El viernes 21 se oficializó el “aumento” para las prestaciones en discapacidad: un 10% para las prestaciones de apoyo (psicopedagogos, terapistas ocupacionales, psicólogos, musicoterapeutas, entre otros) y un 8% para maestros integradores -los dos ítems que engloban a la gran mayoría de los trabajadores del ámbito.

Estos valores, que se facturarán recién en enero, constituyen el único aumento en todo el 2018 y el primero desde octubre de 2017, que fue del 5 al 10% según la prestación. El recorte implica una desvalorización sin parangón en el sector: una caída del salario real del 70% en el bienio 2017-2018.

En reclamo contra el miserable aumento, el colectivo Prestadores Precarizados SE se movilizará el jueves 27, a las 10h, al Directorio Único  de Prestaciones Básicas en Discapacidad, en Ramsay 2250.

El nomenclador de la vergüenza

El salario de los trabajadores de discapacidad no depende de paritarias o negociaciones colectivas, sino de resoluciones establecidas por decreto de la Secretaría de Salud (ex Ministerio) y de la Agencia Nacional de Discapacidad. Así, quienes prestan servicios terapéuticos de discapacidad en escuelas públicas y privadas, en hogares, en clínicas y centros (algunos con cientos de trabajadores) se ven forzados a facturar como monotributistas el valor fijado arbitrariamente por el gobierno.

Para peor, el nomenclador “incluye” tanto a los centros y hogares como a los prestadores de los mismos, mezclando en la misma bolsa a patrones y trabajadores. Pero con una distinción: el aumento del sector empresarial siempre es sustancialmente mayor. En esta oportunidad, entre el 20 y el 22% contra el 8-10%.

Este mecanismo, que le permite al gobierno trasladar el ajuste a los trabajadores sin mediaciones, es la clave para hacer rentable el negocio de hogares y centros que lucran con la salud y la discapacidad. El Estado interviene con su costado más descarnado, ofreciéndose como garante de una relación de dependencia encubierta, con salarios de hambre y vulnerando todos los derechos laborales.

Los centros categorizados, un debate

La particularidad de los llamados “centros categorizados” es que están habilitados para facturar un valor mayor en las integraciones escolares, contemplando servicios adicionales. Mientras que unos pocos continúan englobando a profesionales agrupados, la mayoría ha constituido empresas hechas y derechas, basadas en la precarización de los integradores y en retacear los servicios adicionales para los cuales fueron contratados.

Este negocio, en los márgenes de la legalidad, fue relegado, en el último aumento, a valores lejanos de los recibidos por el resto del sector empresarial: sólo un 11%. Este desenlace anunciado, que da cuenta de un ajuste que afecta incluso a sectores capitalistas, explica la reciente participación de algunos centros categorizados en movilizaciones y reclamos por el aumento del nomenclador. Sin embargo, la tibieza de sus planteos, ligados a la “unidad” genérica del sector de discapacidad o invocando la condición de la vicepresidenta Gabriela Michetti, contrastan con la severidad ante sus empleados.

Inmediatamente después del anuncio del “aumento”, los centros mostraron su verdadera cara: muchos ya anunciaron que, basándose en el carácter “orientativo” y no “regulativo” del nomenclador, pagarán a los integradores incluso menos que la miseria estipulada por la resolución.

Preparemos la respuesta de las y los trabajadores

La situación de los trabajadores que prestan servicios en discapacidad se ha vuelto intolerable. Urge el reclamo por un aumento mayor, además de una mejora de las condiciones laborales.

Durante todo el año, se han realizado acciones de protesta en todo el país, incrementándose durante los últimos meses al compás de la crisis económica y política.

Entre ellas, destaca la lucha de las y los psicopedagogos, en riesgo de perder su habilitación laboral. Además de las movilizaciones y presentaciones judiciales, se han realizado reuniones con el legislador del Partido Obrero-Frente de Izquierda Gabriel Solano, con vistas a elaborar una propuesta integral.

Con el anuncio del nuevo nomenclador, se impone una nueva medida que permita reagrupar a todos los trabajadores afectados, incluyendo a los transportistas enrolados en la CGT, que percibirán unos magros 20 pesos por pasajero.

Desde la Asociación de Profesionales en Lucha adherimos y convocamos a la movilización propuesta por el colectivo Prestadores Precarizados SE para el día jueves 27, para hacer valer todos estos reclamos.