La reunión encabezada este martes por Santiago Cafiero, Carla Vizzotti y Matías Kulfas con los empresarios productores de oxígeno tuvo como objetivo, según el propio sitio web del gobierno, “trabajar junto al sector privado para estructurar la demanda y generar herramientas que puedan dar respuesta a las necesidades sanitarias”. La decisión fue que se limite la exportación del gas y se destine con prioridad al sector salud.

El meollo de la cuestión está en la escasez del oxígeno y de otros elementos sanitarios esenciales en este contexto, pero también en el aumento de precios que se vio en los últimos meses. El lucro de las empresas privadas con la salud está a la orden del día, como se vio de manera nítida para el caso de las vacunas.

Oxígeno medicinal

Lo que sucede es que en el último año aumentó la demanda de oxígeno medicinal al menos un 300% en la provincia de Buenos Aires. Es una situación que se replicó en el resto del país. Desde los hospitales de la provincia hablan de un “desabastecimiento” y escasez; en pocas palabras, lo que antes entregaban las empresas ya no alcanza, lo cual es lógico cuando se tiene en cuenta el enorme aumento de casos (y de casos graves que requieren oxigenación), pero que demuestra que no se ha puesto ni un peso de inversión en las plantas para ampliar la capacidad productiva por parte de quienes hoy tienen el control del abastecimiento.

Sin embargo, hay centros de salud tanto públicos como privados que denuncian otra situación. Según su versión, en las últimas semanas hubo una fuerte suba de precios. Y no es difícil de creer porque hay un antecedente cercano: en abril de 2020, una de las principales compañías, Air Liquide, fue intimada por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y se le prohibió aumentar el precio del oxígeno líquido medicinal por 30 días, además del costo del transporte de este a Chaco y Formosa, de las cuales esta empresa es la única proveedora.

Hoy el mercado en el país está dirigido por 3 empresas: la mencionada Air Liquide, Praxair e Indura. La primera es de Estados Unidos; hace unos pocos años se fusionó con Linde, empresa alemana, conformando hoy en día el mayor grupo de gases industriales del mundo, registrando ventas por 30.000 millones de dólares al año. Su planta en Argentina se ubica en el Parque Industrial de Pilar.

Air Liquide es “menor”, se encuentra en 78 países; tiene 64.500 empleados y sucursales por todo el país, siendo la encargada de más de 3,8 millones de clientes y pacientes. Indura, por su parte, es parte del grupo estadounidense Air Product, y tiene presencia y negocios en Argentina, Chile, Ecuador, Perú, México, Colombia, EE.UU., Venezuela y Centroamérica; su planta se encuentra en el Parque Industrial en Garín, provincia de Buenos Aires.

Todas ellas estuvieron presentes en la reunión y posterior conferencia de prensa del gobierno. Dichas multinacionales cobraron protagonismo también en 2005, cuando fueron denunciadas por haber coordinado la repartición de los clientes y centros de salud de CABA y provincia de Buenos Aires, y haber acordado precios, restringiendo la participación de otras compañías a las licitaciones. Es decir que se repartieron el mercado y acuerdan las subas de precios de conjunto, mientras el gobierno solo impone la restricción en las exportaciones, una medida “correcta” pero insignificante si consideramos que todas ellas tienen negocios en muchísimos otros países. En lo concreto, están haciendo el mejor negocio posible, ya que producen a toda máquina y ganan a precios cada vez más altos a costa de la salud de la población y sin garantía de que cuando se necesite una mayor cantidad de oxígeno puedan suplir dicha demanda.

Vacunas

No es el único ámbito donde los privados hicieron negocio con la pandemia. Varias veces fue mencionado el desabastecimiento que se hizo de las prepagas bajo la excusa del coronavirus, cerrando servicios y disminuyendo la atención de otros sectores. También se vio para el caso de los medicamentos, donde en tan solo un año aumentaron más de 1.300%.

El caso más ejemplar, sin embargo, es el de las vacunas. Bajo la excusa de la escasez, el gobierno ha permitido que los laboratorios y farmacéuticas manejen las entregas y la cantidad de dosis a su merced, favoreciendo principalmente a aquellos con los que ya tenía vínculo. Sigman es uno de ellos: las versiones indican que fue la relación entre este y el exministro de Salud lo que propulsó el acuerdo con AstraZeneca por encima del resto. Recordemos que es el laboratorio con el que tiene el arreglo por mayor cantidad de dosis: 22 millones. Sin embargo, ya es conocido que solo han llegado 590 mil y que no hay fechas previstas para nuevas llegadas. La excusa de la escasez no sirve más ni para el gobierno ni para el laboratorio, ya que Estados Unidos ha salido públicamente a comentar que tienen vacunas de más (en su momento, al igual que otros países imperialistas, se abarrotó de acuerdos) y que donaría 50 millones de dosis.

La actual ministra de Salud tuvo que salir por TV a clarificar la situación, y confirmó que ya se le pagó 54 millones de dólares equivalentes al 60% del pago. Recién hoy y bajo la presión de cientos de expertos, científicos y referentes sociales es que la funcionaria pidió los “plazos de entregas” al presidente de AstraZeneca Argentina, cuando ya se sabe que han incumplido todos los cronogramas estipulados y que los requerimientos ante la emergencia sanitaria no pueden esperar. La necesidad fundamental es la de incautar las dosis que hay en la provincia de Buenos Aires y poner en marcha la producción en los laboratorios con la capacidad para ello sobre la base de la intervención y el control de los obreros y profesionales en la materia.

Incluso volvieron sobre sus pasos con respecto a la negociación del Pfizer. A finales del año pasado, las reuniones entre el gabinete y el laboratorio se cayeron por varias razones que nunca quedaron del todo claras, pero que sin dudas incluyen los términos que la firma norteamericana pedía (blindaje jurídico mayor al votado en el Congreso meses atrás) y los vínculos entre el gobierno y Sigman. Ahora retoman el dialogo con el laboratorio, que ante la improvisación del gobierno y la falta de un plan de contención de la pandemia, probablemente pidan concesiones y establezcan un contrato en condiciones aún más exorbitantes.

Centralización del sistema de salud

El planteo de la centralización del sistema de salud público, privado y de las obras sociales para optimizar los recursos no es exclusivo para los centros de salud y hospitales, sino que abarca el conjunto de los laboratorios y centros de investigación del país. Partiendo de las necesidades de la clase trabajadora y teniendo en cuenta los recursos con los que se cuentan, es menester que se ponga a disposición toda la capacidad productiva para enfrentar la pandemia.

Aunque el ministro de Desarrollo así lo afirme, hoy en día la industria no está al servicio de la salud de la población, sino al servicio de garantizarle el lucro y las ganancias al sector privado de la medicina y farmacéutica. Caso contrario se le pondría un freno a los atropellos y falta de cumplimiento en los acuerdos.

El resultado de este avance es, en los hechos, una privatización del sistema de salud producto del ajuste. La falta de una industria nacional da lugar a monopolios multinacionales, y el desfinanciamiento en ciencia y técnica genera el limitado desarrollo que hoy vemos en los distintos proyectos -como lo es, por ejemplo, el de la vacuna argentina contra el coronavirus-, favoreciendo los negociados de los Estados con los privados.