Con la cifra más alta de casos registrados de Covid-19 en la segunda ola, alta ocupación de camas U.T.I, llegada del invierno y circulación comunitaria de tres variantes del virus, el Gobernador Uñac resuelve levantar la licencia Covid-19 a personal de riesgo de los trabajadores estatales, sumando un ingrediente más a la falta de cumplimiento de protocolos por parte de la patronal y la ausencia de los gremios.

En el día de la fecha, no sorprende la decisión del Gobernador Uñac de crear un instrumento legal para que los trabajadores estatales con licencia Covid-19 y vacunados con una sola dosis, vuelvan a prestar servicios de manera presencial:” Hay casi 5000 estatales sanjuaninos con licencia Covid-19 y los vacunados deberán volver a trabajar” (Diario Huarpe, 14/05/2021). Esto, en el Centro Cívico, en el cual se aglomeran miles de empleados.

A esto se suma, la aparición en la provincia de tres variantes del Covid-19 “Nos han remitido en el informe oficial que entre las muestran se encontraban dos variantes correspondientes a la P1, Manaos, dos a la variante británica y una a la recientemente descubierta la C37, que es la variante andina” (Si San Juan, 14/05/2021).

Esta decisión es publicada luego de una intensa campaña de desprestigio a través de los medios de comunicación uñaquistas de los citados trabajadores, instalando en la población sanjuanina la valoración negativa de los estatales (al decir de los medios las licencias fueron otorgadas a personal que no cumplían los requisitos y que desde que empezó la pandemia están de vacaciones, tomando café en los bares, mientras el resto de sanjuaninos le “pone el hombro a la pandemia”.)

La realidad es que estos trabajadores no están de vacaciones, sino todo lo contrario, están realizando trabajo con la modalidad de teletrabajo, en horarios ampliados de lunes a domingo y sin horarios límites. A esto se suma que los mencionados agentes utilizan, para continuar cumpliendo sus funciones, herramientas propias (computadoras, internet, celulares) siendo el Estado el que debería proporcionarles tales elementos. Este gobierno se “olvida” de proporcionar las condiciones para la continuidad de lo que debería ser una gestión eficiente del Estado, mostrando su falta de voluntad política o, al menos, su ineptitud.

Esto no es nada menos que la prosecución, en tiempos de pandemia, de un perfilamiento del Estado burgués, que viene avanzando desde hace décadas, en la alternancia de los gobiernos de diferentes colores políticos y que necesita de la opresión de sus trabajadores para conseguir un Estado a su servicio.

El Estado provincial precariza cada vez más a sus trabajadores: contratos para monotributistas que deben ser renovados cada año, contratos basura bajo la modalidad de licitación de servicios sin ninguna relación de dependencia, tercerización en “cooperativas” de trabajadores (profesionales y no profesionales), todos con sueldos bajo la línea de pobreza, aun los salarios de los trabajadores de planta permanente. Tan avanzada es la precarización, que los trabajadores de planta permanente representan en la actualidad aproximadamente solo un 40 a 50 % de la planta total.

Así los trabajadores se ven manipulados y presionados con la amenaza de pérdida de contrato, horas extras, productividad, salarios a la baja, etc.

Con trabajadores precarizados, falta de presupuesto y leyes votadas en la Cámara de Diputados Provincial o Resoluciones Ministeriales, el gobierno se asegura el manejo del Estado en beneficio de algunos pocos. Con nueva normativa van quitando funciones a reparticiones dependientes del Poder Ejecutivo, o trasladando funciones propias de una repartición a otras más “serviciales” a los fines de los políticos de turno, perdiendo el Estado su poder de control y fiscalización, corriéndose a un lado y dando paso al gran empresariado.

Como ejemplo sirve mencionar el cambio del organismo de aplicación de la Ley de Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) en el caso de exploración y explotación de yacimientos mineros, que pasó de un ámbito acorde para su evaluación, como es la Secretaría de Estado y Desarrollo Sustentable (SEAyDS) al Ministerio de Minería, o la exención de Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA) en el caso de construcción de Hospitales, Escuelas y Viviendas por parte del Estado.

Todo lo expuesto en párrafos anteriores con el consentimiento o indiferencia de las burocracias sindicales de la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE), Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y Sindicato de Empleados Públicos (SEP).

Es en este marco que debemos analizar el mandato que Uñac hace a los trabajadores estatales mayores de 60 años y con enfermedades prevalentes, con mayor riesgo de contraer y morir por Covid-19, a volver a la presencialidad, sin protocolos, con presiones y con la búsqueda para ello de una licencia social por parte de la comunidad.

Por todo esto, no bajamos los brazos y continuamos la lucha por protocolos sanitarios controlados por los trabajadores.

Por la vacunación del total de la población mediante la expropiación del laboratorio mAbxience  y la liberación de patentes.

Por una salida de los trabajadores para enfrentar la pandemia

Por la dignificación del Trabajador Estatal y un Estado al Servicio del Pueblo Trabajador.

Por la organización independiente de los trabajadores estatales en la lucha contra el ajuste.