Las cifras dadas a conocer ayer por la Organización Mundial de la Salud (OMS) son pavorosas: 55.000 de los muertos por coronavirus en Europa (50%) son ancianos que estaban en distinto tipo de geriátricos “donde han reinado el desorden, la negligencia y el ocultamiento” mientras que en los Estados Unidos ya relevaron más de 10 mil donde, según el diario The Washington Post (22/4), “hay casos de Covid-19 en unas 1.350 instituciones”.

Los datos muestran el carácter criminal de la política de esos países imperialistas en el terreno sanitario, de la cual los geriátricos forman parte que, a lo largo de los últimos años y al ritmo de la creciente crisis capitalista, fueron reduciendo drásticamente las inversiones en los sistemas de salud y promoviendo al sector privado o que lo han convertido hace ya mucho tiempo en un fabuloso y lucrativo negocio, como es en los Estados Unidos.

Esto que vale para los países más desarrollados es igualmente aplicable a nuestro país, donde hay más de 6.000 geriátricos en todo el territorio nacional, con unas 250 mil camas que, a la luz de los casos que han saltado en estos últimos días -con el correlato de decenas de infectados entre internados y trabajadores de la salud y la aparición de los primeros casos fatales-, muestra a las claras la total falta de control oficial sobre estos centros de internación de adultos mayores.

Aunque el pico de la pandemia aún no llegó, ya han comenzado a explotar diariamente las “bombas de tiempo” de los geriátricos, que pueden convertirse en similares centros de infección y letalidad de los internados, como sucede en los de Europa y en los Estados Unidos.

Los autoridades sanitarias solo han intervenido luego de que salieran a la luz las denuncias de casos de infecciones o de familiares, pero no han tomado ninguna medida preventiva como el testeo rápido y semanal de los pacientes y el personal de los geriátricos, como lo reclamara el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, como forma de prevenir la diseminación del coronavirus. Y dio como ejemplo que en Alemania se testea diariamente a todo el personal y a los residentes para aislar ante una mínima presunción por Covid-19.

Y no es un tema ajeno a las autoridades oficales, no solo porque deben ser las que controlen a estos que deben ser centros de atención de la salud de los ancianos, sino porque directamente el Pami, que tiene unos cinco millones de afiliados, contrata servicios en 560 geriátricos del país. Uno de ellos es el geriátrico en Saldán, a pocos minutos de la ciudad de Córdoba, donde murió una paciente en medio de un contagio masivo.

El “dejar hacer” al negocio que se mueve detrás de los geriátricos, lo muestra una declaración “exculpatoria” de los sucesivos gobiernos por parte de un funcionario de la cartera de Salud, quien declaró a Clarín (22/4) que “entre el 2008 y el 2020, las autoridades pidieron a la Justicia la clausura de 15 establecimientos por denuncias de los municipios por incumplimiento de las normas y las causas siguen sin resolución. La última presentación se hizo el 17 de enero en un geriátrico de San Isidro”.

El peligro que sobrevuela sobre las decenas de miles de adultos mayores internados es de tal dimensión que hasta el propio diario La Nación (23/4) destacó que “las irregularidades en las residencias de mayores son una constante en todas las jurisdicciones del país. Los adultos mayores están expuestos más que nunca a los riesgos que pueden desatarse por la falta de control de las autoridades sanitarias y el mal manejo de los protocolos de atención de los dueños de muchos de estos establecimientos”.

En uno de los centros de expansión mayor de la pandemia, la Ciudad de Buenos Aires, hay un total de 478 establecimientos registrados donde están internados cerca de 16.000 adultos mayores, pero se estima que puede haber una cantidad apenas menor de geriátricos no registrados como tales, es decir que la población de riesgo en este tipo de centros podría alcanzar al doble de esa cifra. Ante este cuadro, el segundo de Rodriguez Larreta, Diego Santilli, consultado por los testeos, dijo que “los testeos masivos van a empezar por los trabajadores de la salud y que después será el turno de los trabajadores en geriátricos”, contraponiendo dos necesidades urgentes y dejando afuera a los pacientes de riesgo.

Esto, además, cuando llueven las denuncias de que no hay elementos de cuidado de la salud no solo de los adultos mayores sino del propio personal de la salud, en los distintos hospitales, como lo han planteado los residentes y concurrentes de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires.

Otro tema que han puesto de relieve los primeros casos de contagio masivo en geriátricos es el carácter precario y multiempleo de los trabajadores de la salud que trabajan en ellos, dado los salarios que cobran y que no alcanzan para vivir. Esto ahora, además, les multiplica las posibilidades de contagio.

Como ya señalamos en Prensa Obrera, el Covid-19 progresa sobre la base de la desinversión en las medidas y elementos sanitarios en el sistema de salud, en el sistema productivo, de transporte, en la educación, en los barrios y en toda actividad de circulación.

Para enfrentar la pandemia que consiste en la centralización del sistema de salud, su unificación bajo control de los trabajadores para investigar, producir y elaborar todos los elementos e insumos necesarios. Un sistema único de salud para contar con todos los servicios de la medicina pública y privada y con los geriátricos organizados para cuidar efectivamente a los adultos mayores y al conjunto de la población

Para esto se plantea ningún pago a los bonistas ni acreedores ni al FMI, impuestos progresivos al gran capital, defensa y restitución de los fondos de Anses y de las cajas provinciales para ponerlos al servicio y para la protección de los adultos mayores.