02/06/2021
Segunda ola

Córdoba: los más de 5.000 casos exigen un urgente plan de medidas

El gobierno de Schiaretti no da respuestas ante el desastre sanitario.

Córdoba registró un nuevo récord de casos de coronavirus y de personas fallecidas. El reporte oficial de las últimas 24 horas indicó 5.132 contagios y se informaron 43 nuevos fallecimientos por la enfermedad. Con estas cifras, y por tercer día consecutivo, la provincia es el segundo distrito más afectado por la pandemia a nivel nacional, superando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -que registró en la jornada de ayer 2.430 contagios.

El informe oficial también indicó que del total de casos de Córdoba 2.135 corresponden a la capital y 2.950 a los departamentos. En el interior provincial los contagios se concentran sobre todo en los conglomerados urbanos de ciudades como Villa María, Río Cuarto, San Francisco.

En las últimas dos semanas la provincia pasó de 1.510 personas internadas a 2.514. Esto representó un salto del 45,7% del total de camas críticas al 76,11%. La internación de adultos con asistencia de respirador ocupó 42 lugares más que el día anterior.

Esta descripción alcanza para comprender que hay que resolver un plan de acción, que el gobierno de Juan Schiaretti no ha establecido. Se habla de que es posible un adelanto de las restricciones que se realizarían una vez ocupado el “80% de las camas críticas”; funcionarios de la provincia sostienen que es “cuestión de tiempo”. Pero eso es justamente lo que no hay, porque es evidente que los casos de contagios siguen un curso ascendente, lo que prefigura una mayor presión sobre un sistema sanitario que ya está en situación de colapso.

Con el objetivo puesto en la vacunación para bajar la circulación del virus, lo que corresponde es proceder a aplicar estrictas restricciones desde ahora con un plazo determinado para la inoculación de la población vulnerable (por enfermedades previas, edad, etc.) y la económicamente activa. También corresponde un plan de testeos masivos financiados por el Estado y las empresas, y comités y protocolos de bioseguridad bajo control de lxs trabajadores. Esta medida resulta vital en momentos en que la responsabilidad patronal en los contagios va quedando al desnudo.

El otro aspecto urgente es proceder a suspender las clases presenciales, como reclamaron los docentes en caravanas autoconvocadas. Sostenerlas en este caso va contra todo principio de preservación de la población: como señala Susana Rins en otra nota de Prensa Obrera “los contagios en menores de 14 años representan casi el 9,18% de los casos diarios, con un crecimiento del 542% respecto de los registrados el año pasado. El dato es contundente si tenemos en cuenta que durante el 2020 no hubo educación presencial”. Pero eso no implica suspender la educación, sino que el Estado disponga los elementos de conectividad, wifi y computadoras para que ningún estudiante quede afuera del sistema.

El problema de las restricciones para gran parte de la población trabajadora precarizada es que no recibe ningún tipo de asistencia, y que no tiene margen para soportarlas. Un caso testigo de esa porción de la clase obrera son lxs feriantes, cuyo número creció atizado por el desempleo. Para garantizar las condiciones de que las restricciones, que obligadamente hay que producir para impedir un desastre sanitario, resulten efectivas es necesario que todos los hogares tengan acceso a los medios elementales de vida por eso hay que resolver un seguro al desocupado de $40.000, y un salario mínimo igual a la canasta básica.

Este crecimiento de casos de las últimas semanas va a repercutir fuertemente sobre el sistema sanitario en los próximos días, sin que estén las condiciones necesarias para afrontarlo. Esta situación fue largamente advertida por lxs trabajadores de la salud, que siguen reclamando más personal, presupuesto para infraestructura, salarios, entre otras reivindicaciones que llevan años sin ser satisfechas.

La gestión del gobierno tampoco tiene margen para declarar que pondrá más camas críticas. Sencillamente porque va quedando más claro que nunca que no hay personal que las atienda. A la par que hay satisfacer los reclamos de los trabajadores del sector, es necesario centralizar el sistema de salud para optimizar el uso de los recursos y procurar nuevos; esto debe ser controlado por los profesionales y personal de la salud.

Los responsables

La razón de fondo en este cuadro crítico es que la orientación oficial es llevar adelante un programa de prerrogativas impositivas a los capitalistas, millonarios presupuestos para obras no esenciales pero lucrativas para la patria contratista, en lugar de invertir los recursos para proteger la salud de la población.

La oposición patronal en la provincia comparte la dirección del gobierno en el manejo de la pandemia, porque le es íntegramente funcional a los capitalistas para quienes Schiaretti viene gobernando, y de los cuales disputan su representación.

La gravedad de la situación ha obligado al gobierno y a los empresarios a evaluar un cuadro de restricciones. Marcelo Urribarren, presidente de la Unión Industrial de Córdoba, declaró a Cadena 3 que “la industria apoya las restricciones, al tomar mayor consciencia de la situación: un 50% aprueba las restricciones, otro porcentaje no está tan de acuerdo, pero en general el apoyo es mayoritario”. Sin embargo, agregó que “se cree que será algo más intermitente, con cierres totales y aperturas”. En verdad, es el curso que ya se viene tomando, a medida de los capitalistas y por un período de tiempo menor al que consideran sanitaristas.

“¡Basta de pobreza, contagios y muerte! Por una salida de las y los trabajadores a la crisis sanitaria y social”, con esa consigna expresada en un manifiesto al pueblo trabajador, el Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad plantea una intervención desde el campo de lxs trabajadores al desastre sanitario y económico en curso. Solo la clase obrera puede darle una salida a la crisis.

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