Salud

29/9/2020

General Madariaga: al borde del colapso sanitario y social

Escalada de contagios y crisis social.

La ciudad gaucha, en fase epidemiológica 4, asiste por estos días a una extensísima crisis social y roza el colapso sanitario. Con más de 300 personas enfermas por Covid-19 (sólo informan 151 como enfermos activos quienes fueron efectivamente hisopados, aunque se dispone el aislamiento y diagnóstico positivo vía teléfono para los contactos estrechos), el hospital municipal atravesó dos semanas con la terapia al 100% de su capacidad (sólo siete camas de terapia intensiva, legado de las gestiones peronistas y cambiemitas).

Con el HCD, la oficina de defensa al consumidor, la secretaría de producción y dependencias del hospital cerrados; enfermeras, médicos, policías, agentes de tránsito, más de 80 municipales aislados, auxiliares de la educación, empleados de comercio, trabajadores rurales y hasta el Secretario de Coordinación Municipal, contagiados, los principales funcionarios sanitarios y municipales, con el intendente Esteban Santoro (Cambiemos) a la cabeza, también contagiado, afirman, junto a la casta gobernante de todo el país, que los contagios no se originan en los lugares de trabajo o “yendo a pescar”, sino por el contacto social, la irresponsabilidad de las personas, los chicos sin barbijo y por tomar mate.

Todo una impostura, ¿o querrá ello decir que los propios funcionarios municipales, intendente incluído, incumplieron la cuarentena? El jefe comunal sostuvo que “debemos aprender a convivir con el virus” y seguir con las actividades. Es que, como en todo el país, las necesidades económicas, acumulación de riqueza para unos y supervivencia diaria para la gran mayoría, han demostrado que la cuarentena es una entelequia. Desarrollando una flexibilización normativa y fáctica desde hace meses, los gobiernos, desde nación, hacia provincias y municipios, han optado por ceder a las demandas del empresariado, con la contraparte de no testear masivamente, no implementar verdaderos protocolos adaptados a las necesidades de los trabajadores y abandonar a millones de desocupados y precarizados a su suerte, sin ingresos suficientes, vivienda y agua potable.

Madariaga comenzó el ASPO con un Estado de sitio de hecho, prohibiendo a los ciudadanos transitar fuera del horario estipulado entre las 7:00 y las 14:00 horas, con fuertes operativos en los accesos y sin casos durante semanas. Sin embargo desde el primer día y luego aún más con la progresiva elasticidad de los controles, actividades consideradas esenciales, como el trabajo rural, y otras “no tanto”, como la limpieza, mantenimiento y construcción en las onerosas mansiones de los barrios cerrados de la vecina Pinamar, escaparon a todo tipo de protocolos de bioseguridad para las y los trabajadores, acompañados por la extorsión patronal de la posibilidad de perder la fuente de trabajo si no se concurría. Es sabido que muchos contagios se produjeron a través del ingreso desde el AMBA de los dueños de las casas de Costa Esmeralda, un exclusivo barrio burgués entre Pinamar y Mar de Ajó, y desde allí a través de las y los trabajadores se fueron esparciendo a otras localidades. La misma Patricia Villafañe, Directora del Hospital, requirió públicamente una mayor rigidez en el acceso a nuestra ciudad, a sabiendas por lo tanto que los contagios no son exclusivos por el contacto social (Pinamar Diario, 24/9).

Cuadro social

Las y los enfermeros municipales, como en todo el país, salieron a la calle el 21 pasado a exteriorizar sus reclamos A las reivindicaciones preexistentes frente a la enorme precarización del sector, como son el aumento salarial, blanqueos y reconocimientos negados, se han sumado muchas más. Quienes están todos los días al frente de la lucha contra el Covid-19 demandaron justicia por sus compañeros y compañeras fallecidas en la pandemia, y que se garantice la protección de quienes desempeñan la tarea. Siguen sin tener respuestas positivas a sus reclamos, teniendo que resignar de sus magros ingresos miles de pesos para acceder a los equipos de protección y trabajo para no enfermarse.

La falsa dicotomía capitalista para los más oprimidos en tiempos de pandemia entre salir a trabajar para comer, pero exponerse a la enfermedad (y después no poder trabajar) o no salir, pero entregarse al hambre, atraviesa a amplias capas de trabajadores que arrastran históricamente la precarización y la informalidad como característica principal de la condición laboral de clase obrera madariaguense.

Ante ello la necesidad de ayuda alimentaria por parte del Estado se ha potenciado sustancialmente. Han proliferado como nunca merenderos y comedores, la solidaridad genuina de la población y todo tipo de actividades que pretenden achicar sin éxito los enormes agujeros que expresa la crisis capitalista agravada fuertemente con la pandemia. Pero también se desarrolla como política sistemática estatal una solapada actividad de funcionarios que estimulan donaciones particulares de todo tipo para el Hospital, para los trabajadores sanitarios y para la contención alimentaria de cerca de 10 mil personas, pretendiendo ocultar concienzudamente que es el Estado el que tiene la obligación indelegable de garantizar el acceso a la alimentación. Algún desprevenido podría imaginarse un Estado en quiebra. Pero la única quiebra es la que se descarga sobre los trabajadores y sectores populares quienes rascan de donde pueden para seguir sobreviviendo. Ilustrativo de ello son las largas filas de trabajadores y desocupados que se aprestan a la espera de una flaca bolsa de seis productos mensuales en algunos casos en las puertas del galpón de Desarrollo Social o en las escuelas cuando arriban los bolsones del Servicio Alimentario Escolar.

Como si no bastara desocupados nos han manifEstado que “si querés un par de productos más la municipalidad te ofrece barrer algún lugar cada quince días”. Este hecho por sí mismo muestra a las claras la descomposición de un sistema que no se tolera más. En este cuadro ni el gobierno, ni la oposición pejotista han impulsado ningún tipo de norma extraordinaria (Cambiemos cuenta con mayoría automática en el HCD) que grave a los sectores concentrados de la economía para obtener recursos para el colapsado sistema sanitario y la ayuda social. Mientras la carestía crece día a día, se ha ajustado nuevamente a los trabajadores municipales con una paritaria brutalmente a la baja, a la vez que se desarrollan actividades nada esenciales de mejoras cosméticas sobre espacios públicos, el gobierno municipal sigue con su política de subsidios al empresariado. Muestra de ello es la inversión de más de 50 millones de pesos para el Sector Industrial Planificado, una suerte de parque industrial estatal que se destina a la instalación e inversión de empresas, con exenciones de impuestos, acceso a todo tipo de servicios sin haber colocado un solo peso y sin ningún tipo de control sobre las condiciones salariales y laborales de los que allí irán a trabajar. Una ciudad a medida de los patrones.

Los trabajadores y sectores populares de cada rincón del país necesitamos un plan integral para enfrentar la crisis y la pandemia que tenga un primer paso con el rechazo a todo pago de deuda externa e intereses, la aprobación de un impuesto a las grandes fortunas y la centralización del sistema sanitario. Con nuestro proyecto se podrían recaudar entre 15.000 y 20.000 millones de dólares –diez veces más que el proyecto oficial. Y los fondos serían puestos bajo control de los trabajadores (de la salud, de universidades, la Afip y el Instituto de la Vivienda) para garantizar que sean asignados al sistema sanitario, a un salario mínimo de cuarentena de 30.000 pesos y a la primera etapa de un plan de construcción de 100.000 viviendas por año; es decir, apunta a atacar efectivamente las causas sociales de la grave crisis sanitaria en curso.