Salud

3/9/2020

Chaco: por la desescalada, proliferan los casos de Covid-19 en Villa Ángela

El gobernador Jorge Capitanich (izq) con el intendente de Villa Ángela, Adalberto Papp.

El gobierno nacional, así como el provincial y los municipales de Chaco, llevan a cabo desde hace meses una campaña de desescalada de la cuarentena con la intención de “impulsar” la recuperación económica, que ha provocado un aumento de los casos de contagio de Covid-19. Esta política ya ha ocasionado el colapso del hospital de Tres Isletas y lo mismo se espera que pase en el hospital de Sáenz Peña. Los tres poderes gubernamentales intentan tapar las consecuencias de sus propios actos, montando un show de individualización y criminalización de los portadores del virus y de sus proliferadores.

En este marco hubo un brote reciente en Villa Ángela, que saltó recientemente de no tener ningún caso registrado (hasta el 27 de agosto) a acumular 15 casos al miércoles 2.

En un acto de disparate judicial, se responsabiliza a un bar y a un portador del virus por la proliferación de los contagios. El absurdo radica en que el
comercio fue habilitado y no controlado por el municipio, dejando a la voluntad del comerciante el respeto por las normas de cuidado sanitario -cuando lo que está en juego es el colapso del mismo sistema de salud, que no tiene las instalaciones adecuadas para tratar un contagio masivo.

La responsabilidad por el cuidado del sistema sanitario es responsabilidad de los poderes del Estado, así como la amenaza que ahora se cierne sobre el mismo por su apoyo a una desescalada sin control.

También es evidente el show que montaron para desviar la atención sobre los verdaderos responsables. Al observar de conjunto las actividades habilitadas se notaba que, desde hacía tiempo, no se respetaba el protocolo de ir a hacer la actividad e irse a su casa, sino que las personas se quedaban conversando. De esta manera queda todo liberado al azar o a la denuncia particular de los vecinos. Una locura de irresponsabilidad y desligue estatal.

Quien lleva el estandarte del show es el fiscal Sergio Ríos, que actuó “de oficio” ante unos tweets de un portador, pero no lo hizo con las denuncias por redes sociales a los
policías por flexibilizar los controles. La objetividad del fiscal se pierde en el humo de sus declaraciones, quien primero llamó a no criminalizar a los portadores y luego los criminaliza. Un sinsentido total.

Pero el rey del show es el municipio, que en un acto de irracionalidad, no descontinúa la desescalada y deja a voluntad de los comerciantes el cierre de sus actividades.

Es necesario detener la desescalada hasta que se resuelva la red de contagios. Que se garanticen recursos económicos para la asistencia alimentaria de personas en estado de vulnerabilidad, para que no rompan la cuarentena; así como mayores recursos materiales y humanos para la asistencia médica de los pacientes contagiados y extremar los controles municipales con un personal con protección adecuada a la tarea.