Transcurridos diez días de la extensión de la cuarentena, anunciada por Alberto Fernández, los contagios continúan en ascenso e incluso se han generalizado en varias jurisdicciones del interior del país.

El diagnóstico de la Secretaría de Acceso a la Salud es contundente: “hay un número importante de provincias que continúan aportando casos y hay departamentos que se suman a ese aporte. No solo estamos aumentando las áreas con transmisión comunitaria extendida sino que hace semanas no definimos que ninguna ha controlado esa transmisión. En las últimas semanas ningún departamento del país ha logrado controlar (los casos)”(Clarín, 25/8). Esta situación choca de frente con la teoría oficial de los encuentros sociales, el virus está generalizado y principalmente se esparce entre la población económicamente activa donde los protocolos de las patronales no respetan condiciones mínimas de seguridad.

Los números arrojan en la zona del Amba una “meseta” alta, con 311.273 de casos, el 86,55% del total (Ministerio de Salud de la Nación, 26/8). Pero en las provincias se encienden las alarmas, la situación sanitaria en Jujuy es muy grave sumando más de 5.800 casos positivos y son 163 los fallecidos. En Mendoza la pandemia toma carácter crítico, con una duplicación de casos cada 13 días. y en Río Negro una situación general hace que en el Alto Valle y Bariloche el sistema público y privado se encuentran colapsados y el personal de salud diezmado por los contagios. Estos son algunos ejemplos de lo que aseguró ayer la funcionaria del Ministerio de Salud citada anteriormente.

Los trabajadores de Salud

Según informa la FeSProsa (Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina) los contagios en el personal de salud al 24 de agosto supera los 20.000 infectados y 18.000 se concentran en la región del Amba y los fallecidos contabilizados son 75. Una gran cantidad de ellos son enfermeros, principalmente de la provincia de Buenos Aires y por eso el 21 de septiembre los compañeros se convocan a movilizar desde el Obelisco reclamando por EPP, pase a la carrera profesional y a planta de los compañeros contratados. En la CABA el número de enfermeros fallecidos es de cuatro con el epicentro de casos en el Hospital Durand y producto de la negativa del gobierno de la ciudad de otorgar licencias al personal.

La actitud de los todos los gobiernos frente a las presiones de los empresarios por una apertura de la economía contrasta con la actitud de un fuerte ajuste sobre los trabajadores. Mantiene congeladas las paritarias de los trabajadores de salud, posterga el bono destinado a este sector y mantiene una precarización sobre diferentes sectores de trabajadores, donde producto de esto el multiempleo es una de las causas fundamentales de los contagios. Incluso en la CABA Rodríguez Larreta ha avanzado en el cierre de dispositivos de aislamiento con el despido de profesionales que eso implica.

Una política para enfrentar los contagios

Frente a la irresponsabilidad patronal y del gobierno, la lucha del Sutna (neumático) y el Inti entre otros para imponer protocolos de seguridad e higiene marca un camino. Elaboraron los protocolos con ayuda de médicos de los trabajadores, el Sutna llegó a realizar un paro nacional y varios paros parciales en fábrica para hacerlos respetar, una vez aceptados.

Los trabajadores debemos impulsar el reclamo por transporte seguro a cargo de las patronales, las dotaciones mínimas, el respeto de las licencias, testeos masivos a los casos sospechosos y contactos estrechos con un aislamiento inmediato y obligatorio de 14 días, parada para sanitización del lugar de trabajo frente a casos confirmados. El “encapsulamiento” de las dotaciones de trabajo disminuiría sustancialmente la propagación del virus en casos de contagios.

La batalla por los protocolos bajo control de las comisiones internas y la asamblea general tienen una importancia enorme en esta etapa donde el nivel de contagios amenaza saturar el sistema sanitario, lo que agravaría muchísimo la situación. Donde los cuerpos de delegados no responden al mandato de bases hay que revocarlos por asambleas. Así como la puesta en pie de comisiones de seguridad e higiene, donde no hay organización sindical.

Ofensiva y crisis

En la CABA el anuncio de Horacio Rodríguez Larreta de la vuelta a clases ya encontró una gran reacción de los trabajadores y la comunidad educativa. Sucede que esta reapertura es considerada como una irresponsabilidad. Mientras los casos de Covid-19 son altos y el sistema de salud está altamente comprometido, la medida de gabinetes tecnológicos –rebautizados «ciberescuelas»- no es la solución ante la falta de entrega de dispositivos digitales y conectividad por parte del gobierno. Incluso significa una medida discriminatoria, porque expone a los niños y niñas más pobres de las barriadas y villas de la ciudad, arrasadas por el Covid-19, a que vayan a la escuela exponiendo la salud de ellos y sus familias. Cuerpos docentes, conducciones, supervisiones, centros de estudiantes, cooperadoras escolares y familias se han pronunciado en forma masiva contra la reapertura prematura.

Nuestro planteo

El Partido Obrero reclama la inmediata centralización del sistema de salud y un impuesto extraordinario a los capitalistas (planteo abandonado por el bloque oficial, luego de varios amagues) para financiar la cobertura completa del personal sanitario, los insumos de protección, la ampliación de las camas y unidades de terapia intensiva, el equipamiento de los hospitales y un aumento salarial a los trabajadores, que parta de la equiparación de los sueldos con la canasta familiar que trabajadores del Indec la miden en $70.616.

La centralización del sistema de salud sería la única manera de disponer de todas las camas de manera unificada, para poder empezar a hablar de porcentajes y disponibilidades. La disparidad en recursos que posee el sector privado por encima del público debe ser administrado por el Estado nacional y un comité de sanitaristas y trabajadores. Los datos sobre cantidad de camas críticas totales y disponibles es retaceada por todos los gobiernos y las patronales de la salud privada, impidiendo a la población e incluso al personal de salud, tener un panorama claro de la situación.