Luego de un aumento del 114% de las cuotas de las prepagas en 13 meses y de un régimen de actualización que tiene por piso el 90% de la media salarial del sector estable, el gobierno sigue en la línea de beneficios a las empresas de medicina prepaga con la identificación de las prestaciones que podrán ser susceptibles del cobro de copagos por fuera de la cobertura regular.

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) estableció la posibilidad del cobro de copagos o coseguros en las prestaciones de primer y segundo nivel de atención.

Entre las prestaciones de primer nivel se encuentran consultas médicas de psicología, prácticas de laboratorio, pruebas diagnóstico-terapéuticas, prácticas kinesio-fisiatras, prácticas de fonoaudiología y foniatría, atención domiciliaria (códigos verde y amarillo), odontología. Mientras que las de segundo nivel integran distintas prácticas, como algunas tomografías, resonancias medicina nuclear, etc.

Los únicos exceptuados serán las personas gestantes, niñas y niños hasta los tres años, pacientes oncológicos, trasplantados, personas con discapacidad y los programas preventivos y prestaciones de urgencia.

Por esta vía, el puñado de patronales que controlan la medicina privada se aseguran no solo ingresos elevados por medio de programas y coberturas cuyo valor se acrecienta conforme crece el “riesgo sanitario” del beneficiario, sino que además tienen la potestad de trasladar parte del valor de las prestaciones que no le abonan a los correspondiente prestadores.

El gobierno fija un estrecho “límite” al negocio de las prepagas estableciendo que los programas que incorporen copagos deberán tener un valor un 25% inferior de los que no lo hagan. En un sistema donde las prepagas “seleccionan” a quien brindarle salud y a que costo, una regulación de este tipo abre la puerta a un negocio redondo.

Si uno quiere la cobertura completa deberá someterse al pago de una cuota extremadamente arbitraria, como las que rigen en la actualidad; en cambio, si quiere contar con una cobertura base ante contingencias, deberá pagar el 75% de ese mismo canon, más toda contingencia y prestación no cubierta.

Las prepagas, a su vez, se desentienden del pago de los aranceles profesionales de los prestadores, transfiriendo el pago a los afiliados y regulando la cuantía de las prestaciones conforme a la capacidad económica de los trabajadores, algo que desalienta la atención sanitaria.

El sistema de salud privado es un esquema de negocios montado para satisfacer las apetencias económicas y el lucro de una decena de grupos capitalistas, a costa de la salud del pueblo trabajador. Rechazamos el arancelamiento y atomización de la cobertura y reclamamos una cobertura única integral, sin copagos ni coseguros, garantizado por los aportes y cargas patronales transferidos en caso de trabajo -en relación de independencia- o su equivalente para autónomos.