El faltante de dosis no es el único problema de la vacunación contra el Covid-19 en Argentina. Resulta que, de las que sí llegaron al país (vale aclarar que fueron solo 410 mil de las 5 millones anunciadas por el gobierno para antes de que termine enero), se aplicaron un poco más de 10 mil por jornada, lo que significan 375 mil medias dosis en 37 días. A este ritmo se tardarán más de 12 años en que la totalidad de la población de Argentina esté vacunada; para alcanzar la inmunidad de rebaño, más de 8 años. Esto muestra una dificultad en la logística que depende pura y exclusivamente de los ineficientes programas de vacunación llevados adelante por el gobierno.

Lo que sin dudas pone de manifiesto esta cuestión es que, aunque el problema de la producción esté presente y la escasez de dosis sea algo real, hay más que eso: la falta de una política sanitaria que ponga los recursos al servicio de la salud de la población. Es lo que se vio durante toda la pandemia.

El lento ritmo de vacunación no significa que el gobierno haya puesto el ojo en otra forma de prevención. De hecho, el pasado lunes se extendió el DISPO bajo las mismas características que se establecieron en un primer momento. Sin embargo, se le suma a esto la amenaza de apertura de escuelas sin condiciones mínimas de salubridad garantizadas, lo que sin dudas puede significar un nuevo brote y la exposición de cientos de docentes y estudiantes.

 

Los problemas en el proceso de vacunación son muchos, pero es claro que desde el Estado no se han tomado medidas que permitan tener un ritmo de vacunación acelerado y acorde al avance de la pandemia. El recorte en el presupuesto 2021 de salud del 10% en términos reales da cuenta de ello; va de la mano del hecho de que la gran mayoría de los recursos del país han sido destinados al pago de la deuda, a la vez que el conjunto de la política del gobierno se puso al servicio de los planes fondomonetaristas de ajuste. De hecho, hace unos pocos días desembolsó sin problemas 300 millones de dólares para el FMI. Es evidente que la prioridad no está puesta en la salud de la población.

En este sentido, es menester una verdadera campaña de reclutamiento de vacunadores y de capacitación de los mismos; que el gobierno garantice las condiciones logísticas necesarias que permitan la conservación de las vacunas de manera correcta y su distribución y traslado a todos los puntos del país; aumentar la cantidad de centros de vacunación y establecer a los mismos lo más próximo a las grandes concentraciones de personas. Esta campaña debe ser dirigida por los trabajadores profesionales y por comisiones populares de control.

Los recursos para llevar adelante todas estas cuestiones deben venir de la mano del aumento del presupuesto de salud y este, a su vez, del cese del pago de la deuda y del impuesto a las grandes rentas y fortunas del FITU. La intervención de los trabajadores es la única que puede garantizar una vacunación masiva para inmunizar y proteger a la población y que se pongan por delante las prioridades y necesidades de la clase obrera.