A medida que los contagios se expanden por el interior del Chaco, se va evidenciando la precariedad del sistema de salud de la provincia. Al colapso del hospital público de Tres Isletas, se le suma la saturación del Sáenz Peña -el segundo más importante de la provincia. En el hospital de Villa Ángela acaba de renunciar el director por una denuncia de acoso sexual, en el mismo momento en que se descubre el primer caso positivo de Covid-19.

El sistema de salud del Chaco se basa en los constantes traslados de pacientes de un hospital público o sanatorio privado de menor jerarquía a otro de mayor complejidad, terminando los pacientes siendo derivados a Resistencia u otra provincia, por la insuficiencia de insumos y maquinaria adecuada para el tratamiento de determinados casos. Esta metodología comenzó a ser cuestionada por el organismo de seguridad social, el Insssep, por el costo que acarrean los traslados. Cuestionamiento que evidencia la precariedad del sistema sanitario. Por este motivo, el reclamo de más ambulancias es recurrente en las distintas ciudades por parte de pacientes y del personal de salud.

El organismo que acusa el gasto -junto con el gobierno provincial- ha hecho recaer, por la falta de infraestructura y complejidad sanitaria, la atención médica en los pacientes y afiliados. El instituto abona una ínfima parte del costo de consulta médica, posibilitando el cobro de un plus, que paga el paciente para ser atendido. Incluso ahora, que han resuelto duplicar el costo de la consulta, solo cubren el cincuenta por ciento de la misma. Así, mientras las consultas equivalen a mil pesos o más, el Insssep solo paga la mitad de ese valor. Las medidas van detrás de la realidad diaria de miles de pacientes y afiliados.

Si la situación estructural de los hospitales públicos es endeble, los sanatorios privados no están en mejor posición. Los casos de Covid-19 se han expandido también por ellos. En Sáenz Peña los pacientes con coronavirus terminan aislados en un hotel por no existir salas preparadas para pacientes con coronavirus. Además, acarrean desde el año pasado un conflicto con Pami que los denunció por presentar documentación adulterada, haciendo peligrar la cobertura de la obra social nacional.

La crisis sanitaria amerita la centralización del sistema de salud público y privado para disponer de las camas necesarias. Es urgente regularizar a todo el personal de salud, con los derechos correspondientes y en planta permanente. Se vuelve imperioso abrir los libros contables del Insssep y ponerlo bajo control de sus trabajadores y afiliados.