08/05/2020

Con 237 casos, en la Villa 31 denuncian que los testeos “son una burla”

Mientras tanto, la Legislatura Porteña vota un ajuste en la vivienda.

Foto: Fede Imas, Ojo Obrero Fotografía

Los casos de coronavirus en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires siguen creciendo: al día de hoy se registran 365. Mientras se revelaban estos números, la Legislatura porteña votaba una ley de emergencia presentada por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que recorta a la mitad los ingresos del Instituto de Vivienda de la Ciudad y por lo tanto el presupuesto destinado a la vivienda y urbanización.


Los contagiados ya suman 100 en la Villa 1-11-14 y alcanzan los 237 en la Villa 31.


En una recorrida que realizamos con compañeras del Polo Obrero de la Villa 31, se puede ver el estado en que se encuentra el barrio. La supuesta urbanización de la que el gobierno de Larreta hizo alarde durante mucho tiempo, no es más que una fachada. Y ni siquiera eso.



El hecho de que durante nueve días hayan estado sin agua y que hayan tenido que romper la cuarentena para cargar baldes por más de una cuadra, es solo una muestra de la situación general. Las inundaciones y las filtraciones en la zona de bajo autopista, donde quedaron las casas de quienes fueron relocalizados, son moneda corriente. Trasladan a algunas familias y a otras las dejan conviviendo con los escombros y la basura que se junta en las casas deshabitadas. Mientras tanto, las familias trasladadas deben lidiar con la dificultad de pagar el crédito por el nuevo departamento. Esto cuando la falta de trabajo durante la cuarentena se ha agudizado fuertemente.


Ante la pregunta de si le llegaron elementos de higiene, una compañera responde que “de parte del gobierno, nada”.


Recién esta semana, desde el Ministerio de Salud empezaron a hacer recorridas en el barrio. Una vecina nos comenta que en el día de hoy fueron a su casa: “es una burla. No es un testeo, es una encuesta para llenar planillas”. Si no tienen síntomas no les realizan el hisopado, por más que hayan tenido contacto con alguien que haya dado positivo. Es evidente que la salud de los vecinos de las barriadas no es una emergencia para el gobierno de la ciudad.


"El Ministerio de Educación tiene agua, McDonald's tiene agua y nosotros somos los únicos del barrio que no podemos acceder a ese agua”, denuncia María del Carmen.


En estas condiciones es que este jueves 7 la Legislatura aprobó la ley que reduce los ingresos del Instituto de Vivienda de la Ciudad, provenientes de los impuestos a los juegos de azar, del 70% al 35% de los mismos. Es decir, recortando a la mitad los fondos que son destinados a la urbanización y las necesidades básicas de los barrios populares. Vecinos y compañeros de los barrios junto con el Polo Obrero nos movilizamos, con las medidas de seguridad y protección personal necesarias, en rechazo a este ajuste. Y en el recinto, el legislador Gabriel Solano, junto con el bloque del Frente de Izquierda, votaron en contra y llevaron estas denuncias.


Exigimos la inmediata derogación de la ley y el  acceso al agua potable y la real urbanización de las villas. La extensión y aumento del subsidio habitacional, contemplado en la ley 690. El incremento de alimentos a los comedores populares. El aislamiento de los casos positivos en condiciones seguras, testeos masivos y reparto de kits de higiene a las familias. Y un seguro al desocupado de $30 mil pesos.  



 

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Editorial. Escribe Néstor Pitrola