En una entrevista otorgada a Radio Nexo (FM 93.6 de Villa Allende, 21/4) Ariel Moreno denunció persecución laboral luego de que ese medio difundiera las preocupantes condiciones en las que funciona el geriátrico en el que trabaja.

El incumplimiento de los protocolos de seguridad en los geriátricos ha salido a la luz luego de que se conociera la situación del Hogar Santa Lucía, de la localidad de Saldán, donde se contagiaron 65 personas vinculadas a este centro: 30% del personal y el 74% de los residentes. Sin embargo, son escasas las denuncias que circulan en los medios de prensa local, lo que pone en evidencia el cerco mediático que existe para encubrir la falta de controles estatales. Los trabajadores de la salud están recibiendo mensajes intimidatorios por las denuncias que realizan, en una suerte de cacería de brujas que, mientras los colocan en el pedestal de bronce como los “héroes anónimos”, los queman en la hoguera si denuncian la falta de condiciones de seguridad.

El caso de la residencia “El Ángel”

Ariel Moreno es delegado de ATSA y expuso que los dueños del geriátrico en que trabaja no brindan suficientes materiales de prevención sanitaria ni cumplen con las normas de bioseguridad y adeudan parte del salario del mes de febrero al personal. Ariel es personal de mantenimiento en “El Ángel S.A”, ubicada en pleno centro de la ciudad de Córdoba, propiedad de Tomás Saavedra y Diana Portella quienes a su vez son dueños “Hogar ecológico Tomás y Aurelia” de Villa Allende.

Las residencias geriátricas son parte del negocio de la salud: reciben derivaciones del PAMI y residentes privados que aportan a razón de $45.000 por mes. Mientras tanto, incumplen los términos del convenio laboral que establece 1 enfermero, 1 auxiliar, 1 mucama y 3 asistentes para 20 residentes ambulatorios. Si los residentes están postrados, se requieren mayor cantidad de asistentes. Esta proporción es totalmente desconocida por la patronal, favorecida por la falta de controles estatales.

La tarea del personal, las enfermedades laborales y las posibilidades de contagio se incrementan: "No existe el protocolo de bioseguridad. No dan barbijos, dan poca cantidad de guantes, faltan insumos para la limpieza. Lo que pasó en Saldán va a volver a ocurrir. Pero ni el Pami ni el Ministerio de Trabajo, ni el Ministerio de Seguridad realizan los controles para supervisar estos centros: ´hacen la vista gorda´. Vamos a hablar de tragedia, no solo para los ancianos, también para los trabajadores”. Los trabajadores de la sanidad cobran un salario promedio por debajo de la canasta familia (asistente geriátrico, en marzo, $32.881,56) que se integra con sumas en negro, sin contribuciones patronales y sin el pago a las obras sociales con el que a duras penas están llegando a fin de mes.

Mientras este delegado cumple con el rol que le asignaron sus compañeros (velar porque la patronal cumpla con las condiciones de trabajo y el salario de sus representados) y con su tarea como empleado, la patronal profundiza el ataque: ante sus reclamos reiterados y documentados, Ariel recibió como respuesta una denuncia por parte del apoderado de este último centro, Walter Dubersarsky, quien lo acusó de incumplir los protocolos de bioseguridad. Acto seguido le impidieron el ingreso al centro y como muestra de profundo desprecio, le pagaron parte del sueldo adeudado en la calle.

Nos organicemos para denunciar la desidia del Estado

El caso de Ariel no es un caso aislado: desde que comenzó la cuarentena, nuestra banca legislativa puso a disposición un número de teléfono para efectuar denuncias ante los incumplimientos patronales; es escandaloso el número de denuncias recibidas por parte de trabajadores de la salud que ven violentadas las condiciones en las que deben prestar servicios.

Sin condiciones de seguridad, se exponen y exponen a la propagación del Covid-19.

Llamamos a los trabajadores a denunciar los incumplimientos patronales ante las medidas de seguridad necesarias para enfrentar la pandemia, incluyendo al propio estado, que ha dejado de realizar controles en las residencias geriátricas. La imagen de un “Estado presente” cae por su propio peso ante el abandono de la tarea por parte de los organismos que debieran ejercerlo.

Se hace imprescindible una política para enfrentar la pandemia que consiste en la centralización del sistema de salud, su unificación bajo control de los trabajadores para investigar, producir y elaborar todos los elementos e insumos necesarios. Un sistema único de salud para contar con todos los servicios de la medicina pública y privada y con los geriátricos organizados para cuidar efectivamente a los adultos mayores y al conjunto de la población. Exigimos la apertura de los libros de las empresas que lucran con la salud y que las ganancias se destinen a la inversión en infraestructura, equipamiento, insumos y personal para la prestación de los servicios que ofrecen, cumpliendo con las condiciones establecidas en los convenios colectivos.

Debemos conformar comités de higiene y seguridad electos por los trabajadores en cada establecimiento para controlar el cumplimiento de todas estas medidas y exigir testeos para todos los trabajadores de salud, públicos y privados. La salud no puede estar en manos de quienes hacen con ella un negocio.