El viernes 4 de septiembre se conoció que en el Geriátrico Parque de Cosquín hay al menos 54 casos positivos de Covid-19. El brote en la residencia, ubicada en el barrio Altos Mieres, es uno de los más grandes de la zona, tal como reconoció el propio intendente de la localidad, Gabriel Musso.

En el lugar estaban alojadas 80 jubiladas y jubilados. Todas personas de riesgo. que sin embargo no están siendo atendidas como corresponde. Hay un cruce de declaraciones entre el abogado del geriátrico, el Pami, y el gobierno provincial, y mientras tanto las personas de la residencia esperan que se haga efectivo su derecho a la salud.

El abogado de la residencia, Julián Basaldúa, exigió atención por parte de la provincia. En Radio Mitre, declaró: “no tenemos ninguna aparatología, ninguna persona capacitada que hoy esté tratando a esos abuelitos. Hemos pedido un infectólogo, y no hemos tenido ni respuesta”. También expresó que “el COE (Centro de Operaciones de Emergencia) tiene la postura de que somos la obra social y nosotros los que nos tenemos que hacer cargo” de la situación. Desde el Pami, a través de Rubén Ovelar, se afirmó que no son una autoridad sanitaria, y que las y los usuarios deben permanecer en la residencia mientras no tengan síntomas.

Entre el gobierno de Juan Schiaretti y el Pami se está jugando un partido que las y los usuarios de las obras sociales ya conocemos. Mientras el Ejecutivo provincial afirma que han enviado equipamiento al geriátrico, y que desde el primer momento se estuvo en contacto con el centro, desde el Pami plantean que ellos no deben hacerse cargo ante el brote de contagios. El resultado: las y los trabajadores quedan afectados por este sistema, en manos del abandono estatal.

Esta una realidad que se extiende desde los primeros días de marzo, cuando se comenzaron a esparcir los contagios en el país. Los geriátricos son lugares en donde mayores cuidados deberían tenerse, y sin embargo se vuelven a producir brotes de Covid-19, mientras la caja del Pami es utilizada para financiar otros gastos y las jubilaciones son el blanco de las políticas de ajuste presupuestario.

Urge una intervención en defensa de la salud y de sus trabajadores, y en ese sentido insistimos en el reclamo de la centralización de todo el sistema de salud para dar una respuesta de conjunto a la crisis sanitaria. Además, es necesario un control de los geriátricos por parte de las organizaciones de jubilados, para garantizar condiciones de bioseguridad para residentes y trabajadores. Por directorios electos por el voto de trabajadores y jubilados en Pami y las obras sociales provinciales. Basta de intervención y vaciamiento.