19/06/2020

Coronavirus, dengue y violencia institucional en el neuropsiquiátrico Esteves de Temperley

Hay 5 casos de Covid-19 confirmados y 21 en estudio. Los profesionales ya habían denunciado falta de insumos y de personal.

La semana pasada se confirmaron cinco casos de Covid-19 positivos en el hospital neuropsiquiátrico José Esteves de Temperley (Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires). Se trata de dos pacientes y tres enfermeras. Además, hay 21 casos en estudio.


La situación general del sector de Salud -donde se denuncia constantemente la falta de insumos, personal e infraestructura para abordar la crisis sanitaria que implica el crecimiento de la curva de contagios, y por consiguiente la gran exposición- se hace aún más grave en los hospitales psiquiátricos, por sus particularidades. En el caso del Esteves, hay alrededor de 600 mujeres internadas y la mayoría son de edad avanzada (46% arriba de los 60 años) y con comorbilidad -un combo muy peligroso.


Una bomba de tiempo


A fines de mayo, el Órgano de Revisión Nacional de la Salud Mental dispuso que en todos los hospitales monovalentes debía realizarse el testeo PCR, tanto al personal como a su población. Es que los hospitales neuropsiquiátricos son bombas de tiempo -parecidos a las cárceles- donde los contagios masivos son cuestión de días si no se toman las medidas necesarias. No solo por la concentración de gente, sino porque el personal que trabaja en esos hospitales también trabaja en otros nosocomios.


Las dos directoras del Esteves, María Rosa Roere y María Isabel Hartfiel en notas a medios locales y nacionales se dedicaron a relativizar la importancia del testeo masivo (Inforegión, 1/6) y a alabar al gobierno provincial de Axel Kiciloff y al municipal de Martín Insaurralde (Página 12, 25/5), asegurando que todo estaba bajo control pocos días antes de los casos positivos.


Pero mientras tanto, las y los trabajadores del hospital exigían la finalización de una obra para habilitar una sala de aislamiento preventivo, que evitaría la difusión de la enfermedad al reducir la circulación de los posibles contagiados (Auno, 2/6). También mejores insumos de bioseguridad, ya que el equipo de trabajo no es el que corresponde. Una enfermera denunció que “lo que tenemos es un camisolín de friselina, una máscara de plástico que no cubre bien y en un primer momento nos daban un solo barbijo para seis horas de trabajo, siendo que solo sirven durante dos horas, no tienen nada controlado” (Inforegión, 11/6).  Finalmente, denunciaban la falta de personal: para atender a las más de 600 pacientes. Este hospital funciona con cuatro médicos clínicos y un promedio de una enfermera cada 30 mujeres.


Por otro lado, en ese mismo pedido se remarcó que las licencias para el personal de salud son un derecho, y no se están respetando. Fue lo que ocurrió con María Esther Ledesma, del Gandulfo (también en Lomas de Zamora) quien solicitó seis veces la licencia antes de enfermar y morir por el coronavirus. Si faltaba algo para completar el cuadro, también se denunciaron casos de dengue positivos, lo que muestra la decisión de ni siquiera disponer recursos para evitar que una población tan vulnerable como las mujeres internadas en el Esteves y las y los profesionales que trabajan allí, estén expuestos incluso a enfermedades totalmente prevenibles.


Todo esto se planteó antes de que aparecieran los contagios. Si las autoridades y el gobierno de Insaurralde hubieran tomado en cuenta los pedidos de las y los trabajadores, quizás se hubieran podido evitar los contagios.



Mujeres, locas y pobres


La situación de vulnerabilidad de las internas del Esteves no es una novedad de la pandemia. El nivel brutal de violencia institucional que se ejerce contra ellas viene de mucho mas atrás. Por ejemplo, en 2016 varias denunciaron abusos sexuales y físicos por parte de un hombre de la limpieza, Abel Bordón, el cual hasta el año pasado seguía cumpliendo “funciones administrativas” en el hospital, aun cuando estaba imputado por abuso sexual con acceso carnal, según consta en la causa abierta en la UFI 9 de Lomas de Zamora. Las autoridades del hospital nunca dieron explicación alguna de esto (Infobae, 4/9).


Asimismo, la denuncia de las internas habilitó una investigación de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) cuyos resultados fueron lapidarios: violencia física y sexual, sobremedicación y uso de psicofármacos como castigo, vejaciones de todo tipo, mala alimentación, aislamiento forzoso durante días enteros, hacinamiento, esterilizaciones y abortos forzados, y podemos seguir enumerando. El informe de violencia institucional de la CPM de ese año determinó que la tasa de mortalidad en el sistema de salud mental bonaerense es incluso mayor que la de las cárceles. En el caso del Esteves, murieron 28 mujeres en 2018 (Infobae, 4/9/19).


En todo neuropsiquiátrico hay situaciones de arrasamiento de la personalidad y condiciones de vida denigrantes y violentas. Basta recordar que hace poco un interno del Hospital Borda murió tras ser atacado por una jauría. Sin embargo, en el ámbito del hospital mental femenino se entrecruza la violencia institucional que implica el encierro como forma de tratamiento para “curar” la enfermedad mental, con la violencia de género y la violencia económica. La mayoría de estas mujeres llevan años de institucionalización, han sido abandonadas por sus familias y son mujeres pobres. Muchas de ellas, antes de terminar encerradas, pasaron por todo de tipo de violencias y abusos en sus hogares o en otras instituciones. Casi todas fueron internadas por algún familiar y luego, como no tenían adónde ir, se quedaron allí. Así como en el caso de las mujeres que delinquen y son privadas de su libertad, las “locas” son mujeres que se han alejado del estereotipo de mujer “normal” del régimen capitalista, y el encierro en el manicomio, lejos de buscar “curar”, es una forma de castigo.


Más allá de que la “desmanicomialización” fue planteada para inicios de este año en la ley de Salud Mental de 2010, y ningún gobierno hizo nada para garantizarla, los gobiernos municipal y provincial sí deberían haber tomado medidas para no agravar con la pandemia las condiciones de vida de estas mujeres en contexto de encierro en el Esteves. Sin embargo, en 90 días no ha habido mejora alguna en ese sentido.


Mas que nunca necesitamos ampliar la deliberación entre los y las profesionales de la salud de todos los ámbitos para exigir al gobierno la centralización del sistema de salud. Necesitamos la disposición de recursos económicos, que en lugar de ir a pagar la deuda deberían dirigirse a garantizar el acceso a la salud de calidad a toda la población, incluida aquella que vive en contexto de encierro.



 

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