En los últimos días se remitió en varios hospitales y centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires, a través de sus autoridades, una comunicación firmada por la “Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes” que plantea que a partir del 19 de junio “el Personal que presta servicios de Seguridad Privada en los efectores de salud procederá al control de todos los vehículos o personas que ingresen o egresen de los Hospitales, mediante la revisión de los baúles y bolsos”. En las comunicaciones se transmitió también que la medida se debía al incremento de los hurtos, ya sea de elementos de protección personal (EPP) u otro tipo de insumos. En el Hospital Pirovano, Santa Lucía, el Irep o el Zubizarreta, por mencionar algunos efectores donde se comunicó esta medida, la respuesta fue una combinación de sorpresa y hartazgo.

El ladrón cree que todos son de su condición

Las y los trabajadores de la salud ya cargan con bastantes carencias como para que, para colmo, se las quieran adjudicar a su propia responsabilidad. En lo que refiere a los EPP, los reclamos -ya sea por cantidad insuficiente o por mala calidad- se remontan hasta finales de marzo y principio de abril. Más de dos meses después, el reclamo persiste y el problema dista de estar resuelto. Más bien, en algunos hospitales, incluso a pesar de recursos de amparos favorables, la falta o defecto de los EPP cobra ribetes dramáticos, mientras la pandemia marcha hacia su pico y los efectores están amenazados por el colapso. El problema abarca también a los centros de salud que no atienden específicamente casos de Covid-19, pero que sin embargo padecen contagios por una gran exposición al virus y su circulación.

La responsabilidad de esta situación en los centros de salud municipales le cabe al gobierno de Larreta, que no reforzó adecuadamente el sistema de salud en la cuarentena -como se muestra en cuestiones básicas como la provisión de EPP- y viene actuando en favor de su desmantelamiento en momentos donde se dispara la curva de contagios. Pero antes de asumir esta situación, el gobierno busca dar a los trabajadores de la salud la idea de que si faltan EPP o insumos elementales es porque ellos se los robaron. El problema no es solamente esta persecución sino quien la ejecuta. Hablamos del gobierno que compró barbijos con sobreprecios y, para colmo, vencidos. El ladrón cree que todos son de su condición.

Una exposición enorme para el personal de seguridad

Las requisas al personal de salud no son solo un atropello para enfermeros, médicos, profesionales, administrativos y personal de limpieza de los hospitales y centros de salud. Son también una enorme exposición para el personal de seguridad que debería realizarlas. Implicarían un contacto permanente con todas las pertenencias del personal y de los usuarios del sistema público de salud, o sea, con una población de enorme exposición al virus. Estas requisas se realizarían con personal que es tercerizado, tiene jornadas de 12 horas de trabajo, magros elementos de protección y un sueldo que no alcanza ni una canasta básica, motivo por el cual suele haber un segundo empleo. Como se ve, la medida no persigue ningún interés sanitario y es inviable además de persecutoria.

Abajo las requisas

No es la primera vez que se quiere responsabilizar a los propios trabajadores de la salud de los perjuicios que viven en los hospitales y centros de salud. En abril, ante la primera ola de contagios en los hospitales, el gobierno de Larreta perseguía a trabajadores del Hospital Moyano con la ley de procedimientos administrativos de la Ciudad por denunciar la falta de EPP. No se quedó atrás para ese entonces el propio Ginés González García que se refería a los contagios como horizontales y pedía a los profesionales ser menos omnipotentes. Pero que el libreto de ocasión no sea nuevo no quita, sin embargo, la necesidad de rechazarlo. Desde Tribuna Municipal llamamos a rechazar abiertamente cualquier tipo de requisa a trabajadores de la salud y a reforzar la pelea por todos los reclamos.