Desde el 19 de junio -cuando trascendió por fuentes oficiales que el porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva era del 57%- a la fecha los casos de coronavirus más que triplicaron el número precedente, pasando de 262 a 822. Con lo cual si se estima que un 5% de infectados necesitan terapia intensiva (aproximadamente 40 moronenses en la actualidad), esto implica que actualmente hay alrededor de un 72% de camas ocupadas, lo cual coincide con las declaraciones del intendente Lucas Ghi en Radio AM 530 (22/7). Agreguemos el hecho de que, en el distrito, gran parte de la capacidad del sistema de salud pública es de jurisdicción nacional y provincial, lo cual acentúa todavía más la incapacidad del sistema municipal para responder frente a los casos propios.

Está más que claro que la flexibilización de la cuarentena, a pedido de las patronales, llevó a un incremento de la circulación comunitaria del virus, con lo cual el tiempo de duplicación observado llegó a reducirse hasta 12 días, y recién en los últimos diez días se estabilizó en 15 días. Si el gobierno no llegara a incorporar las 40 camas UTI (Unidad de Terapia Intensiva) que anunció, la ocupación alcanzaría el 90% de seguir la misma tendencia.

Más preocupa la situación en tanto el gobierno se ha lanzado decididamente a abrir la economía. Una nueva escalada masiva de casos amenaza llevarse puesta la supuesta “intermitencia”, repetida en los discursos. Lo cierto es que el sabbatellismo, con una política de adaptación lisa y llana al peronismo, una vez más acompaña este giro abriendo hasta las loterías. La apelación de la “conciencia social” demuestra que irresponsabilidad reside en el propio gobierno.

La desidia de las clínicas privadas

En el medio hemos tenido contagios masivos como los que ocurrieron en la Clínica Agüero, de Morón sur, y de manera más reciente en la Clínica Marañón, de Castelar, con decenas de trabajadores de la salud afectados por la política austera de la patronal, sin que esto mereciera acción alguna por parte del municipio. Las denuncias de los trabajadores van desde la falta de insumos sanitarios, la negativa a implementar testeos a todo el personal y la extorsión para hacerlos seguir trabajando. No es casual que según las cifras, de público acceso, esta franja de trabajadores de la salud signifique más de un 8% de los contagiados totales del municipio.

Partiendo de esta evidencia, está claro que no se puede depender de la voluntad de los capitalistas del sector de salud para disponer de camas de terapia y proteger a quienes atienden esas camas. Desde el Partido Obrero consideramos que no hay momento más propicio que el actual para plantear la centralización de todo el sistema de salud en función de garantizar las condiciones de salubridad y de disponer de todas las camas de internación (intensivas o no).

Al mismo tiempo, para que la cuarentena sea sostenible en plena crisis social, hay que proceder al financiamiento de todas las necesidades alimentarias, sanitarias, habitacionales y sociales en general y no permitir, como lo pretenden el oficialismo y la oposición macrista, la depredación presupuestaria por el lobby de las patronales. Ser vuelve imperioso que avance el proyecto del FIT para gravar a las grandes fortunas y dirigir esos recursos a satisfacer las necesidades sanitarias y alimenticias.