro, alcanza a los 34 hospitales de la Ciudad. 

Todos estos factores han transformado a las villas de la Ciudad en una verdadera bomba de tiempo a punto de explotar. Es necesario tomar medidas urgentes para paliar esta situación. La primera de ellas es asegurar el servicio de agua potable las 24 horas de día de los 7 días de la semana. Eso deberá hacerse con camiones cisternas mientras se vuelven a poner en marcha las obras de urbanización paralizadas. En segundo lugar debe asegurarse asistencia alimentaria y materiales de higiene personal a todas las personas que están anotadas en las listas de espera. Esa asistencia debe hacerse bajo el control estricto de las organizaciones populares de las barriadas, rechazando la cooptación oficial del gobierno de Larreta. En tercer lugar debe incrementarse el presupuesto del IVC y desarrollar las obras de urbanización que aseguren el derecho a la vivienda a los propietarios e inquilinos de todas las villas. Por último debe implementarse un seguro de desempleo de $ 30.000 para permitirles a las familias realizar la cuarentena con los medios materiales básicos. Con este programa rechazamos la “emergencia económica” de Larreta y llamamos a movilizar el próximo jueves a la Legislatura.