La situación epidemiológica contradice el optimismo del gobierno de la provincia de Córdoba, que presenta la pandemia como controlada. El pasado viernes se informaron 497 personas infectadas de coronavirus, el máximo de contagios en un día desde el comienzo de la pandemia. Y el sábado se registraron 424 nuevos casos y se confirmó el fallecimiento de ocho personas, el mayor número de víctimas en veinticuatro horas.

La provincia ya superó los diez mil casos de Covid-19, la curva de contagios está en franco ascenso y la transmisión comunitaria a flor de piel. En este marco, el gobierno de Juan Schiaretti le pidió a la Nación que se habiliten en la provincia las reuniones familiares los fines de semana, según las autoridades “por las condiciones que tiene Córdoba”. Es claro que la posición tiene que ver con una orientación política de continuar con una apertura en beneficio de los capitalistas.

Además, durante una etapa, voceros del gobierno pusieron el acento en las reuniones sociales como uno de los mayores focos de contagios; ahora las promueven en pleno ascenso de la pandemia -una contradicción irrefutable. De seguro cuando los casos sigan subiendo harán hincapié en la “responsabilidad individual”, buscando eludir la responsabilidad del gobierno en el aumento de los casos, entre otros motivos, por la falta de testeos y de respuestas a los reclamos de las y los trabajadores de salud.

Hoy Córdoba está entre las provincias más afectadas en cantidad de contagios diarios y de trabajadores infectados. Por eso el sistema de salud tiene una situación preocupante, la mortalidad de los pacientes está en ascenso. Pero el gobierno dice estar preparado para afrontar la pandemia. Para ello incurre en poner el acento en la cantidad de camas críticas ocupadas, que tienen un porcentaje que se aproxima a un cuarto del total disponible. Con la curva de contagios en ascenso, pronto tendrán que buscar otro indicador para presentar mejor una orientación que está fracasando en garantizar la salud de la población.

El COE

El gobierno decidió bajar el perfil del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), que ahora solo recomienda medidas a los municipios. Al inicio de la cuarentena, y durante la misma, el gobierno a través de este comité intervino de conjunto de la vida de la provincia de Córdoba, reprimiendo y avasallando libertades democráticas. Ahora, con los casos en auge, pasa a un segundo plano para darle más protagonismo a los intendentes.

De este modo, el gobierno provincial busca repartir las responsabilidades políticas que le caben en el manejo de una situación sanitaria que se agravó. Cabe señalar que el COE viene siendo apuntado por las y los vecinos por dejarlos abandonados: luego de realizar los cordones sanitarios y realizar hisopados de manera muy limitada, no regresa. Son numerosas las denuncias que señalan que familias aisladas, que viven de changas, no reciben la asistencia necesaria para pasar semanas dentro del cerco.

Apoyemos los reclamos de las y los trabajadores de la salud

En este marco, el gobierno ha realizado una limitada convocatoria a más personal de salud. “La contratación será de carácter eventual por tiempo determinado”, afirmaron desde el Ministerio de Salud de la provincia. Se trata de una improvisación, precaria, como resultado principalmente de la falta de profesionales que se viene denunciando desde antes de la pandemia.

Vale señalar que los contagios entre trabajadores de la salud son alarmantes. Sin dudas es el resultado de la precarización laboral y de la falta de equipos de protección de la calidad y en la cantidad necesarias. Esto reduce aún más la cantidad de trabajadores disponibles y resiente aún más la atención. Las y los activistas de la salud vienen denunciando todo esto, y el gobierno respondió con una política persecutoria. Un ejemplo de esto son los traslados, como el del compañero Víctor Castro, quien junto a sus colegas viene reclamando por todo un pliego de demandas.

En este contexto es fundamental atender los reclamos de las y los trabajadores de la salud. Además se hace necesaria la centralización de todo el sistema, y la asistencia a las barriadas populares para que puedan tener todas las medidas de bioseguridad, porque con hambre no hay cuarentena.