Trabajadores de diversas áreas de salud, de clínicas y hospitales privados han hecho llegar denuncias de todo tipo respecto de sus condiciones laborales, y no solo referidas a la actual situación de pandemia, sino de largo arrastre.

El hospital Italiano, además de obligar a trabajar a trabajadores sospechosos de Covid-19, no garantizan los elementos de protección personal y no realizar testeos ante casos positivos dentro del nosocomio, carga con denuncias de maltrato al personal, amenazas de despido, sobrecarga de tareas y falta de pago de los aumentos conquistados.

El Sanatorio del Salvador, cuyos dueños tienen íntimos lazos con el gobierno provincial mediante la diputada nacional de Córdoba Federal y esposa del gobernador Juan Schiaretti, Alejandra Vigo, fue denunciado por les trabajadores porque les dieron dos unidades de “barbijos de tela” para cambiarse cada 4 horas, durante el turno de 8 horas y les sugirieron usar “manoplas de nylon” para ahorrar los guantes. A través de Recursos Humanos, los amenazan con suspensiones sin pago en caso de recibir quejas respecto del material ofrecido. Cobra gravedad la denuncia ya que dicho nosocomio atiende en su mayoría Pami, es decir, el grupo de máximo riesgo y ya cuenta con 3 casos de Covid-19 positivo. Tampoco se ha hisopado el personal, y en el caso de los trabajadores en riesgo o de más de 50 años, en vez de ofrecerles licencias pagas, reciben la propuesta del retiro anticipado a cambio de 2 sueldos.

En la clínica Chutro, denuncian la falta de elementos de protección personal teniendo también casos positivos de Covid-19. Dos de ellos son del geriátrico de Saldán, aislados mediante una especie de tela/cortina pero en el mismo piso que otros pacientes, lo que no cumple con las normativas reales de aislamiento. Tampoco fueron hisopados como medida preventiva. Para les trabajadores de esta clínica la situación es más grave, ya que además de ir a trabajar en pésimas condiciones, a la fecha no se les han abonado los salarios de febrero y marzo, se retrasaron bonos, aguinaldos, deudas de 2016; ni hablar de los aumentos. Según les trabajadores, los dueños y médicos a cargo, los doctores Enrique Fernández y Gastón Constantino aducen no tener fondos para poder pagar nada, aunque es una de las principales prestadoras de Pami, Apross, Daspu, además de recibir otras obras sociales y particulares.

El denominador común, la inacción del gremio

El derrumbe de la salud privada, a pesar del cerco mediático, ya tomó estado público con varios casos resonantes. Sin embargo, los trabajadores no recurren a sus organizaciones gremiales por miedo a las represalias que podrían sufrir por parte de sus conducciones que hacen la vista gorda y terminan arreglando a favor de las patronales.

ATSA, gremio de los trabajadores de sanidad privado, solo manifestó haber realizado una reunión el ¡¡viernes 17!! con el COE (Centro de Operaciones de Emergencia) donde expusieron la preocupación de sus afiliados frente a la falta de EPP y el incumplimiento por parte de algunos empleadores y empresas de las medidas de prevención y de la normativa del Ministerio de Trabajo de no suspender, ni recortar salarios.

Por su parte Amra Córdoba (Asociación de Médicos Argentinos) denunció en un comunicado ayer a Aclisa (Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de Córdoba) y a Caescor (Cámara de empresarios de la Salud) por no presentarse ante el Ministerio de Trabajo para llevar adelante una mesa tripartita a fin de discutir la actividad médica y los reclamos del sector en tanto a bioseguridad, salarios, jornadas extenuantes de trabajo, entre otros. Amra llama a denunciar dichos atropellos patronales… ¡en su casilla de correo!

Estas medidas son tardías y no buscan impulsar la movilización de miles de trabajadores que están al borde del colapso, sufren sistemáticos atropellos patronales que se agudizan durante la pandemia y padecen el nivel más alto de contagio de todo el mundo. La razón de esta pasividad son los lazos políticos y económicos que atan a las conducciones gremiales y a los colegios médicos con las obras sociales y los centros de salud, donde en algunos casos comparten dividendos.

En defensa del personal y de la salud del conjunto de la población se impone la necesidad de unificar el sistema sanitario público, privado y obras sociales, bajo el control de sus trabajadores. El Covid-19 ha encontrado una puerta de entrada en la salud privada que ha disminuido al mínimo la atención a sus afiliados y permitió el contagio comunitario.

Los trabajadores de la salud privada comparten los mismos reclamos que los del sector público y en muchos casos, se desempeñan en ambos lugares. La organización y la lucha de los hospitales públicos tienen que tender sus lazos hacia el sector privado, donde completamos nuestro trabajo para garantizar nuestra subsistencia.

Desde Tribuna de Salud y la bancada del Frente de Izquierda iremos a fondo con el reclamo de los trabajadores de la salud privada exigiéndole al gobierno que se garanticen condiciones laborales, de bioseguridad y que se contemple el bono nacional para quienes hoy están en la primera línea. A través de nuestra legisladora Soledad Díaz García presentamos un proyecto de ley en la Legislatura de Córdoba para que se centralice el sistema sanitario como una medida urgente y necesaria para impedir una catástrofe sanitaria y laboral.