Entre las últimas muertes por coronavirus confirmadas por el Ministerio de Salud de la Nación se cuenta la de un hombre de 80 años de Córdoba. El hombre fue asistido por una médica quien, a su vez, había atendido a un familiar de una mujer de 89 años que falleció el 31 de marzo por Covid-19. Tanto la médica, como los familiares de la mujer fallecida fueron contagiados. 

Este dato trasciende en paralelo a que en Saldán, en las Sierras Chicas, por el caso del médico que era portador asintomático de coronavirus se contagiaron 21 internos de una residencia geriátrica y seis empleados Por esta situación permanecen completamente aisladas las ciudades de Saldán, Mendiolaza, Villa Allende, Unquillo y Rio Ceballos.

Recién a partir de estas cadenas de contagios, el gobierno provincial resolvió testear a todos los equipos de salud, incluidos los que corresponden a Pami. La medida resulta tardía, insuficiente y hasta negligente ya que todos estos casos podrían haberse evitado con testeos y medidas de seguridad adecuadas para les trabajadores de salud. Se está poniendo en riesgo la salud de aquellos que deberán estar en la primera línea cuando la curva de contagio llegue al pico que se espera. Lo cierto es que la gravedad de los hechos ocurridos en Sierras Chicas llevó a estos testeos pero, mientras tanto, el gobierno pavimenta una campaña contra los testeos masivos en los medios oficialistas, donde se leen titulares que piden su uso racional: “Los testeos sirven para medir el pulso a una pandemia, pero son críticos. Pese a la incertidumbre de cómo impactará el nuevo virus, no es momento de malgastarlos, resumieron los especialistas” (La Voz, 13-04).

Hoy por hoy la provincia dice garantizar que los trabajadores de los hospitales Covid19 estén equipados con los elementos de seguridad, pero nos consta que esto no es así. En los hechos se reafirma que lejos de implementar la activación de fábricas que puedan producir barbijos, batas, máscaras y demás elementos, el gobierno ordenó cavar 2000 tumbas. Frente a la cadena de contagios en el geriátrico, inicio una demanda penal para responsabilizar al médico y dar una señal al resto de los trabajadores de salud aunque sea el mismo gobierno quien debía haber auditado y garantizado que cumpla con las medidas de higiene y seguridad. para trabajadores. La política del gobierno apunta a defender el negociado de las empresas de salud privadas a quienes pagará $2.500 por cada visita a pacientes sospechosos o con Covid positivo, la mitad de lo que percibirá en todo el mes un agente de salud que reciba el bono de 5mil pesos.

Lo mas grave de esta situación es que se insiste en los hospitales limpios y los hospitales Covid, cosa que es imposible controlar en una pandemia mundial, donde las personas afectadas asistirán al centro de salud más cercano y en tanto y en cuanto no se realicen los testeos masivos y se garanticen lo EPP para todo aquel agente de salud, se los expone al contagio. Sin ir más lejos, los pacientes contagiados en Saldán han sido internados en el hospital Italiano, donde no se encuentran aislados y ya se confirmó el caso de una cardióloga que dio positivo. Esto llevó a que se le realice el hisopado a les trabajadores que estuvieron en contacto con dicha médica pero, en lugar de aislarlos como medida preventiva, se los obliga a ir a trabajar con amenazas de descuento. Claramente les trabajadores de salud quedan expuestos al contagio y pasan de ser héroes salvando vidas, a ser asintomáticos que trasladan el virus.

Por último, existe entre les trabajadores de salud una masa laboral que no está dentro de los hospitales públicos ni las clínicas privadas o sí, pero que además desarrolla tareas de asistencia a domicilio, fundamentalmente para prestadoras privadas de atención domiciliaria relacionadas al Pami. Estas obligan a sus prestadores a brindar asistencia en casos que no son de extrema necesidad, obligándolos a violar la cuarentena y a exponer su salud y la de los pacientes. Lo más aberrante es que en ningún caso se han garantizado los elementos de seguridad, todo esto con el aval del Gobierno provincial y de las máximas autoridades del Pami que reciben las planillas de asistencia para luego abonar a quienes brindan las prestaciones los miserables pagos diferidos a 60 días.

Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda desde el primer día de cuarentena alertamos sobre la necesidad de avanzar en testeos masivos para detectar casos asintomáticos y exigimos que se brinden los elementos de seguridad personal al conjunto de los agentes de salud. 

En ese sentido, insistimos en la necesidad de la centralización del sistema de salud, donde se tome el control de las clínicas privadas y las obras sociales para poder tomar de conjunto todas las medidas necesarias que enfrenten la pandemia.