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15 de abril de 2020

No al ajuste en discapacidad: ¡prestadores precarizades necesitamos respuestas ya!

Exigimos aprobación del proyecto de ley presentado por Romina Del Plá
Por Pamela Chomiak
APeL Prestadores (Fonoaudióloga MP 8227 Córdoba)

Los y las prestadoras que trabajamos con personas con discapacidad nos encontramos en una situación muy incierta respecto a la continuidad de los tratamientos y el pago de nuestros horarios. Esta situación la arrastramos desde hace mucho tiempo y se ha recrudecido con el aislamiento obligatorio. Al no tener un sistema centralizado de salud tenemos un gran universo de situaciones diferentes que depende de cada obra social/prepaga, de cada tratamiento y de cada prestador en particular. Y nosotros tenemos que luchar con cada obra social o prepaga para que abone nuestros honorarios, a la vez que luchar contra la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) que en muchos casos ha sido ella la que ha retenido nuestros honorarios, como sucedió a principios de 2020.

Nosotrxs seguimos sin saber si han podido cargar las facturas de enero y febrero, por lo tanto, desconocemos un estimativo de fecha de cobro de esos meses. A la mayoría de lxs prestadores no nos han pagado nada de lo trabajado en el 2020. A un gran porcentaje, todavía le deben los meses de octubre, noviembre y/o diciembre de 2019. Para algunxs, la deuda corre incluso desde antes que eso; es decir que venimos arrastrando una rueda de falta de pagos al mismo tiempo que nosotrxs tenemos que seguir pagando el monotributo, seguro de mala praxis, colegios profesionales y, en algunos casos, caja profesional. Todos estos pagos que hacemos son sin percibir ningún tipo de honorario y sin recibir garantías de que los tratamientos que estamos llevando adelante de manera virtual durante el aislamiento obligatorio serán cubiertos.

La escandalosa resolución 308 de la Superintendencia de Servicios de Salud, que aun no se ha derogado, plantea recortes tanto a los tratamientos que podrían recibir las personas con discapacidad como sobre nuestros honorarios, ya que limita las sesiones a un máximo de 6 horas semanales y un máximo de 4 especialidades. Impone un sinfín de requisitos de facturación que solo constituyen más palos en la rueda para cobrar nuestros honorarios. Nos obliga a facturar nuevamente marzo, desdoblando las facturas en dos períodos: del 1 al 19 de marzo y del 20 al 31 por otro lado. Recorta el módulo de las integraciones escolares y pide que se divida por la cantidad de horas efectivamente prestadas. Un ajuste en regla que propinaría un zarpazo a los profesionales que trabajamos con las personas con discapacidad y un ataque directo a los derechos de estas últimas, que son amparados por las leyes nacionales y por las convenciones internacionales a las que nuestro país adhiere.

La publicación de esta resolución armó tal revuelo mediático que aparentemente se habría retrocedido. Según el directorio único de prestaciones básicas, Discapacidad se ha expedido por el pago de todas las prestaciones aprobadas y por la derogación de la resolución 308. Sin embargo, al día de la fecha la Superintendencia de servicio de salud, que tiene representantes en este directorio y se expidió en ese sentido, no ha derogado esta resolución ni ha comunicado oficialmente cómo continuamos. Por lo tanto, prestadores y pacientes seguimos en total incertidumbre. Además, esto le permite rienda suelta a la acción de las obras sociales y prepagas, que van desde desconocer los pagos, hasta pedir una tracalada de papeleríos imposibles de juntar en medio de una cuarentena.

Debido a la imposibilidad de movilizar, hemos estado realizando todos nuestros reclamos por redes sociales. Hemos realizado un empadronamiento para detectar cuáles son las obras sociales y prepagas que cubrían los tratamientos y cuáles no. Hemos enviado mails a las autoridades competentes describiendo esta situación y pidiendo que tomen cartas en el asunto. Hemos sacado un Change (firmas) en el que casi 40.000 personas se han pronunciado por el pago de todas las prestaciones. Hemos realizado un hashtazo el miércoles 8/4 a las 18 hs. con este reclamo, llegando al puesto 6 en el Trending Topic. Y continuaremos nuestra campaña pública hasta obtener respuestas.

Desde Apel, recogiendo este reclamo, y junto a la diputada nacional del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Romina Del Plá, hemos elaborado un proyecto de ley. El proyecto establece que se debe garantizar el pago de la totalidad de todas las prestaciones contempladas en el Nomenclador Nacional de prestaciones Básicas en Discapacidad, sin excepción alguna, así como también el Acompañamiento Terapéutico de todos los tratamientos aprobados en 2020; la aprobación inmediata de todas las prestaciones que ya fueron presentadas oportunamente con su plan de tratamiento y de presupuesto durante el año 2020; y el pago urgente de todos los planes y presupuestos que se adeudan del año 2019 y del corriente año 2020.

En tres articulados hemos condensado el reclamo de profesionales, transportistas y pacientes. Las resoluciones de la Superintendencia de Salud –que habilitan recorte de prestaciones y no pago de salarios- no sólo son un golpe para los trabajadores, sino que ponen seriamente en riesgo la continuidad de los tratamientos que prestan profesionales de la salud de diversas disciplinas, así como también el servicio que prestan los transportistas, que trasladan desde alimentos hasta materiales educativos, a quienes se les quiere dejar de pagar el salario.

La SSS que regula las Obras Sociales y Prepagas del país y administra el "Fondo Solidario de Redistribución" (entre el 15 y el 20% de los aportes de los afiliados a las OS Nacionales) que se destina en su mayor parte a cubrir los tratamientos de discapacidad, debe de inmediato emitir una resolución donde se brinden garantías tanto a les prestadores como a les pacientes, llevando tranquilidad al respecto de la aprobación de todos los presupuestos y planes presentados, el pago total de las prestaciones adeudadas, como la garantía del pago total de las prestaciones mientras dure el período de aislamiento obligatorio.

 

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