Recientemente los medios dieron a conocer que de 11.506 trabajadores de la salud pública, 3.472 no están efectivos. Estos números corresponden a diciembre de 2019, con lo cual debería sumarse al menos los 700 contratados por la pandemia, declarados por el gobierno de la provincia. Así las cosas, en Córdoba cada 4 trabajadores hospitalarios, casi 1,5 están trabajan en condiciones precarias. Los cálculos no contabilizan a los más de 950 residentes que trabajan en los hospitales públicos de Córdoba, sin siquiera ser reconocidos como trabajadores.

El 30% de trabajadores precarios en la salud supera en un 50% la media del resto de las dependencias estatales, donde el personal contratado ronda el 15%. El resultado es que, en la provincia a diciembre de 2019, de un total de 129.488 agentes el 14,8% son contratados. A pesar de lo alarmante de las cifras, estos números no son nuevos. Ya en 2010 de los 111.680 agentes, el 15,1 % eran contratados. Sin duda estamos ante una política deliberada del gobierno del PJ que lleva más de una década aplicándola.

El gobernador Schiaretti ha hecho de la excepción una regla. La constante precarización laboral en los hospitales públicos no sólo implica un ahorro considerable para el Estado, sino que juega como un factor de disciplinamiento y fragmentación dentro del colectivo de trabajadores. Las renuncias de profesionales que trabajan durante más de cuatro meses sin cobrar es una constante. Ahora, en plena crisis sanitaria, cuando el faltante de personal pone en jaque al sistema de salud, Schiaretti aprovecha para profundizar su orientación precarizadora. Es así que el escaso personal incorporado ha sido bajo contratos a término, mientras que se extiende por seis meses la beca a los residentes del último año.

Precarización y pandemia

La proliferación de los contratos, monotributos y la extensión de las residencias, combinado con la transmisión comunitaria del Covid-19, configuran un coctel explosivo. Además de la consecuente inestabilidad laboral, la precarización viene acompañada de una baja salarial. En el caso de las y los médicos que accedan a un contrato su sueldo depende de las características de contratación, están privados de acceder a la recategorización correspondiente y no cuentan con el derecho a licencias prolongadas bajo ningún concepto. Pero la peor parte se lo llevan enfermeras contratadas y residentes que cobran $41.000 y $35.000 respectivamente o las y los monotributistas que cobran hasta $20.000, y se encuentran en un completo estado de inestabilidad y vulnerabilidad ante presiones de funcionarios y directivos.

Esta situación en muchos casos empuja a cientos de profesionales a buscar otros trabajos para completar sus ingresos. Hoy esta realidad se ha transformado en un elemento de extrema delicadeza. Los casos de profesionales contagiados en actividad porque no se le brindan las medidas de seguridad necesarias se suman a diario. Esto no sólo pone en riesgo su salud y la de sus familias, sino que los convierte en potenciales agentes de transmisión.

Para más, en estos días los precarios y magros salarios de las y los trabajadores que están en la primera línea de batalla han recibido un nuevo golpe. Con el pago de abril no se ha liquidado el bono de $5.000 dispuesto por el gobierno nacional. El ataque es tan brutal, que hasta la burocracia oficialista del SEP tuvo que salir a denunciarlo, luego de ser quienes le firmaran a Schiaretti la peor paritaria de la provincia para el personal de salud (un 17% en cuotas).

La lucha contra la pandemia parte hoy de la defensa de las condiciones laborales del personal de salud, comenzando por garantizar su estabilidad, un salario que permita desarrollar una tarea de exclusividad, y todas las medidas de protección personal necesarias para evitar el contagio. En este sentido es que UTS (Unión de Trabajadores de la Salud) ha llamado a poner en pie los hospitales, con la organización de comité de seguridad e higiene electos por las y los trabajadores, que puedan receptar cada denuncia y tomar en sus manos el control de los recursos necesario para combatir la pandemia. Desde la bancada del Frente de Izquierda, con Soledad Díaz, hemos impulsado un proyecto de emergencia sanitaria y trabajamos junto a residentes, enfermeras, médicos/as y trabajadores de la salud en general en nuevas presentaciones por el pase a planta de los contratados, la incorporación a planta de los residentes que finalicen el último año y un aumento salarial de emergencia.