En la tarde del viernes una inmensa caravana de autos se movió por toda la capital, y zonas aledañas, protestando en reclamo de diversas reivindicaciones del sector y contra la judicialización del personal de salud en todo el país. Los autos se congregaron en distintos puntos y luego confluyeron en el Monumento al Bicentenario, donde largaron un bocinazo. Los reclamos eran muy concretos: ninguna judicialización al personal de la salud (haciendo hincapié en el caso Cordobés), que se pague el bono prometido por el gobierno nacional y más insumos para los hospitales públicos y centros de atención primaria.

La protesta de los médicos y personal de la salud empalma con reclamos de fondo en la provincia. Al tiempo que se inició la cuarentena salió a la luz la fragilidad del sistema sanitario provincial: falta de camas, precariedad de equipamiento, faltante de insumos y salarios muy por debajo de la canasta familiar, incluso para trabajadores con muchos años de antigüedad. Se sucedieron protestas en el Hospital de Niños, Centro de Salud y en el Hospital Padilla, todas tenían un común denominador: la denuncia de la precariedad en la que trabajaban los médicos y enfermeros. La falta de insumos y equipamiento de seguridad se torna aún más grave en el interior de la provincia, donde pequeños hospitales y Caps (Centros de Atención Primaria) no cuentan ni con los más mínimos recursos. Las camas de terapia intensiva aptas para recibir pacientes con enfermedades complejas son aproximadamente 400 (334 con respiradores), durante la pandemia no se agregaron más camas en la provincia, solo se aumentó su complejidad. La mitad de esas camas siempre estuvieron ocupadas por pacientes con otras patologías, es decir que un pico de casos podrirá poner al sistema de salud provincial en serios problemas.

La cuarentena le ha venido como anillo al dedo al gobernador Manzur para tapar la catarata de protestas que se venían realizando entre los trabajadores estatales y especialmente entre en personal de salud. Los trabajadores de hospitales y Caps estuvieron en la primera línea de combate contra el intento del gobernador de desconocer un acuerdo salarial y quitarles a los trabajadores la cláusula gatillo. Al inicio de la cuarentena, el gobierno tuvo que recular parcialmente ante el aumento de la protestas. Los salarios del sistema provincial de salud eran miserables antes del aislamiento y lo siguen siendo ahora, lo mismo con la degradación de las condiciones laborales que no tiene fin.

Durante la jornada del viernes salió a la luz que la precarización laboral no es solo propiedad de Manzur: 30 médicos que trabajaban en Termas del Rio Hondo (Santiago del Estero) denunciaron que el gobernador Zamora cerró las fronteras provinciales y no les permitió ingresar más a cubrir sus puestos laborales, es decir, los dejó sin cargo y sin sueldo.

La precarización laboral y los bajos salarios han sido denunciados una y otra vez en la provincia: desde despidos de personal de limpieza en el Hospital de Familia hasta contrataciones en negro en hospitales de la Capital, pasando por faltantes de insumos de seguridad y hasta de seguros de trabajo y obra social. El gobierno ha tenido en la burocracia de Atsa (salud) un aliado incomparable en esta destrucción de la salud en la provincia. Necesitamos sindicatos independientes que unan a todo el personal de la salud provincial para luchar por un salario igual al costo de la canasta familiar y por el ingreso a plata permanente de todo el personal de salud, así como la realización del conjunto de las reivindicaciones que se han señalado.