Mucho antes de que llegue el pico de afectados por el Covid-19, el sistema de salud en Córdoba ya expone fisuras por todos lados. A las decenas de denuncias por parte de trabajadores de la salud municipal y provincial, que recorren las redes sociales, se suma la extrema precariedad en la que les residentes entra en esta nueva etapa de la pandemia.

En un clima de incertidumbre e improvisaciones, las direcciones de los hospitales han dispuesto una serie de medidas arbitrarias que agravan las condiciones laborales de uno de los eslabones más explotados del sistema sanitario.

Mientras en todos los hospitales destinados a la atención de la pandemia han suspendido las rotaciones a sus residentes, convocándolos a volver a prestar servicio en los hospitales de origen a partir del 1° de abril; en otros casos, mediante presiones y extorsiones, los jefes en diversos servicios han intentado suprimir el descanso posguardia a pesar de que están fijadas en las reglamentaciones de estos hospitales. Sin embargo, en los otros, la mayoría de los hospitales, las reglamentaciones no prevén descanso posguardia, especialmente en los servicios de cirugía y traumatología, exponiendo a les residentes a jornadas extenuantes de trabajo.

Por otro lado, otros tantos residentes han sido enviados a hacer cuarentena a sus casas, mientras refuncionalizan las salas donde cumplían sus servicios para la atención de pacientes sospechados de Covid-19, cerrando virtualmente estos servicios, en este caso con el agravante que supone la incertidumbre de no saber a dónde serán convocados a trabajar.

Las improvisaciones forman parte de las pruebas piloto que lanzan los funcionarios para cubrir el faltante de profesionales de la salud en los hospitales provinciales, municipales y nacionales de Córdoba, un problema crónico que se ve agravado con la expansión del coronavirus en la provincia. Los hospitales se ajustan así a las directivas de Schiaretti, quien ha dispuesto el “reforzamiento del sistema de salud” con $1.200 millones de pesos (el equivalente apenas al 5% del presupuesto provincial en salud) y la incorporación mediante contrato de 700 nuevos profesionales de la salud, una respuesta verdaderamente miserable para un sistema sanitario ya en crisis.

Así las cosas, los residentes que al día de hoy cumplen con 300 horas de trabajo mensual (en el mejor de los casos) por un salario que no alcanza los $35.000 (muy lejano a los $40.000 de la canasta básica familiar), que en épocas invernales les suprimen el posguardia obligándolos a permanecer 32hs. seguidas atendiendo pacientes, y que se encuentran expuestos diariamente a todo tipo de agresiones frente a las carencias del sistema de salud, serán uno de los sectores más golpeados por la pandemia.

El gobierno nacional ha comenzado esta carrera al suspender el ingreso de nuevos residentes por examen Unificado y extender el contrato y la promoción de les residentes y concurrentes de último año hasta agosto. Esta resolución implica la extensión por cuatro meses de la situación de informalidad en la que trabajan les residentes, sin aporte, sin derecho a ser recategorizados, sin estabilidad laboral y con salarios miserables. Aunque aún no es pública la adhesión a la provincia a esta medida, es claro que Schiaretti buscará suplir el faltante de profesionales en los hospitales sobre la base de extender la precarización y superexplotación de les trabajadores en general y les residentes en particular. Sin embargo, en la provincia hay más de 3.600 profesionales de la salud disponibles para ser incorporados en el sistema, así lo ha revelado la inscripción masiva de profesionales en la convocatoria oficial.

En este cuadro, la defensa de las condiciones laborales de les residentes, el rechazo a los aprietes y atropellos, pasa por impulsar la organización de comisiones y asambleas de residentes en cada hospital para defender el calendario académico, reclamar la reducción de las jornadas laborales, defender el derecho al posguardia, para reclamar el cobro del bono de $5.000 y su incorporación al básico, para rechazar la postergación de las promociones y exigir el pase a planta de todos les residentes que finalizan su residencia y, finalmente, que se garanticen los insumos, el equipamiento de protección personal y la formación específica necesaria para afrontar la pandemia. Como lo vienen demostrando los residentes en CABA, el mejor blindaje frente a la pandemia es la organización.